Piden plazos "realistas" para que los estudiantes puedan egresar de las carreras y advierten que si se imponen condiciones a la gratuidad dejaría de ser un derecho y seguiría operando como una beca.
SANTIAGO.- Aunque admiten que es necesario establecer algún tipo de regulación a la gratuidad universitaria, los dirigentes estudiantiles se mostraron contrarios a los requisitos que impondría el Gobierno para acceder a ese beneficio.
El proyecto que elabora el Ejecutivo contempla otorgar la gratuidad sólo por la duración formal de la carrera más un año de gracia, y establecer un límite de cursos que se pueden reprobar. Quienes se retrasen, podrán acceder a un crédito para continuar con sus estudios, según publica La Tercera.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh), Valentina Saavedra, afirma que el plazo que propone el Ejecutivo para otorgar la gratuidad es "arbitrario" y poco realista, pues en Chile el promedio de años que los estudiantes tardan en egresar es mucho mayor.
"Uno puede discutir que no haya un exceso de años de estudio, pero basta ver el promedio de años de egreso de las carreras para darse cuenta que es muy difícil no reprobar ramos, y en ese sentido me parece que es muy desapegado a la realidad, sobre todo si la gratuidad va a comenzar en aquellos sectores que tienen más dificultades económicas, lo que también repercute en sus estudios", afirma.
Al respecto, enfatiza que muchos jóvenes se ven obligados a trabajar para costear los gastos de la universidad –además del arancel–, como materiales, alimentación, transporte y vivienda, lo que podría influir en que terminen la carrera en más tiempo que el estipulado, "y no puede ser que eso signifique que en los últimos años van a tener que estar pidiendo un crédito".
Derechos no tienen condiciones
Advierte además que, al imponer requisitos a la gratuidad –como límite de años y cantidad de ramos que se permite reprobar– ésta se asemeja más a una beca, la cual que se puede perder, más que a un derecho, como exigen los estudiantes. "El problema es que la gratuidad empezaría a funcionar igual que una beca, que uno puede perder en algún momento, y cuando se puede perder deja de ser un derecho, porque no está garantizado, sino que está condicionado", subraya.
Añade que "lo que se estaría haciendo sería ampliar las becas y nosotros no estamos pidiendo más becas, estamos pidiendo gratuidad en la educación y eso significa que no haya discriminación económica ni académica para garantizar un derecho, y que el Estado lo garantice a todos los sectores y sin condiciones".
La dirigenta plantea que, antes de establecer cualquier tipo de plazo, se considere la duración real de las carreras universitarias. "Yo entiendo que el Gobierno se ponga como objetivo no entregar una garantía infinitita, pero por lo menos evaluemos cuál es el promedio de años de egreso de cada carrera y luego discutamos cuántos años va a ser (la gratuidad). En primera instancia se puede discutir que sea limitado, pero ese límite tiene que ser realista", afirma.
Saavedra también se mostró partidaria de que el Estado financie la gratuidad en aquellas instituciones que se rijan bajo ciertos criterios o principios, como que "apuesten a ser democráticas, pluralistas, que sean de calidad y que cumplan un rol importante hacia el país".
En la misma línea, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, sostuvo que "ponerle plazos, límites o recortes por resultado académico (a la gratuidad), es condicionarla hacia la meritocracia y no entenderla como un derecho social". "La gratuidad universal no tiene que ver con años de gracia, sino con concebir la educación como un derecho", sostiene.
Por eso es partidario de que se tomen en cuenta los años que un estudiante normal se demora en terminan una carrera, considerando diversas variables. "No puede ser que un estudiante esté diez años tratando de sacar una carrera, simplemente pedimos que se consideren plazos humanamente razonables", afirma.
