El estatuto busca que las autoridades tengan más herramientas de regulación sobre dicho proceso y considerar a las personas que vivan cerca de un dispositivo.
SANTIAGO.- Evitar que se sigan instalando antenas celulares en terrenos particulares sin considerar a los vecinos y sin permiso municipal, es parte del camino legal que el Gobierno espera concretar, rápidamente, al poner suma urgencia al proyecto de Ley que regulará la instalación de los éstos dispositivos en Chile.
La iniciativa aprobada el 2010 por la Cámara de Diputados, y ratificada en general por el Senado, tiene por objetivo solucionar lo antes posible los vacíos de la normativa actual, que permite la instalación de antenas con mínimas regulaciones, hecho que derivó en una serie de trastornos en el espacio urbano de las ciudades y especialmente en los barrios residenciales.
Es por esto que la nueva ley busca reconocer los derechos de las personas que viven en torno a una antena, entregar atribuciones reales a los municipios y facultar a la Subtel para declarar zonas saturadas de antenas.
Es así como el ministro Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, reconoció la falta de herramientas para regular la instalación de antenas y recalcó la urgencia del proyecto de ley.
"Hemos puesto suma urgencia a la nueva Ley de Antenas, para acelerar al máximo la tramitación y aprobación del proyecto de Ley. El Senado ha realizado un trabajo muy profesional para perfeccionar esta Ley y tenemos confianza en que tendremos una solución definitiva lo antes posible", afirmó el ministro Errázuriz.
El problema de la instalación de dispositivos en Chile no es menor, ya que en el país existen 21 millones de usuarios de telefonía móvil.
Asimismo, la tendencia internacional proyecta que en Chile la necesidad de los usuarios por mayor conectividad para hablar, conectarse a Internet móvil y acceder a los sistemas de alerta masiva en emergencias, hará crecer la demanda por mayor capacidad y cobertura de las redes móviles entre 4 y 5 veces para el 2015. Ello, junto a la entrada de nuevos operadores al mercado, exige un equilibrio legal que recogerá la nueva Ley.
