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U. Arcis arremete contra estudiantes que lideraron protestas por crisis del plantel

Desde la institución aseguran que "no hay listas negras", pero los aludidos hablan de "persecución política" por las manifestaciones, tras ser citados al Tribunal Universitario de la institución.

por:  Por Fabiola Cadenasso, Emol
martes, 27 de enero de 2015

SANTIAGO.- Son poco más de 500 los estudiantes que quedan en la Universidad Arcis y hoy dos de ellos son acusados por el Tribunal Universitario de haber infringido la normativa de la institución. ¿Qué hicieron? Manifestarse por la profunda crisis de la casa estudios exigiendo respuestas a las autoridades.

Esa es la versión de uno de los alumnos del plantel, Manuel Erazo, quien lideró el movimiento interno con protestas y marchas hasta el Ministerio de Educación. Incluso irrumpiendo en la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados que buscaba determinar las irregularidades que llevaron a la institución al estado actual: Sueldos y cotizaciones impagas, clases desiertas, falta de profesores y funcionarios, éxodo de estudiantes y una matrícula bajísima para el 2015.

"Esto es persecución política". Esa es la primera impresión que tiene el estudiante de la carrera de Antropología frente a la forma como se le acusa y se le cita al organismo interno. "Supuestamente existen dos denuncias. La primera por una supuesta amenaza a un funcionario, que nadie conoce. Se dice que lo amenacé en un espacio en la universidad y hay dos testigos, uno es un profesor y el otro está protegido. Ahi se empieza a ver lo extraño de todo esto, con personas protegidas", cuenta.

La segunda falta, dice relación con un intento de toma de una oficina administrativa, "donde según las declaraciones, sólo se logra individualizarme a mí".

La situación es similar para el estudiante de Ciencias Políticas, Carlos Sánchez, quien asegura que se le culpa "por haber instado a la violencia contra la rectora de la institución Elisa Neumann o haber abierto la reja de la calle Libertad, que la cerraron con soldadura y yo encabecé el movimiento que terminó por abrirla".

"Yo había sido advertido antes de que esto iba a ocurrir, que nos iban a someter al tribunal a varios", agrega.

Desde la casa de estudios, el secretario general Mauro Salazar afirma que el proceso "será asumido cautelando todos los derechos que asisten a los estudiantes de Arcis, muchos de ellos -quizás la mayoría- se expresaron por vías pacificas y democráticas, y ello no constituye en ningún caso figuras punibles, sino que forma parte del juego democrático".

Sin embargo, afirma que "hay situaciones que son un tanto más complejas, pero que igualmente serán respaldadas con todos los procedimientos, y derechos que asisten a los estudiantes", porque dice que "en una universidad que se fundó en valores libertarios no hay lugar para ´listas negras´".

Las palabras de la autoridad del plantel no dejan contento a los estudiantes. Para Erazo la postura de Salazar "siempre ha sido ambigua". Ello motivó a que Sánchez ni siquiera asistiera ante el tribunal.

"Decidí no presentarme ni reconocer autoridad alguna en un juicio imparcial, de forma y fondo. De acuerdo al reglamento, si yo no me presentó, ellos están facultados de acusarme de lo que quieran, yo tendría que aceptar o apelar al directorio, que son los mismos que me juzgan, por lo que si ratifica el fallo, el secretario general toma la sentencia definitiva", explica.

La situación para Erazo es más compleja. Pidió por segunda vez el crédito con aval del Estado y dada la imposibilidad de solicitarlo por tercera vez y por ende, costear su carrera, no tiene opción que presentar su defensa.

La medida más fuerte que podría pesar contra Erazo es la expulsión. Sin embargo, Salazar aclara que "para configurar la figura de expulsión tiene que haber delito, fehacientemente probado. Entendemos como dirección que el origen de esto tiene que ver con una crisis financiera que golpea en lo institucional y en una prestación de servicios que tuvo lagunas y lapsus y los estudiantes se alzaron contra esto".

Nuevamente Erazo pone en duda las declaraciones del secretario general, ya que asegura que "no otorgan ninguna garantía. Aquí ya ha habido despidos injustificados y profesores expulsados", comenta, por lo que su futuro aún es incierto.

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