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| Lagos recibió segundo informe Valech: 1.201 casos nuevos, 86 de ellos niños |
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| Miércoles 1 de Junio de 2005 |
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| Fuente :La Segunda |
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| Mandatario explicó se trata de menores de 12 años que presenciaron los apremios que sufrían sus madres o estaban en gestación. En seis meses se reevaluó situación de 8 mil personas. |
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El Presidente Ricardo Lagos recibió formalmente en La Moneda un segundo informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que encabeza el obispo Sergio Valech. Según explicaba el Mandatario —al cierre de esta edición— durante un período de seis meses se reconsideraron 8 mil casos, de los cuales 1.201 calificaron y accederán a los mismos beneficios contenidos en la Ley de Reparación.
De ellos, dijo Lagos, 86 son niños que en la época tenían menos de 12 años y fueron testigos de los apremios sufridos por sus progenitoras o se encontraban en el vientre de sus madres. Según ha trascendido, la mayoría de los menores no habían sido incluidos en el primer informe porque sus progenitores, en buena parte de los casos, eran ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, por lo que no había testigos que avalaran la situación.
Los casos recalificados tendrán derecho a una pensión del Estado similar a las ya otorgadas a las 27 mil personas consideradas inicialmente ($112 mil).
Lagos indicó que con este segundo informe se da por finalizado el trabajo de la comisión, lo que implicará el cierre de las oficinas donde funcionaba en calle Moneda. El Mandatario —tras la solemne entrega del documento— agradeció sentidamente a cada uno de sus miembros el trabajo realizado.
Seis meses de labor
El 28 de noviembre de 2004, día de la entrega del primer documento, el Presidente Lagos determinó extender la labor de la comisión para la reevaluación de los casos que no habían calificado para ser incluidos por distintas razones. En el nuevo lapso, los miembros del grupo se dedicaron a entrevistar nuevos testigos, viajar a los lugares de detención y chequear informaciones.
La comisión está integrada, además del obispo Valech, por María Luisa Sepúlveda (vicepresidenta ejecutiva); los abogados Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez (presidente del PRSD), Lucas Sierra, Alvaro Varela y la sicóloga Elizabeth Lira.
La Comisión Valech en pleno esta mañana en La Moneda, dando cuenta al Presidente de los seis meses en que reevaluaron 8 mil casos.
Comisión de Prisión Política y Tortura
En agosto del año 2003 el Presidente Lagos Escobar, dio a conocer la propuesta gubernamental en materia de derechos humanos denominada "No hay mañana sin ayer".
Contenía una serie de medidas para "seguir avanzando en el delicado proceso de sanar las heridas producidas por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990". Entre ellas se incluyó la creación de una "comisión que establezca de manera rigurosa una lista de personas que hayan sufrido privación de libertad y tortura por razones políticas".
En noviembre de 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, órgano asesor del Presidente de la República, que contó con el apoyo técnico y administrativo del Ministerio del Interior, cuyo objetivo era el esclarecimiento de la verdad acerca de esas graves situaciones.
La Comisión quedó integrada por ocho personas designadas por el Presidente, a saber: Monseñor Sergio Valech Aldunate, como Presidente, María Luisa Sepúlveda Edwards, en calidad de Vicepresidenta Ejecutiva, Miguel Luis Amunátegui Monckeberg, Luciano Fouillioux Fernández, José Antonio Gómez Urrutia, Elizabeth Lira Kornfeld, Lucas Sierra Iribarren y Álvaro Varela Walker.
La Comisión, así conformada, debía determinar quiénes sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y proponer medidas de reparación.
La Comisión organizó la atención de público a escala nacional, recibiendo antecedentes y testimonios de las víctimas de prisión política y tortura en todo el país.
En un plazo de seis meses se constituyeron equipos de profesionales, abogados, psicólogos, asistentes sociales, para atender a las víctimas.
También se obtuvo la colaboración de los consulados de Chile para recibir antecedentes de personas residentes fuera del país, a través de la Dirección para las Comunidades de Chilenos en el Exterior (DICOEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La presentación de testimonios a la Comisión fue un acto voluntario de las personas que decidieron concurrir, que implicó un esfuerzo significativo de parte de ellas por recordar hechos dolorosos y exponerlos, así como aceptar la aparición de su nombre en un listado público.
Del total de 35.868 personas que entregaron antecedentes a la Comisión (víctimas directas o familiares directos de personas fallecidas), el 37% lo hizo en la Región Metropolitana, el 54% en las demás regiones, y un 9% a través de los consulados, dada su residencia en el exterior.
En este sentido, importa consignar la recepción de antecedentes desde 40 países distintos. En la Región Metropolitana fueron atendidas un promedio de 114 personas diarias, llegando a un máximo de 240; en el caso de las regiones, la agenda de atenciones promedió las 16 personas diarias.
La información entregada fue sometida a un estricto proceso de acreditación, en orden a calificar con precisión el carácter de los antecedentes allegados (no sólo su veracidad, sino también su concordancia con el mandato de la Comisión, que no cubría todas las modalidades de represión política) y, por esa vía, la pertinencia de incluir a la persona correspondiente en el listado de las víctimas. Muchas de ellas acompañaron sus presentaciones con documentos que respaldaban sus testimonios.
A su vez, esta instancia logró reunir información que permitió realizar el proceso de calificación a partir de la colaboración de organismos de Estado, entidades de derechos humanos, organizaciones internacionales capaces de aportar documentación relevante y de las Fuerzas Armadas.
La Comisión también se reunió con las organizaciones de víctimas que lo solicitaron, organizaciones que prestaron una valiosa colaboración a la labor de ésta, así como con expertos en diversas materias relativas al tema y con autoridades religiosas y morales del país. En sus visitas a regiones, la Comisión sostuvo entrevistas con las organizaciones de víctimas de cada región y recibió testimonios directos de personas.
1973 es el período en el que se concentra el 67,4% de las personas acreditadas por la Comisión. |
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