por:  soychile.cl

viernes, 31 de julio de 2015

Una de las víctimas del Caso Quemados Carmen Gloria Quintana, junto a su marido Juan Enrique Campos.

Foto EFE

Archivos de Estados Unidos detallan que Augusto Pinochet fue el principal responsable de las maniobras de encubrimiento del denominado Caso Quemados.

Así lo indican cinco cables confidenciales del Gobierno estadounidense que publicó el National Security Archive.

Según el diario El País y de acuerdo a la organización independiente de la Universidad de Georgetown, Pinochet ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con bencina a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana.

El encargado de la investigación, Peter Kornbluh, dijo que "los abundantes detalles de los documentos desclasificados podrían servir de apoyo a la acusación (…) Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas".

Las maniobras habrían comenzado en la Posta Central, hasta donde fueron trasladados los jóvenes. "Médicos afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo" y que "escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado". Esta disposición "impidió que se tomara cualquier declaración legal" al joven malherido, señala el cable.

En otro documento enviado a la Casa Blanca se expresa que pese a las declaraciones de testigos y una investigación donde se indica que los responsables son miembros del Ejército, "el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov" y que "no es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados".

En otro de los cables se indica que el ministro de Justicia de la época, Hugo Rosende Subiabre, ejerció presión sobre el fiscal y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas, con el objetivo de impedir que los abogados de Rojas acudieran a la Corte Suprema.