Ernesto Silva coincidió en la necesidad de avanzar hacia una normativa "que sancione estrictamente cualquier enriquecimiento personal basado en influencia o cercanía al poder".
SANTIAGO.- En medio del debate en torno al financiamiento de la política en Chile, marcado por recientes procesos judiciales, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, señaló que esa colectividad contribuirá "con sus ideas y propuestas" a la elaboración de un marco normativo que regule estos aspectos.
"La Presidenta de la República ha hecho una convocatoria al país para avanzar a una nueva institucionalidad que regule la relación entre dinero y política, dineros que sean públicos o privados. La comisión política de la UDI ha debatido en profundidad sobre este tema y ha acogido el llamado de la Presidenta", declaró el directivo opositor.
En este plano, añadió, esa colectividad opositora "pone a disposición sus ideas y propuestas para avanzar hacia una nueva institucionalidad".
El timonel gremialista se refirió al tema luego de una reunión de la comisión politica de ese partido realizada este lunes.
Silva consideró imprescindible "regular el marco de las campañas y del financiamiento de los partidos políticos y avanzar hacia una regulación que sancione estrictamente cualquier enriquecimiento personal basado en influencia o cercanía al poder", añadió.
Del mismo modo, señaló que la UDI considera necesario avanzar hacia el establecimiento "de una superintendencia o un servicio electoral fortalecido" que permita "fiscalizar los gastos reales de campaña, en los períodos de campaña".
"La UDI estima que el país está viviendo un momento especial en el que se requiere fortalecer y renovar la confianza en las instituciones y el sistema político. Eso se requiere hacer con liderazgo y decisión", puntualizó Silva.
Este lunes, el Gobierno había anunciado la creación de un consejo asesor que colaborará en la elaboración de un proyecto de ley que regule de manera más eficaz la relación entre la política y los negocios.
Dicha instancia deberá generar una propuesta de "nueva institucionalidad" que incluya las modificaciones legales y políticas que permitan una mejor fiscalización en esta área y que promuevan mayor transparencia.
La discusión en torno a este tema se agudizó en medio de los crecientes cuestionamientos públicos en relación con los casos Caval y Penta, actualmente sometidos a investigación por el Ministerio Público.
