"Un juez tiene que resolver sobre la base del mérito de la causa, los hechos y la ley, y no tomar en cuenta la expectativa pública respecto de ella", afirmó Jorge Bofill.
SANTIAGO.- El abogado Jorge Bofill, quien tiene a su cargo la defensa de tres imputados en el caso Penta, criticó la actuación del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, a horas de que el magistrado Juan Manuel Escobar dicte resolución sobre las medidas cautelares luego de tres días de audiencias.
El profesional, quien representa al ex senador Carlos Bombal, a Samuel Irarrázaval y a Manuel Antonio Tocornal, consideró que el titular del Ministerio Público "está poniendo presión indebida" sobre el juez.
"La intervención que realizó el Fiscal Nacoinal en la que sostuvo que se debe enviar una señal respecto de la persecución penal de delitos en los cuales están involucradas personas con poder económico, o que hay que considerar el entorno social para los efectos que rodean la persecución penal, son aseveraciones que, en mi opinión, se alejan completamente del encargo constitucional y legal" del Ministerio Público, aseveró, en una entrevista concedida al canal CNN Chile.
"Un juez tiene que resolver sobre la base del mérito de la causa, los hechos y la ley. No puede, por definición, tomar en cuenta la expectativa pública respecto de esta causa", agregó. "Cuando el Fiscal así lo argumenta, está poniendo una presión indebida sobre el juez".
Esperada resolución
Este sábado, el magistrado Escobar debería dictar resolución de primera instancia en torno a las medidas cautelares en el caso, las que podrían ser apeladas tanto por las defensas como por los querellantes o los fiscales.
La determinación será aplicable sobre Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo; el ex subsecretario Pablo Wagner; Iván Álvarez, Juan Martínez,
Hugo Bravo, Marcos Castro, Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval.
Sobre los cinco primeros, los fiscales y el Servicio de Impuestos Internos (SII) solicitan la medida de prisión preventiva. En cuanto a Bravo, Castro y Torcornal, la solicitud es de arresto domiciliario, y en el caso de los restantes solicitaron arraigo y firma semanal.
En el caso del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la petición es de prisión preventiva para todos los imputados que habían sido querellados por ese organismo (excluidos Bombal, Tocornal e Irarrázaval).
Tras las formalizaciones, el escenario más probable es que el caso pase a juicio oral, y la presencia de otras aristas, como la de SQM, alargarían el plazo de investigación sobre seis meses.
En relación con este punto se centra el futuro del actual Fiscal Nacional en la causa, pues debe dejar su cargo en nueve meses más.
