Si la Corte de Apelaciones de Punta Arenas resuelve a favor de la fiscalía, ésta podrá acusar al legislador y llevarlo a juicio en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.
SANTIAGO.- Pasadas las 09:10 horas de este lunes comenzó en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas la audiencia por el desafuero del senador independiente Carlos Bianchi, luego de la solicitud del fiscal Juan Agustín Meléndez, por presunto fraude al fisco y negociación incompatible en la que habría incurrido el legislador.
En la antesala de esta audiencia, el secretario de la Cámara Alta, Mario Labbé, entregó una segunda versión definitiva respecto del fundamento que originó el caso: el arriendo de una sede parlamentaria por parte de Bianchi a un familiar, y a un costo que la fiscalía ha fundamentado excesivo, según informó "El Mercurio".
Por este concepto se habría provocado un perjuicio al fisco superior a los 45 millones de pesos, según se dijo en la audiencia de formalización de Bianchi, el pasado 10 de marzo.
En un primer oficio, solicitado por el parlamentario al Senado el 16 de marzo de 2015 como parte de su estrategia de defensa, Labbé respondió que los recursos son de libre disposición en el ítem arriendo y que no existen restricciones respecto de realizar contratos con parientes.
Sin embargo, el fiscal solicitó posteriormente a Labbé declarar en la causa en calidad de testigo. En esta segunda instancia, que consta en la carpeta investigativa, a la que tuvo acceso el periódico, la versión de Labbé es definitiva. En ella, señala que las disposiciones internas no pueden pasar a llevar lo que dicta el artículo 240 del Código Penal, en orden a la defraudación en contra del fisco en la que incurriere un empleado público.
Una de las consultas a Labbé apunta a dilucidar si la norma del Código Penal está incorporada en el reglamento interno del Senado. Al respecto, contestó que "no incluyen expresamente las normas del Código Penal, por cuanto la legislación nacional, tanto en materia civil como penal, se presume conocida de todos y su cumplimiento es obligatorio para todos".
Además, clarifica que si bien en el primer oficio de respuesta solicitado por Bianchi le señaló -ante la consulta de si hay prohibición del Senado para arrendar a familiares- que no hay tal impedimento en la norma, en la declaración judicial explicó que así como no prohíbe, tampoco la norma interna lo permite.
Este caso surgió en 2012, tras la denuncia realizada por el entonces diputado por Magallanes Miodrag Marinovic, quien acusó a Bianchi de irregularidades por el arriendo a un precio sobrevalorado de un inmueble a su suegra, lugar que luego habría destinado como oficina parlamentaria entre 2006 y 2009, durante su primer período como senador.
Después del resultado de hoy, la fiscalía podrá acusar a Bianchi y llevarlo a juicio, donde también actúa como parte querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Si no se hace lugar a la formación de causa, es decir, no prospera el desafuero, el fiscal igual puede acusar, pero el caso podría ser sobreseído. Sin embargo, independiente del resultado, las partes podrían recurrir, en última instancia, a la Corte Suprema.
A través de su cuenta en Twitter, el Poder Judicial confirmó ayer la transmisión online de la audiencia de hoy. Se trata de la primera vez que el canal judicial transmitirá este tipo de diligencias desde regiones.
