El análisis comienza a sólo días de la ONU adoptara una resolución que busca juzgar los "crímenes contra la humanidad" de Pyongyang en la Corte Penal Internacional.
SEÚL.- El Parlamento de Corea del Sur comenzó este lunes a debatir proyectos de ley que buscan documentar y combatir las violaciones de derechos humanos en el Norte, lo que promete aumentar la tensión en la península después de las recientes amenazas del régimen de Kim Jong-un.
El debate comienza apenas una semana después de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptara una resolución que busca juzgar sus "crímenes contra la humanidad" en la Corte Penal Internacional (CPI), algo a lo que Pyongyang ha respondido amenazando con realizar nuevas pruebas nucleares.
Los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional por los dos principales partidos políticos surcoreanos -algunos de los cuales permanecían estancados desde hace más de una década- llegaron esta jornada a la Cámara Baja con el objetivo de ser aprobados antes de final de año, informó la agencia "Yonhap".
Entre ellos, uno busca la creación de un archivo del Gobierno para documentar las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte y otro busca elaborar un plan básico para hacer frente a los abusos sobre la población por parte del régimen norcoreano.
Uno de los puntos calientes del debate parlamentario promete ser el apoyo institucional o no al envío de globos con propaganda fronteriza por parte de ONG surcoreanas al Norte, una actividad que ha sido fuente de tensión en las últimas semanas y que el Gobierno se niega a prohibir a pesar de las peticiones de la oposición.
Hasta ahora, la Asamblea Nacional se ha mostrado poco activa a la hora de abordar proyectos de ley relativos a los derechos humanos en el país comunista, entre otras cosas para no elevar la tensión con su vecino.
Tras la aprobación de la resolución de la ONU, Corea del Norte amenazó el pasado jueves con realizar una nueva prueba nuclear en respuesta al texto y en los días siguientes ha insistido en que llevará a cabo una "represalia despiadada" contra Estados Unidos y sus aliados, a los que acusa de haber orquestado el documento.
