La iniciativa del Gobierno para afrontar los casos de universidades en riesgo de cierre deberá pasar ahora a Comisión Mixta, luego de que la Cámara no aprobara una de las modificaciones introducidas por el Senado.
SANTIAGO.- Pese a que traía un informe favorable de la Comisión de Educación, el proyecto de ley del Ejecutivo que crea la figura del administrador provisional y de cierre de las instituciones de educación superior no pudo ser despachado este martes por la Cámara de Diputados, debido a que los parlamentarios no aprobaron uno de sus artículos.
La iniciativa –que se encuentra en tercer trámite legislativo– había sido aprobada en primera instancia por la Cámara de Diputados y luego el Senado le introdujo una serie de modificaciones, que debían ser aprobadas por la Cámara para que se convirtiera en ley.
Sin embargo, una de las modificaciones del Senado no alcanzó el quórum necesario para su aprobación (requería 66 y obtuvo 64), por lo que ahora la iniciativa deberá pasar a una Comisión Mixta, que deberá resolver las diferencias entre ambas cámaras. Tras esto, nuevamente deberá ser votada por el Senado y la Cámara de Diputados.
El artículo que no se aprobó es la incorporación de un recurso judicial que pueden presentar las instituciones de educación superior que se vean afectadas por el nombramiento del administrador provisional.
Los parlamentarios de la Cámara que integrarán la Comisión Mixta son los diputados Mario Venegas (DC) –quien preside la Comisión de Educación–, Cristina Girardi (PPD), Fidel Espinoza (PS), Jaime Bellolio (UDI) y Germán Becker (RN). Se espera que se constituya a la brevedad, ya que el proyecto cuenta con suma urgencia.
El proyecto de ley –el primero de Educación que ingresó al Congreso– establece que se nombrará un administrador provisional y un administrador de cierre para que intervengan las instituciones de educación superior –universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica– que incurran en graves faltas financieras, administrativas o académicas, con el fin de garantizar la continuidad de estudios de los alumnos.
La medida busca, en primera instancia, que el administrador provisional subsane las falencias detectadas en esas instituciones con el fin de evitar su cierre. Sin embargo, si éstas no se logran superar y se decreta la revocación del reconocimiento oficial, se nombrará un administrador de cierre, que deberá velar por la continuidad de estudios de los alumnos, a través de la titulación o reubicación.
Plazo del administrador y contratos, los cambios que tuvo el proyecto
Durante la tramitación del proyecto en el Congreso se le introdujeron varias modificaciones. Entre las principales se cuenta que se eliminó la facultad del administrador para que pudiera intervenir contratos privados vigentes y disponer de bienes de propiedad de terceros. Esto luego de las duras críticas formuladas por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que acusó problemas constitucionales con esa normativa.
También se precisó que el administrador provisional se puede nombrar sólo en las instituciones autónomas y no en aquellas que estén en proceso de licenciamiento; se elevaron las exigencias de idoneidad de quien ejerza como administrador provisional; y se redujo –de dos a un año– el plazo en que ejercerá el administrador provisional.
Junto a esto, también se dio la posibilidad de que los alumnos puedan ser reubicados en instituciones que no pertenezcan al Consejo de Rectores, pero siempre que tengan al menos 3 años de acreditación. También se precisó que el título del alumno reubicado se otorgue siempre a nombre de la institución que es objeto de cierre.
Pese a las modificaciones que se le introdujeron, durante el debate en la sala de la Cámara, los diputados de la Alianza criticaron el proyecto de ley, calificándolo con un "parche". La diputada María José Hoffmann (UDI) sostuvo que el proyecto "no resuelve los problemas de la educación superior” y acusó al Ministerio de Educación de "despreciar" a la Cámara, al preferir realizar los cambios en el Senado.
En tanto, Romilio Gutiérrez (UDI), valoró que se reduzca a un año el plazo para que el administrador provisional pueda ejercer, aunque lamentó que en caso de cierre los estudiantes reciban el título de la universidad cuestionada, señalando que los alumnos sufrirán un "castigo social" y tendrán dificultades a la hora de encontrar trabajo.
Por su parte, la diputada Cristina Girardi (PPD) destacó que este proyecto de ley es "urgente" debido a la gran cantidad de universidades que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio de Educación.
