Especialistas de la consultora BDO señalan que las opciones de venta y arriendo de establecimientos que contempla el proyecto de ley son poco rentables y aseguran que el ejecutivo se decide por la adquisición, "la pérdida futura en mantención será altísima".
SANTIAGO.- Más de 2 mil millones de dólares es lo que debería gastar el Estado en comprar colegios particulares subvencionados, según un estudio realizado por la consultora BDO, especialista en análisis inmobiliario de colegios y universidades.
Según informa hoy “El Mercurio”, el análisis de la entidad arrojó que considerando un colegio promedio, de 330 alumnos, con costos de edificación 15 UF por metro cuadrado y un valor de terreno de 1,5 UF por metro cuadrado , adquirir el 80% de los colegios subvencionados costaría US$ 2.100 millones.
De acuerdo a la publicación, la cifra similar a la que ha comentado el ministro Nicolás Eyzaguirre, pero en la entidad advierten que el Estado “no va a ser capaz de reguilar todos los aspectos”.
Emilio Venegas y Nicolás Herrera, del Área de Finanzas Corporativas y de Real Estate de BDO, respectivamente, añaden que la solución para asegurar el fin del lucro puede ser más simple: "Pídele a un tercero, pero que por favor sea certificado e inscrito en la Superintendencia de Valores, que te certifique que el contrato de arriendo sea a precio justo".
La consultora estudió los efectos del proyecto de ley, incluyendo la opción de arriendos que rechazó la Cámara de Diputados y que el Gobierno anunció que repondrá en el Senado.
En ese sentido, aunque afirman que arrendar es la opción más "eficiente" para las corporaciones que tienen como fin principal la educación, advierten que determinar que su valor no debe exceder el 11% del avalúo fiscal es "pésimo".
"Si yo tengo un colegio y lo arriendo a tarifa de mercado, con esto (el proyecto) me conviene cerrar ese colegio y vender el terreno a tarifas de mercado más que arrendarlo como el proyecto contempla", afirma Venegas.
Sin entrar en opiniones respecto de la necesidad de acabar o no con el lucro, él y Nicolás Herrera (del Área Real Estate de BDO) coinciden en que la fórmula planteada es poco viable.
"El Estado no es un actor inmobiliario y pierde eficiencia si se dedica a eso. Si el día de mañana la ley se promulga y se establece que la opción es no arrendar (como está hoy), el Estado debiese comprar y la condición de mercado que se ofrece es 1,8 veces el avalúo fiscal. Si el Estado se hace de estos colegios, la pérdida futura en términos de la mantención va a ser altísima y el costo-beneficio para los alumnos no va a ser educación de calidad, sino que una pérdida de eficiencia", enfatiza Herrera.
