por:  EFE

martes, 28 de julio de 2015

El gobierno dijo que está evaluando un proyecto que ponga fin al secreto que se estableció por ley a un informe sobre la tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet, con el objetivo de obtener nueva información sobre las violaciones a los derecho humanos.

El informe, dado a conocer en el 2004 durante el gobierno de Ricardo Lagos, dio a cuenta de 33.000 casos de personas torturadas o detenidas por razones políticas durante la dictadura.

"Es una medida que nosotros estamos evaluando, que está considerada como una hipótesis de iniciativa y, por lo tanto, en su momento, una vez que se evalúen todas las consideraciones, vamos a informar la decisión”, señaló el vocero de gobierno Marcelo Díaz.

No obstante, recordó que la idea de mantener en secreto el origen del contenido del informe era “facilitar la entrega de información y de hecho así fue”.

"No es una medida que no sea usual en este tipo de iniciativas que tienen precisamente como propósito generar condiciones para quienes tengan información la puedan entregar”, agregó.

La idea de revelar el contenido sobre el informe de la tortura surgió a partir de la detención esta semana de doce ex militares por el llamado “caso quemados” ocurrido en julio de 1986, cuando una patrulla de uniformados roció con bencina y encendió fuego a los jóvenes Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana.

Rojas falleció producto de las severas quemaduras y Quintana sobrevivió milagrosamente tras múltiples operaciones y tratamientos.

El juez que lleva la causa, Mario Carroza, dictó las órdenes de detención a partir de la confesión de uno de los implicados, que rompió el “pacto de silencio” que habían mantenido los involucrados por 29 años.

La propia Presidenta, Michelle Bachelet, hizo un llamado el lunes a poner fin a los “pactos de silencio” que existen entre ex militares para aclarar los crímenes ocurridos entre 1973 y 1990.

Según el ministro portavoz “sobre esto no hay matices: el gobierno aspira a la plena verdad y la plena justicia (...) que se ponga término a los pactos de silencio, que se abra la información, que se entregue, para que en Chile prevalezca la verdad y la justicia en materia de las horrorosas violaciones a los derechos humanos”.

Díaz dijo también que el gobierno evalúa otorgar urgencia para su discusión en el Congreso a un proyecto que permite degradar a miembros de las fuerzas armadas condenados por violaciones a los derechos humanos, tras una solicitud realizada por el presidente del Senado, Patricio Walker, y la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende.

"Como gobierno nos encontramos evaluando la próxima incorporación de una medida de urgencia a una o varias de esas iniciativas parlamentarias, precisamente porque nos parece que esto responde a un anhelo que se expresa con fuerza en distintos sectores de la sociedad”, dijo.