"No nos parece que haya que hacer cambios", insistió Silva acerca de si Iván Moreira debe dejar la vicepresidencia del partido.
El presidente de la UDI, Ernesto Silva.
Negando con fuerza que en el partido existan discrepancias en torno a su manejo ante el caso Penta, la directiva de la UDI y algunos parlamentarios salieron a calificar de "conflictos artificiales" la divergencia interna acerca de si los involucrados en la investigación judicial deben o no distanciarse de la orgánica del partido.
El asunto obligó a la directiva de Ernesto Silva a hacerse cargo del tema -que había buscado cerrar hace un par de semanas- luego de que ayer el senador Hernán Larraín planteara que uno de los vicepresidentes, Iván Moreira, debería suspender su participación en la directiva tras admitir haber cometido "irregularidades". El parlamentario repuso así el debate que también pasa por zanjar si los formalizados deben suspender su militancia, o bien -como ha insistido Silva- en que no debe hacerse "nada" mientras no haya condenas.
El timonel fue sorprendido ayer por los dichos del senador y Moreira aumentó la presión al contar que ya puso su cargo a disposición y que la mesa debe resolver su caso. Esta mañana, sin embargo, Silva dijo a La Segunda que "en la UDI no estamos para alimentar conflictos artificiales que surjan de un medio. Tenemos criterios definidos de la directiva y unidad en el actuar. El foco es hoy liderar la nueva etapa de la oposición".
Entre los cercanos a la mesa circuló además la versión de que el propio Silva rechazó la renuncia a Moreira, para evitar que escalara la crisis y que ésta tocara directamente a la mesa. Esta mañana -en Radio Agricultura- el timonel UDI insinuó que el senador ni siquiera le habría renunciado. "No, no, el no ha presen... él siempre ha estado disponible para lo que se requiere, pero en este caso la UDI estableció un criterio y lo vamos a seguir aplicando normalmente".
Silva insistió en que "no nos parece que haya que hacer cambios, y si algunos lo quieren convertir en conflicto no estoy de acuerdo".
Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma dijo que "me sorprende que se plantee un conflicto que no es tal. La opinión de Larraín es legítima pero a título personal. La directiva decidió no transformarse en un tribunal".
Colaborar con la investigación, reconocer "errores" y reparar los daños que se puedan compensar. Estas son las tres columnas de la estrategia judicial del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, para enfrentar la formalización por cohecho y lavado de activos del 4 de marzo.
Sus abogados Gonzalo Medina y Sebastián del Pozzo mantienen una misma postura desde el inicio: negar que la conducta de Wagner pueda tipificarse bajo los delitos que imputa la fiscalía.
¿Bajo qué argumentos? Simplemente que nunca hubo acción u omisión de Pablo Wagner que beneficiara a los controladores de Penta mientras ocupó el cargo de subsecretario y que los pagos efectuados, bajo un sistema erróneo, eran por una deuda que los empresarios mantenían desde que Wagner trabajó en Banmédica.
Afirmando esa tesis, dicen en la defensa del ex subsecretario, la acusación de lavado de activo se destruiría casi inmediatamente porque, en este caso, sin cohecho no puede haber lavado de dinero.
Lo que sí reconocen es la utilización de boletas de honorarios (pedidas a terceros) para justificar transferencias de dineros, asumiendo que los documentos eran ideológicamente falsos y que su objetivo era rebajar la base tributaria.
Un escenario favorable, aseguran, se presentará una vez que se promulgue la nueva ley de lavado de activos (en acuerdo en el Tribunal Constitucional), porque ésta no considera como delito base los tributarios, como sería en este caso, donde el pecado habría sido no pagar impuestos.
Para disminuir los riesgos, los abogados de Wagner repasan los detalles para enfrentar la formalización, pero mantienen dos interrogantes: si los fiscales pedirán o no prisión preventiva y si habrá posibilidad de llegar a un juicio abreviado.
