En septiembre de 2023, cuando el general Ricardo Yáñez confeccionó su Alto Mando -que es el que lo acompaña hoy- para que el Presidente Gabriel Boric lo confirmara, le dijo a las tropas: “El único que sabe quién se queda y quién se va soy yo y el Presidente, así es que sigan trabajando como lo han hecho y quédense tranquilos”.
La frase, que ahora recuerdan algunos uniformados, era para aquietar las aguas pues había 39 coroneles que pasarían a retiro, algo habitual en estos movimientos internos. Los dichos de Yáñez tienen plena vigencia hoy, pues -sea en mayo para su formalización , o en octubre, cuando cumpla su mandato- Boric deberá elegir de ese Alto Mando al sucesor.
La tarea no ha sido fácil. Yáñez ha estrechado lazos con varias autoridades de Gobierno y cuando en enero se anunció su formalización por delitos omisivos en el contexto del estallido social, logró sortear la tormenta. Hace algunas semanas, la sorpresiva salida del exdirector de la PDI por el caso Hermosilla lo puso de nuevo en la línea de fuego, e incluso el ministro de Justicia señaló el 18 de marzo que “esperaría que el general Yáñez evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.
Pero el general director sigue en su cargo. De hecho, se le vio junto al Presidente Boric en los funerales del ahora mayor de carabineros Emmanuel Sánchez, asesinado la semana pasada.
Yáñez comparte su tiempo al mando de la institución con su estrategia en contra del Ministerio Público, que lo formalizará el 7 de mayo por presunta omisión de mando en 1.386 causas de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social.
El 9 de abril el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de su defensa, pero desechó suspender el procedimiento penal. Ayer, en tanto, la Corte Suprema admitió a trámite una solicitud de remoción contra el fiscal Xavier Armendáriz, por presunta “animadversión” contra Yáñez, ingresada por 11 diputados.
La decisión de Boric
Entre las primeras cinco antigüedades del actual Alto Mando, desde el cual podría escogerse a su sucesor, una de las características es que todos ingresaron a Carabineros entre 1987 y 1990 y han desarrollado estudios superiores, además de su carrera al interior de la institución.
El nuevo general director debería salir de esos cinco nombres. Boric no está obligado a hacerlo, pero las exautoridades y académicos especializados en este tema, coinciden en que sería lo lógico, pues la institución no aguantaría nuevamente una baja masiva como lo que ocurrió en el segundo Gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera, cuando salieron varias decenas de generales producto de distintas crisis (Operación Huracán, Fraude, caso Catrillanca y estallido social).
Pese a lo zigzagueante del discurso oficial, el exsubsecretario de Carabineros de Ricardo Lagos, Neftalí Carabantes, cree que “el Gobierno ya tomó una decisión”. En los hechos, comenta, mantendrá “en su cargo al General Director hasta el día de la formalización, para lo cual estableció un criterio que, grosso modo, prescribe que el referido hito procesal marcará un punto de inflexión, y ocurrido aquello, se adoptará una decisión sobre su continuidad o no al mando”.
El criterio, coherente o no, marca diferencias al interior del oficialismo, con el Frente Amplio izando la bandera de la renuncia de Yáñez. Sin embargo, en el Socialismo Democrático otros plantean que se debe hacer una distinción: “Hay que distinguir cuál ha sido la posición del Gobierno de la legítima estrategia judicial que ha desarrollado el general Yáñez a través del requerimiento que ha formulado el TC”, dice el diputado PS, Raúl Leiva.
El parlamentario, expresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, dice que “ya son muchos años en que un general director no termina su mandato por razones muy distintas y hay que darle normalidad al desarrollo institucional. Por eso me parece relevante y muy importante que hasta el día de hoy el general Yáñez mantenga la confianza del Presidente y se mantenga en su cargo, porque ésta es una señal inequívoca de apoyo a la labor y el trabajo que ha desarrollado no solo Yáñez, sino que todos los funcionarios”.
{CITA La fiscal Chong deberá demostrar que se produjo un resultado propio de un tipo penal descrito en términos activos por la ley”.;Neftalí Carabantes, exsubsecretario de Carabineros.}
Carabantes cree que la situación de la fiscal Ximena Chong y de su jefe, el fiscal regional Xavier Armendáriz, es un zapato chino: “En su intento de imputar a Yáñez delitos por omisión, en el marco de responsabilidad de mando, deberá demostrar que se produjo un resultado propio de un tipo penal descrito en términos activos por la ley. Y debe acreditar que se omitió una acción que se encuentra en relación de causalidad hipotética con la evitación de dicho resultado (lesiones y muertes en el estallido), exigiendo que la evitación del resultado equivalga a haberlo causado”. Pero el desafío, según el exsubsecretario, es aún mayor, pues “el omitente (Yáñez) tuvo que haber estado calificado para ser autor del tipo penal activo, y debió haber estado en condiciones de realizar de forma voluntaria la acción que habría evitado o dificultado el resultado. Y, por último, la omisión tiene que suponer la infracción de un deber jurídico de actuar. Estamos frente a un caso inédito, de laboratorio, complejo de probar y con escaso desarrollo dogmático y jurisprudencial, donde la prudencia en las declaraciones y decisiones es una buena consejera ”.
La incógnita de las medidas cautelares
Esta semana, en una columna en Newsweek, el diseñador Gustavo Gatica, quien perdió la visión luego de recibir balines de gomas en sus ojos, recordó lo que le había ocurrido en 2019. “En algún momento, tal vez alrededor de las 6:00 PM, un policía me disparó en los ojos con balines de goma. Al principio estaba en estado de shock. Pregunté qué estaba pasando y cuando los socorristas no dijeron nada, tuve la sensación de que las cosas no estaban bien. Por su silencio supe que se trataba de una lesión grave. Fue el oftalmólogo quien finalmente me habló de las lesiones y sus implicaciones. A nivel físico, la ceguera total desde el momento del impacto me llevó a tener que reaprender a caminar, a desarrollar otros sentidos, y a nivel psicológico, aprender a sentir diferente. Con el tiempo, me adapté a algunas actividades mejor que a otras (…) puedo preparar mi propio café. Sin embargo, caminar por la calle es complicado. Nuestras ciudades no están hechas para personas que usan bastón. Estoy en un punto intermedio, pero estoy trabajando duro para adaptarme por completo”.
El testimonio fue compartido en estos días entre diputados y diputadas del FA. Un parlamentario comenta que la vorágine de la Cámara Baja no ha permitido que el debate llegue más allá porque no existe una línea clara desde Presidencia.
{CITA Me parece muy importante que hasta el día de hoy el general Yáñez mantenga la confianza del Presidente y se mantenga en su cargo”.;Raúl Leiva, diputado PS.}
Leiva explica que “claramente hay un elemento que es determinante, que es la eventual aplicación de medidas cautelares. La formalización es un derecho que está establecido en garantía de los derechos del propio imputado y es por eso que el Gobierno ha determinado que éste es un punto de inflexión. Pero, a mi juicio, es muy determinante porque el desarrollo del proceso judicial es realizado de manera autónoma por el Ministerio Público y en la audiencia de formalización, sí tiene efectos en la solicitud de medidas cautelares. Porque ése va a ser el instante en el cual un ente externo jurisdiccional, el juez de garantía, va a tener que sopesar y ponderar las imputaciones que se realizan”.
