Los cargos contra María Hurtado incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
BOGOTÁ.- Interpol emitió este viernes una orden de captura internacional contra la ex jefa de los servicios secretos colombianos María del Pilar Hurtado, quien es buscada por las autoridades de su país por espionaje y que estuvo asilada en Panamá.
La ex autoridad fue directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que fue desmantelado por el gobierno de Juan Manuel Santos después de que el organismo se viera envuelto en varios escándalos, incluido el espionaje de magistrados, defensores de derechos humanos y periodistas.
Los cargos contra Hurtado incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones agravada y abuso de función pública.
El abogado Jaime Camacho que representa a la ex funcionaria, a quien a principios de este mes le fue negada una solicitud para obtener el estatus de refugiada en el país centroamericano, aseguró a "Caracol Radio" que su cliente está considerando entregarse.
Aunque no dio detalles de la eventual entrega, el jurista indicó que Hurtado le aseguró telefónicamente que "tiene la intención de responder ante la justicia".
"No establecimos el lugar donde sería. Son ese tipo de decisiones que se toman de manera personal", agregó.
El espionaje se conoció en 2009, cuando una revista reveló que el DAS, un organismo que dependía directamente de la Presidencia, incurrió en interceptación de comunicaciones y seguimientos de personas que criticaban al gobierno de Álvaro Uribe.
Varios ex funcionarios del DAS han sido condenados por este caso, que se sumó a una serie de escándalos protagonizados en los últimos años por ese organismo.
Tras el escándalo por las escuchas, Hurtado huyó a Panamá, donde la administración del ex presidente Ricardo Martinelli le concedió el asilo, que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de ese país a mediados del año pasado.
