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| Intervención electoral en Rancagua: Contraloría notifica cargos contra más de 30 personas por faltas a la probidad y al control |
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| Miércoles 9 de Septiembre de 2009 |
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| Fuente :La Segunda |
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| Ex intendente —quien renunció ante supuestos mensajes del Ministerio del Interior— y altas autoridades DC de la VI Región entre los afectados. Se habría determinado que al menos 5 funcionarios públicos entregaron antecedentes de bases de datos de sus reparticiones para usarlos con fines electorales. |
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Más de 30 notificaciones de cargos por “faltas a la probidad” y “faltas al debido control jerárquico” inició desde el lunes hasta hoy la Contraloría Regional de Rancagua en el sumario por intervención electoral en la zona.
La luz roja la encendió ayer el actual intendente de la región, Juan Núñez Valenzuela, quien en un desayuno excusó su atraso ante los asistentes, argumentando que tuvo una reunión de última hora con la funcionaria de la oficina de Desarrollo Social Sara Romero, quien le informó que había recibido su notificación.
Se trata de la misma mujer que desató el escándalo, luego que trascendiera un correo electrónico enviado por ella en su calidad de miembro de la directiva regional de la Democracia Cristiana (es secretaria). En él solicitó a 17 altos funcionarios de distintas reparticiones del aparato estatal regional llevar información de la base de datos de sus servicios —como los beneficiarios—, la que “será usada con un criterio sólo de carácter político y con la más absoluta reserva, protegiendo sus cargos”.
Lo anterior debía ser entregado en una reunión con los candidatos a diputado de la DC en la zona el día 23 de julio, a las 18:30 horas, en la sede partidaria regional. Asistieron al encuentro más de 30 funcionarios públicos.
Acudieron también el presidente nacional de la DC, Juan Carlos Latorre; su secretario nacional, Moisés Valenzuela, y el cuñado de Latorre y asesor de la Subsecretaría de Guerra, Ricardo Rincón.
Cinco funcionarios entregaron información
Entre quienes fueron notificados de cargos se encuentra el ex intendente Héctor Huenchullán (DC), quien renunció a su cargo —supuestamente tras algunos mensajes desde el Ministerio del Interior— debido a las repercusiones políticas del escándalo y negó haber entregado información de carácter reservado.
Contraloría le imputa no haber ejercido el debido control jerárquico cuando recibió el correo electrónico de Sara Romero; es decir, debió reprocharle formalmente la conducta y haber aclarado que la entrega de dicha información contravenía normas administrativas y penales.
El ente fiscalizador habría aplicado el mismo criterio sobre otras autoridades —como seremis—, quienes tampoco habrían tomado medidas para frenar la situación.
Implicados en el caso comentaron a La Segunda que al menos 5 funcionarios entregaron parcialmente bases de datos: enfrentan cargos por faltar a la probidad.
También habrían sido notificados quienes “recibieron la información”, sin que trascendieran más detalles al respecto.
Todos los afectados tienen hasta después de Fiestas Patrias para entregar sus descargos, lo que permite así al investigador terminar el sumario y —si así lo considera— recomendar sanciones.
Cibercrimen entregaría peritajes a fines de septiembre
Una investigación paralela por los mismos hechos realiza la fiscalía de Rancagua, por una supuesta “violación de secreto de funcionario público, que dice relación con la ley de protección de la vida privada de las personas, la que obliga a particulares y funcionarios públicos a velar por los antecedentes reservados, como las personas sujetas a beneficios de programas públicos”, se explicó.
“Ahora estamos a la espera de los resultados de las pericias realizadas por la Brigada del Cibercrimen de la PDI”, se dijo, “los cuales debiesen estar listos a fines de septiembre”.
Las diligencias fueron ordenadas por el fiscal a cargo, Luis Toledo, quien para ello incautó computadores y otros soportes electrónicos desde la Intendencia y la DC.
Si se confirma que uno o más funcionarios entregaron bases de datos protegidas por la ley, entonces se procedería a formalizar cargos.
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