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Suprema explicó la libertad condicional a 1.461 presos: "No ha habido ninguna cosa extraña ni oculta"

El vocero del Poder Judicial, Milton Juica, explicó que la medida se ajustó a las nuevas normativas sobre libertad condicional aprobadas en 2013, y que en todos los casos se ajustaron a los "criterios técnicos".

lunes, 02 de mayo de 2016 / AFP/PoderJudicial.cl.

SANTIAGO.- La Justicia chilena liberó a más de 1.461 presos en las ciudades de Santiago, Valparaíso e Iquique, como solución a una sobrepoblación carcelaria que en el país alcanza un 70%, en una medida calificada como "grave" este lunes por el gobierno.

A través de sucesivos comunicados de prensa, el Poder Judicial confirmó este lunes que se había otorgado el beneficio de libertad condicional a 568 presos de Santiago, 788 de la cuidad de Valparaíso y 105 de Iquique.

El número de personas "puestas en libertad es una cárcel que se abrió y eso es grave", sostuvo ministra de Justicia, Javiera Blanco.

En Santiago, los liberados corresponden al 32,1% de las solicitudes efectuadas. En Valparaíso se acogieron 788 peticiones de libertad condicional y se rechazaron 87. De acuerdo a la ministra de Justicia, normalmente en esa jurisdicción se otorgaban entre un 5% y un 10% de las peticiones.

El vocero del Poder Judicial, Milton Juica, explicó en rueda de prensa que la medida se ajustó a las nuevas normativas sobre libertad condicional aprobadas en 2013, y que en todos los casos se ajustaron a los "criterios técnicos".

"Esto es una función que se le otorgó a la justicia para dar una solución a la sobrepoblación carcelaria", explicó Juica.

En 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, el Congreso chileno aprobó una ley de indulto general que benefició a unos 6.000 reos con penas menores, también para tratar de descongestionar el hacinamiento en las cárceles. Entre los beneficiados, figuraban 1.066 extranjeros -la mitad de ellos bolivianos-, expulsados meses después a sus países de origen.

El indulto excluyó a aquellos condenados por delitos de secuestro, violaciones y homicidios.

Con una población penal de unos 53.000 reclusos, Chile cuenta con una tasa de hacinamiento que supera en 70% la capacidad prevista, con condiciones de vida denigrantes para los presos, según han denunciado distintas autoridades.

Las explicaciones de Juica


El ministro Juica recordó el origen del actual sistema y explicó que "la ley que entregó esta tuición al Poder Judicial a través comisiones especiales, fue informada por la Corte Suprema en forma desfavorable el 2011; y lo informó desfavorablemente, porque consideraba que este es un tema que genera controversia y porque en el fondo lo que requiere el país en torno al control y cumplimiento son tribunales de ejecución de la pena. Por lo tanto, no le parecía a la Corte Suprema sustituir la funciones que tenían los seremis de Justicia en orden a resolver la cuestiones de libertad condicional, que es un cuerpo legal de muy antigua data, y que se ha aplicado en el país desde hace mucho tiempo, con la salvedad de que solo a partir del 2012-2013 pasó esa tuición a estas comisiones de libertad condicional formada por jueces de las distintas jurisdicciones del país", sostuvo.

El ministro agregó que el cambio legal se debió, fundamentalmente, a la necesidad de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad de las cárceles y centros de detenciones, que registran en promedio un 60% de sobrepoblación.

Recordando, además, que en el análisis del Ejecutivo, la intervención de los seremis de Justicia "se ha traducido en una reducción considerable del número de condenados que finalmente acceden a este tratamiento penal especial y viene arrojando, desde largo tiempo, dudas sobre la objetividad que guía un proceso que resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario y fomentar la rehabilitación e reinserción de los condenados. Esa fue la razón que generó el cambio, por lo tanto no se creía que los seremis estaban cumpliendo adecuadamente sus funciones", afirmó. 

"De tal modo que no ha habido ninguna cosa extraña ni oculta en materia de esta decisión. Hoy por hoy, el sistema ha estado operando y por supuesto que llama la atención que opere en mayor medida que en épocas anteriores, porque los seremis de Justicia no otorgaban las libertades condicionales por carácter subjetivos y, por lo tanto, el Poder Judicial se hace un deber el explicar a la ciudadanía que las persona que obtienen este beneficio han sido propuestas por un órgano  dependiente del Ministerio de Justicia, que ha vigilado al recluso, entendido que cumple requisitos de tiempo, estudios y trabajo; es decir, los requisitos de la ley . En este entendido, en consecuencia, aquí no hay una segunda intención como irresponsablemente se ha tratado de señalar en algunas comunicaciones de prensa dadas por algunas autoridades de Gobierno. Simplemente se está cumpliendo lo que la ley ha señalado con la prevención que ya el Poder Judicial había dicho sobre esta materia, porque en este momento la sobrepoblación carcelaria no ha disminuido a partir de la fecha que se propuso esta modificación y porque, además, los organismos internos de Justicia no cumplieron sus cometido en su tiempo", sentenció.

"Estamos hablando de un número insignificante con relación a la población carcelaria, aquí no salió todo el mundo libre como se quisiera pensar y, por lo tanto, no ha habido un exceso en esta materia; y el sentido de esta ley es darle una oportunidad a personas que han cumplido más de la mitad de sus condenas, para que cumplan el resto de la pena en libertad", agregó el ministro vocero.

"El tema de la seguridad ciudadana es un tema que todos tenemos presentes, pero el sistema está establecido de una manera que todas las personas tienen alguna vez la oportunidad de salir en libertad, cumpliendo totalmente la pena o cumpliéndola, como dice la ley, en libertad condicional. Eso no significa que el sistema asegure que esas personas no cometan nuevamente delitos, ya sabemos las altas tasas de reincidencias en este país, pero ese no es un tema que le corresponda al Poder Judicial; si no es una política pública que debe ser manejada a otro nivel", concluyó.

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