"Tengo la convicción de no haber cometido delito alguno y no haber realizado ningún acto que merezca reproche", dijo Marisol Martínez.
SANTIAGO.- "Con mucha tristeza, he decidido renunciar en espera de que el Ministerio Público resuelva la investigación".
Con estas palabras, la gobernadora de Aysén, Marisol Martínez, comunicó su salida de la institución, un día después de que la fiscalía local informara sobre el inicio de una investigación en su contra por presunta malversación de fondos municipales.
Leyendo una declaración pública, la ahora ex autoridad se refirió a su decisión de renunciar, asegurando tener "la convicción de no haber cometido delito alguno y no haber realizado ningún acto que merezca reproche".
El Ministerio Público indaga la ejecución de dos proyectos ejecutados por la Municipalidad de Aysén durante los años 2009 y 2010 cuando Martínez era alcaldesa. Se trata de la construcción de 104 viviendas sociales del comité "Golpeando puertas para un futuro hogar" y otro de urbanización del mismo loteo.
Según explicó el fiscal jefe, Luis Contreras, "el primero de estos proyectos contemplaba la urbanización de las viviendas, como asimismo movimientos de tierra para efectuar relleno del terreno y estabilización del mismo".
Sin embargo, en paralelo, añadió el fiscal, el 26 de noviembre de 2009, el municipio postuló a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) un proyecto en el cual se requirieron fondos por $179 millones para financiar obras de agua potable, alcantarillado, aguas servidas, pavimentación y aguas lluvia, "pero en realidad estos fondos fueron solicitados para destinarlos a relleno de terreno y esas partidas ya estaban contempladas en el contrato anterior".
Por estos hechos, la Fiscalía de Aysén investiga tres tipos de delitos distintos, los cuales fueron calificados como fraude al fisco, aplicación pública diferente y falsificación ideológica de un documento público, en específico de un oficio de la alcaldía.
Además de la ahora ex gobernadora Marisol Martínez, también fueron formalizados Felipe Marín, inspector de la ejecución del contrato y director de obras subrogante del municipio en esa época y José Miguel Haefele, contratista de una empresa constructora.
"He obrado durante toda mi vida apegada irrestrictamente al principio de probidad y por el bien de las familias más humildes y de mayor necesidad de esta región", afirmó ña renunciada autoridad.
El plazo para el término de la investigación fue fijado en 6 meses, al término de la cual se evaluarán los escenarios judiciales que correspondan, conforme a los antecedentes recopilados en base a las diligencias policiales, las cuales están aún en desarrollo.
