Tres días tiene el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para indicar "con precisión" el lugar en que se habría dado el principio de ejecución de los delitos que imputa a Marco Enríquez-Ominami.
Así lo determinó la jueza Carolina Araya, del 4° Juzgado de Garantía, como medida para establecer la competencia del tribunal respecto de la querella que el viernes pasado presentó el CDE en contra de ME-O; su ex mano derecha, Cristián Warner y Sergio Novoa, fundador de la empresa Cono Sur Research.
La acción penal fue presentada por presunto "fraude por engaño" en materia de financiamiento público en la campaña presidencial de ME-O en 2013.
Al ex candidato, así como a Warner y Novoa, se les responsabiliza de dos actos engañosos para obtener $170 millones 800 mil del Servel. El primero corresponde a la entrega de una factura ideológicamente falsa de la empresa Cono Sur Research que -según el CDE- fue creada como "una estructura corporativa de papel llamada a proveer de facturas y así recibir pagos o reembolsos cuya naturaleza deberá esclarecerse a lo largo de la investigación".
El segundo engaño, indica la magistrada Araya, se produjo luego que el Servel rechazara la mencionada factura y presentaran un contrato simulado de prestación de servicios entre Cono Sur Research y ME-O.
ME-O ya fue formalizado por el caso SQM.