"Aquí se abre un espacio de opacidad discrecional que nos parece altamente nocivo para el objetivo que se busca con la ley de lobby". La aseveración corresponde a la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, y selló la suerte del proyecto presentado por el gobierno para limitar las exigencias de transparencia que impone la nueva ley de lobby en el caso de los embajadores o cuando aquellas puedan comprometer el interés nacional o la seguridad del país.

A solo dos meses de la entrada en vigencia de la norma, por petición de la Cancillería el gobierno decidió impulsar una reforma planteando que obligar a los altos funcionarios del servicio exterior a hacer públicas sus agendas dificulta el manejo de las relaciones internacionales, pero la categórica postura asumida por el Consejo para la Transparencia está haciendo naufragar la iniciativa.

La semana pasada, durante la discusión del mensaje en la Comisión de Constitución de la Cámara, después de escuchar a Blanlot los diputados solicitaron al gobierno que congelara su tramitación para abordar el asunto con más detenimiento y sin apuro.

"Me he ido convenciendo que este proyecto es absolutamente ineficaz y además inoportuno porque el conjunto de problemas que intenta enfrentar se pueden enmendar con las normas que hoy día existen", manifestó en la oportunidad el diputado Osvaldo Andrade (PS), integrante de la comisión, presidente de partido y una voz influyente en La Moneda.

"Este proyecto transita en la dirección contraria a lo que los ciudadanos esperan que hagamos y mantiene un conjunto de privilegios a un segmento del aparato público que por mucho tiempo ha disfrutado de condiciones particulares dentro del Estado", remató el DC René Saffirio.

La Ley 20.730 que regula la actividad del lobby entró en vigencia el 29 de noviembre y, entre otros aspectos, obliga a las autoridades públicas a transparentar sus agendas de reuniones, viajes y regalos recibidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la Cancillería ha planteado reparos en el sentido que las exigencias de publicidad de las reuniones de los embajadores -por ejemplo que sus interlocutores tengan que llenar un formulario que luego se difunde- ha inhibido a representantes de otros países o de organismos internacionales para sostener contactos con nuestros funcionarios, lo que evidentemente perjudica el interés nacional y el manejo de nuestra política exterior.

Por ello, el proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo especifica que la nueva normativa regulará únicamente la publicidad de las actividades de lobby y gestión de intereses particulares "dentro del territorio nacional" y precisa que los intereses de estados extranjeros y organizaciones internacionales no se entenderán como particulares para los efectos de esta ley.

Asimismo, busca excluir de los registros las audiencias y viajes cuya publicidad comprometa, además del interés general de la nación y la seguridad nacional, bienes tales como el orden público y la seguridad pública, la salud pública, las relaciones internacionales y los intereses económicos y comerciales del país.

Sobre el particular, la presidenta del Consejo para la Transparencia señaló que si bien los objetivos del proyecto son atendibles las fórmulas que se plantean para lograrlos no son convenientes porque extienden la opacidad, lo que estimulará a que los gestores de intereses busquen contactos con autoridades más allá de nuestras fronteras.

Advirtió además que los funcionarios podrían esgrimir arbitrariamente razones de interés nacional, seguridad del país o afectación de nuestros intereses económicos y comerciales para no hacer públicas sus agendas y viajes. "De esta manera discrecional cualquier cosa podría quedarse fuera, incluso muchas que sí deben estar abiertas al escrutinio público", dijo.

"Los embajadores y funcionarios internacionales que se relacionan con nuestra cancillería no son gestores de intereses particulares, de modo que nuestra interpretación es que en esto no hay problema", recalcó Blanlot.

Tras este diagnóstico, el gobierno resolvió quitarle la suma urgencia al proyecto y paralizó su tramitación a la espera de convenir con los diputados marcos más aceptables de perfeccionamiento.