La destacada profesional despertó las iras en el Palacio Quemado por la emisión de un polémico programa radial que tuvo como protagonista al coronel Germán Cardona, al que se acusó de "racismo".
LA PAZ. El gobierno boliviano anunció hoy que pedirá un juicio "por discriminación y racismo" contra la periodista Amalia Pando, de la emisora jesuita Erbol, por la entrevista que hizo a un jefe militar que denunció acoso político antes de huir a España.
El viceministro boliviano de Descolonización, Félix Cárdenas, explicó hoy a la radio estatal Patria Nueva que la comunicadora incumplió Incumplió la Ley 045. "Dejó que el coronel Germán Cardona emita declaraciones racistas en contra de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño".
Según Cárdenas, Cardona descalificó la investidura de la presidenta de la Cámara baja al asegurar que era "una flaquita" junto con otros insultos que la periodista no evitó. "Debió detener esas declaraciones porque al permitirlas (...) es incitar al racismo", dijo el viceministro.
La ley boliviana de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación tipifica como delito penal la difusión de expresiones racistas por parte de periodistas y funcionarios públicos, una contravención que es calificada por un consejo controlado por el propio gobierno.
"Con Amalia Pando y radio Erbol vamos a hacer lo que manda la ley y serán los compañeros, los que están procesando, quienes establezcan esto por difundir expresiones racistas", insistió Cárdenas, quien fue respaldado por la viceministra de Comunicación, Claudia Espinoza.
El funcionario consideró que la Autoridad boliviana de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) "debería incorporarse como parte responsable en la regulación de los medios de comunicación". La norma establece el cierre de medios que incurran en delitos de racismo.
La periodista y la radio Erbol aún no emiten ningún pronunciamiento.
Cardona, militar boliviano, huyó al exterior en busca de refugio político. Las autoridades del gobierno de Evo Morales descalificaron sus acusaciones, vinculadas a irregularidades cometidas en la desactivación de un supuesto grupo armado en 2009, cuando murieron dos ciudadanos europeos.
