SANTIAGO.-  Cumpliendo una condena con el beneficio de la libertad condicional se encontraba Jorge Linco Robles (35) el pasado 17 de julio pasado, cuando según su confesión, participó en el atraco a un camión de valores de la empresa Brink’s, que dejó $266 millones en pérdidas para la empresa, en La Florida.
 
Así lo señaló esta tarde el fiscal del caso, Jorge Martínez, quien formalizó a Linco y a su cómplice, Cristián Hidalgo Riquelme (36), por los delitos de robo calificado y receptación, en el Centro de Justicia.
 
En su alocución, el persecutor sostuvo que al momento del atraco, Linco cumplía una condena por siete delitos de robo cometidos en Rancagua durante el año 2013.
 
Martínez agregó que fue el mismo imputado quien ese día, además, disparó contra el vigilante Juan Bustos, el que resultó con una fractura grave en su pierna izquierda, lo que hasta hoy lo mantiene usando muletas.
 
El fiscal sostuvo que ambos detenidos fueron reconocidos en fotografías por los vigilantes afectados, los que además colaboraron entregando antecedentes para realizar retratos hablados de sus atacantes.
 
Durante la audiencia, el persecutor leyó la declaración de Jorge Linco, quien entregó detalles de su participación, pero no de los otros dos sujetos que también participaron en el atraco, debiddo a que "corre peligro mi familia y yo también".
 
El imputado –que fue deportado desde España y Noruega por diversos delitos- dijo también en su declaración que se compró una motocicleta, pero el fiscal reveló que junto a un vecino que habría actuado como "palo blanco", adquirió una camioneta comprada al contado por más de 10 millones de pesos, y que el vehículo menor era un regalo por la compra.
 
Lo mismo hizo Cristián Hidalgo –con antecedentes por homicidio- el que habría usado a su padre para comprar al contado una camioneta Mitsubishi Katana. Además se le investiga la adquisición de una casa por parte de una tía.
 
Tras su alocución, el fiscal Martínez pidió la prisión preventiva para ambos imputados y dijo que arriesgaban entre 10 y 20 años de presidio efectivo.
 
Por su parte, los defensores no se opusieron a la solicitud, debido a que según dijeron "no tenían antecedentes para modificar lo dicho por el Ministerio Público".
 
Así, el juez Marcelo Rojas –que decidió que no se mostaran los rostros de los detenidos y exigió que los equipos de prensa se identificaran con nombre y RUT ante un eventual desacato- accedió a la solicitud del fiscal Martínez y dio un plazo de 120 días para la investigación.