Se trata de ex policías de la Bicrim de San Ramón, quienes son indagados por la Fiscalía Sur tras una denuncia recibida por la Dirección General de la institución por hechos ocurridos en 2012.
SANTIAGO.- Durante la tarde del jueves 18 de septiembre y en la sala contigua donde el tribunal controlaba la detención de los tres jóvenes capturados por su presunta participación en los ataques terroristas registrados en Santiago, el fiscal de la zona Sur, Víctor Venegas, formalizaba a cinco funcionarios de la Bicrim de la PDI de San Ramón.
Ello, luego que la tarde del martes se despachara una orden de detención en contra de los detectives, a quienes el Ministerio Público sindicó como responsables de los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y confección de partes falsos, específicamente por hechos ocurridos durante el año 2012.
Fuentes policiales detallaron a Emol que los imputados fueron aprehendidos durante la tarde del miércoles por personal del Departamento Quinto de Asuntos Internos de la Institución y puestos a disposición de la justicia tras verse involucrados en actos constitutivos de delito.
De acuerdo a la investigación fiscal, los oficiales identificados como J.V.C.; J.C.G; P.M.C; O.A.J y F.G.R en septiembre de 2012 habrían amenazado a la víctima, quien tenía una orden de detención pendiente.
En este escenario, los imputados sin una orden judicial de por medio ingresaron al domicilio del individuo, ubicado en la población La Bandera para detenerlo.
Una vez en el cuartel, procedieron a golpearlo, a amedrentarlo con un fusil y a exigirle que pidiera perdón de rodillas, y para evitar ser descubiertos, alteraron el parte policial que luego dio cuenta del procedimiento.
La golpiza, en tanto, fue registrada por una cámara de video cuyas imágenes fueron claves para establecer la participación de los detectives en los actos descritos.
Todos estos antecedentes fueron vertidos en la audiencia de formalización de cargos del día jueves, instancia en que el tribunal dio por establecido –en esta etapa procesal- lo hechos descritos por el fiscal Venegas, quien solicitó la prisión preventiva de los cinco funcionarios de la PDI.
El requerimiento fue aceptado para cuatro de ellos, los que fueron desvinculados de la institución, mientras que F.G.R. quedó sujeto a la medida cautelar de firma semanal.
En la causa, iniciada a comienzos de 2013, figuran como querellantes el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), éste último por considerar que los imputados habrían cometido los ilícitos durante su desempeño como funcionarios públicos.
