Decidió continuar como jefe metropolitano en la Fiscalía Centro Norte, la jurisdicción donde más casos vinculados a la política se tramitan.
SANTIAGO.- Aunque era visto como el "candidato natural" para suceder al fiscal nacional, Sabas Chahuán, el jefe metropolitano Centro Norte, Andrés Montes anunció que no postulará al cargo.
"Estoy en la mitad de mi período, me quedan todavía cuatro años y creo que es relevante terminar la tarea que empecé y los desafíos que hay en mi fiscalía. Mis motivaciones e intereses están acá, en seguir dirigiendo investigaciones y tengo importantes desafíos que cumplir en mi fiscalía", aseguró Montes a El Mercurio.
El persecutor desestimó que en su decisión influyeran eventuales críticas o una incompatibilidad entre el cargo y el hecho que su padre, Carlos Montes, sea senador. "No fue un factor relevante, porque existen los mecanismos en nuestra legislación para enfrentar ese tipo de situaciones", indicó.
Respecto a las características de quien asuma como fiscal nacional, Montes se limitó a señalar que "es importante que exista continuidad, en orden a tomar las cosas buenas que hemos establecido como institución durante estos 15 años y que se potencien en el próximo período".
A su juicio, "urge mejorar la forma de coordinación con las policías", por lo que es partidario de que los fiscales y las policías tengan metas comunes, "ya que es fundamental para que el sistema funcione".
En ese sentido, considera que "muchas veces no hemos superado el paradigma del caso policialmente resuelto versus el caso judicialmente resuelto, y ahí estamos al debe. Lo que tenemos que entender es que el caso se resuelve de una sola forma. La investigación tiene que recopilar pruebas, determinar si hubo delito y señalar quién fue el responsable. Sin eso, no tenemos caso y eso es igual para las policías y el Ministerio Público".
Respecto a cómo cree que se aborda actualmente el tema de la seguridad pública en el país, Montes estima que hay que revisar cómo están funcionando las instituciones, porque "tenemos defectos legislativos, como un Código Penal del siglo XIX, y tenemos políticas públicas que no han funcionado en algunos temas", como en el ámbito de responsabilidad penal adolescente y las drogas.
"Si el objetivo de la Ley 20.000 era evitar que aumentara el tráfico de drogas y controlar la venta de drogas, eso no se ha cumplido. Estamos en una situación peor que la que teníamos hace 10 años, tenemos más puntos de venta en la Región Metropolitana y lo peor de todo es que el tráfico ha pasado a ser un factor decisivo a la hora de incrementar la violencia que existe especialmente en los sectores populares", sostiene.
El fiscal estima que la solución a estos problemas debe ser integral, ya que "hay muchos factores que inciden en la delincuencia y que no siempre son considerados adecuadamente a la hora de definir las políticas públicas y la legislación en materia de seguridad pública".
Agrega que "de una vez por todas Chile debe dar un paso importante en orden a tener una política de Estado en materia de seguridad pública que trascienda los gobiernos y que sea permanente en el tiempo".
