Los cuerpos fueron encontrados en una carretera de Chilapa, poblado ubicado cerca de Ayotzinapa, donde estudiaban los normalistas.
CIUDAD DE MÉXICO.- Once cadáveres, en su mayoría decapitados, fueron hallados el jueves al costado de una carretera en el estado sureño de Guerrero , donde 43 estudiantes fueron secuestrados y presuntamente asesinados hace dos meses, un caso que ha desatado protestas masivas en todo México.
Algunos de los cadáveres tenían el torso desnudo y estaban parcialmente quemados, según fotografías publicadas por medios locales.
La fiscalía de Guerrero dijo que el caso ocurrió en Chilapa, un poblado en dirección a la escuela rural de Ayotzinapa -donde estudiaban los jóvenes desaparecidos- y donde hace unos días fue identificado el cadáver de un sacerdote de Uganda entre restos humanos hallados en medio de la búsqueda de los normalistas.
"Esta mañana fueron encontrados los cuerpos de 11 personas que además de ser ejecutadas fueron decapitadas y posteriormente algunas fueron incineradas", dijo a la AFP una fuente de la Secretaría de Gobierno de Guerrero , que pidió el anonimato.
La fuente señaló que los cadáveres no llegaron a ser incinerados en su totalidad y que junto a ellos fue dejada una cartulina con un mensaje dirigido a un grupo criminal apodado 'Los ardillos' que rezaba: "Ahí está, basura".
De acuerdo con un mando de la Policía Estatal, los muertos tenían entre 20 y 25 años y presentaban también heridas de armas de grueso calibre.
En esa parte del estado de Guerrero, uno de los más pobres de México, se enfrentan dos bandas del crimen organizado conocidas como Los Rojos y Los Ardillos, ambas derivadas de las fracturas del otrora poderoso cártel de los Beltrán Leyva, y que han llevado la violencia en el estado a niveles sin precedentes.
El caso de los estudiantes ha sucumbido al Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se apresta el jueves a anunciar cambios en su estrategia de seguridad, actualmente bajo fuertes críticas desde distintos sectores.
Más de 100.000 personas han muerto desde finales de 2006, cuando el ex presidente Felipe Calderón lanzó una campaña frontal contra los cárteles de la droga, que se fragmentaron a medida que caían sus líderes y elevaron la espiral de violencia y la saña con la que los sicarios acaban con sus víctimas.
Alrededor de 30.000 homicidios se han registrado durante el Gobierno de Peña, que había prometido controlar la violencia heredada de su antecesor.
