por:  EFE

lunes, 03 de agosto de 2015

Carmen Gloria Quintana junto a los parlamentarios.

Foto Fernando Herrera, La Segunda

El Senado y la Cámara de diputados crearán instancias permanentes en la comisión de derechos humanos para revisar los avances en esta materia, informó hoy el presidente de los senadores, Patricio Walker.

La decisión fue tomada tras una reunión entre la sobreviviente del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana quien fue rociada con combustible y quemada por militares chilenos en 1986, con el presidente de la cámara alta y representantes de diversos sectores políticos.

Quintana, radicada en Canadá, visitó el país con el objetivo de sostener distintas reuniones para impulsar peticiones en materia de derechos humanos.

Una de ellas consiste en instaurar una comisión “para que los temas de derechos humanos puedan ser analizados de forma permanente”, aseveró Walker quien especificó que entre las demandas que se trabajarán destaca la petición de degradar a los militares involucrados en delitos de derechos humanos.

"Debe haber un pronunciamiento de los partidos políticos, exigiendo a las Fuerzas Armadas sacar de sus filas a los militares involucrados en violaciones de derechos humanos, además quitar el secreto al informe Valech, protegiendo a quienes no quieren revelar su identidad”, sostuvo Quintana.

El informe Valech certificó en 2004 unos 33.000 casos de torturas y prisión política durante la dictadura (1973-1990), pero con el argumento de proteger a las víctimas, se decidió mantener su contenido en secreto durante 50 años.

Asimismo, la superviviente de uno de los casos de violación de derechos humanos más escabrosos de la dictadura de Pinochet, reclamó un “pronunciamiento del Congreso exigiendo a las Fuerzas Armadas entregar todos los antecedentes de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad”.

Si el Ejército no entrega los antecedentes reclamados, Quintana anunció que exigirá la salida del comandante en jefe de la institución, Humberto Oviedo.

El testimonio del exrecluta Fernando Guzmán permitió, hace dos semanas, romper después de 29 años un pacto de silencio y reabrir judicialmente el caso de los jóvenes que en 1986 fueron rociados con gasolina y quemados durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Doce ex militares fueron detenidos y procesados por un juez especial por su responsabilidad en el crimen, mientras sectores políticos y organizaciones de víctimas comenzaron a abogar por el fin de los pactos de silencio que por décadas han mantenido los militares en torno a crímenes de la dictadura.

"Exijo respuesta ahora y ya y ése es el compromiso que escuché yo de parte de los senadores presentes y espero que antes que vuelva a Canadá (en el curso de 3 semanas) tener respuestas concretas”, dijo la sicóloga que fue quemada por una patrulla militar en 1986.

La presidenta del Partido Socialista y ex jefa de la cámara alta, Isabel Allende, resaltó que fue ella quien planteó el proyecto de ley para degradar a los militares involucrados en delitos relacionados con los derechos humanos.

"Es imposible aceptar que haya medallas para militares condenados y beneficios de libertad vigilada estando en la cárcel, condenados por crímenes de derechos humanos,” apuntó Allende.