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Censistas mal capacitados y tasa récord de omisión revela auditoría al Censo 2012

En algunas regiones la población que no fue censada llegó al 15% y la mayor omisión estuvo en hombres. "No podemos recomendar estos datos para su utilización en política pública", sentenció la directora del INE.

por:  Emol
martes, 23 de septiembre de 2014

SANTIAGO.- Una tasa histórica de omisión en la población censada, censistas sin la instrucción adecuada y viviendas que fueron declaradas desocupadas cuando no lo estaban, son algunas de las lapidarias conclusiones que arrojó la auditoría interna realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a la base de datos del Censo 2012.

Según el informe, la población que no fue censada en el país llegó a 9,6%, equivalente a 1.700.000 personas. "Nunca antes en la historia estadística de Chile habíamos tenido esos niveles de omisión", afirmó la directora del INE, Ximena Clark, quien dio a conocer el resultado de la auditoría técnica.

Pero no sólo eso, sino que además se detectó una gran diferencia en los niveles de omisión entre las distintas regiones y comunas. Así, mientras en el Maule y Biobío la población no censada fue de 7,6%, en la Región de Antofagasta llegó al 15%. "Esto es problemático, porque no sólo dejó de censarse población en todo el país, sino que hay mucha diferencia entre regiones y entre comunas", apuntó Clark.

La auditoría también arrojó que hubo mayor omisión al censar hombres que mujeres. Esto ya que el Censo 2012 fijó la tasa de masculinidad en 95 (es decir, 95 hombres por cada 100 mujeres), cifra que no sería consistente con los resultados de los dos censos anteriores, donde la tasa era mayor.

La directora del INE detalló que "el problema de tener esta caída brusca en el índice de masculinidad es que no podemos saber, de acuerdo a la información levantada en 2012, la cantidad exacta de hombre y mujeres que hay en Chile".

Viviendas "desocupadas" donde sí vivía gente

El estudio también detectó varias situaciones que apuntarían a una deficiente capacitación de los censistas que participaron en el proceso. Una de éstas es que los censistas no encuestaron a todas las personas de las viviendas que censaron, ya que, del total de personas que no se censaron en el país, la mayoría vivía en casas que sí fueron visitadas.

"Una de las hipótesis que elaboramos tiene que ver con la capacitación que se dio a los censistas, porque no es lo mismo llegar a una casa y preguntar 'cuántas personas residen habitualmente' versus preguntar 'cuántas personas hay o están en la casa'", explicó Clark.

Otra situación que se detectó es que hubo casas que se declararon como "desocupadas" cuando no lo estaban, sino que eran viviendas "con moradores ausentes" y lo que correspondía en esos casos era que los censistas regresaran, lo que no ocurrió.

"El porcentaje de viviendas desocupadas aumenta considerablemente respecto de los censos anteriores (…) y la hipótesis es que hubo problemas en las instrucciones que se dieron a los censistas, en donde algunas viviendas que realmente estaban ocupadas, pero sus moradores no estaban en ese momento, pasaron a ser clasificadas como viviendas desocupadas", señaló Clark.

Explicó que esto pudo haber ocurrido porque en la práctica "es más fácil" declarar una vivienda como desocupada, ya que "cuando una vivienda está habitada, pero las personas no están, el censista tiene volver, y cuando la vivienda está desocupada ya no hay que volver, solamente se identifica como desocupada".

Además de la mala instrucción a los censistas, dijo que también influyó en este fenómeno "el atrasado del levantamiento en terreno (de los datos del Censo), que hizo que la idea de volver a viviendas para indagar si realmente tenían moradores se desechó".

En base a todos estos antecedentes, la directora del INE fue enfática en señalar que "no podemos recomendar estos datos para su utilización en política pública".

De hecho, a principios de mes el INE dio a conocer sus proyecciones de población para esta década –elaboradas en base al Censo 2002 y estadísticas de nacimientos y defunciones–, que se considerarán como las cifras oficiales para la realización de políticas públicas en el país hasta que se realice el próximo censo abreviado, en el año 2017.

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