CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre en el sur de México pidieron este viernes ser recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto y cuestionaron las investigaciones de la Procuraduría General de México, informaron medios locales.

En las instalaciones de la escuela rural del magisterio "Raúl Isidro Burgos", situada unos 300 kilómetros al sur de Ciudad de México, padres y compañeros de los jóvenes rechazaron la versión de la fiscalía de que la desaparición de los estudiantes, tras ser detenidos por policías, estuvo ligada a rivalidades entre las organizaciones criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.

"Cuando escuchamos eso, nos levantamos de la mesa (con representantes de la procuraduría) y lo que acordamos es pedir que nos reciba en audiencia el presidente Enrique Peña Nieto", dijo uno de los padres, en declaraciones reproducidas por la prensa local.

Los familiares se dijeron "indignados" de que sus hijos no aparezcan después de casi un mes y afirmaron que continuarán realizando protestas para exigir su aparición con vida.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy en Ginebra su preocupación por la "desaparición forzada" de los estudiantes en México y pidió acelerar las investigaciones.

La ONU reconoció los esfuerzos del gobierno de México para la búsqueda de los estudiantes, pero lamentó que los operativos no hayan dado resultados.

"Lamentamos que hasta el momento estos mecanismos no hayan sido exitosos para encontrar a los estudiantes desaparecidos y urgimos a las autoridades a incrementar sus esfuerzos para encontrarlos", expresó en un comunicado.

La desaparición, ocurrida en la ciudad de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la capital, estuvo precedida por ataques a balazos por parte de policías municipales, que dejaron además seis muertos y 25 heridos.

El alcalde José Luis Abarca y su esposa, que estaban coludidos con el cártel de Guerreros Unidos, son buscados como presuntos autores intelectuales.

Las autoridades afirman que los desaparecidos fueron entregados por agentes a miembros de la organización criminal que dieron por hecho que se trataba de integrantes de la banda rival de Los Rojos.

En la zona se han encontrado hasta ahora al menos nueve fosas clandestinas con 30 cuerpos, que todavía no han sido identificados.

Aunque en un primer momento la Procuraduría General de México descartó que se tratara de los jóvenes en base a análisis de ADN, el miércoles dejó abierta la posibilidad de que haya habido errores en los protocolos manejados por la fiscalía de Guerrero para reunir las muestras.

Ahora se está a la espera de resultados de un equipo independiente de forenses argentinos puesto por las familias.

El organismo de la ONU pidió que se hagan "investigaciones efectivas, prontas e imparciales para identificar a las personas cuyos cuerpos estaban en las fosas colectivas y llevar a la justicia a los responsables".

Al mismo tiempo, solicitó al gobierno mexicano reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para recibir comunicaciones de parte de víctimas, en base a la convención internacional para la protección contra las desapariciones forzadas.