Además, el ex subsecretario del Interior ve "populismo a la chilena" en ciertos proyectos, como la reforma educacional.
Foto ATON
Preocupado anda Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior de Ricardo Lagos y ex ministro del Tribunal Constitucional. Con oficina en una galería tradicional del centro de Santiago, elegantemente remodelada, el abogado DC observa con inquietud cómo se están manejando ciertos proyectos emblemáticos del actual gobierno y cataloga ciertas propuestas de la reforma educacional como "populismo a la chilena".
-¿A qué se refiere exactamente?
-El problema político central de Chile es cómo devolver confianza a las instituciones. La actividad política, con el estado de desprestigio en que está, tiende a dar respuestas que yo califico de carácter populista, con frases hechas, eslóganes, proyectos que más bien responden a la popularidad, pero que no se hacen cargo de su eficacia.
-¿A qué se refiere, en concreto? ¿La gratuidad en la educación, por ejemplo?
-Por ejemplo. Mire, yo comparto plenamente el anhelo de igualdad de este gobierno. Sin embargo, para lograr ese objetivo cabe preguntarse cuál es la estrategia adecuada. El eslogan de que la educación superior es un derecho y no un negocio, a mí me parece insuficiente. Tenemos que preguntarnos dónde invertimos los recursos públicos para lograr esa mayor igualdad. Yo creo que hay que hacerlo en la educación preescolar y en la educación primaria de los sectores más pobres. Invirtiendo los fondos públicos en la educación superior, no llegas exactamente a las capas más pobres.
-¿Es partidario de la tesis de Gutenberg Martínez de que se debe revisar la existencia de la NM antes de finalizar el gobierno?
-Chile necesita formar parte de una coalición de centroizquierda, pero la Democracia Cristiana lo que debe hacer es agregar una mirada más responsable de las políticas públicas estratégicas. Me preocupa mucho que a propósito de la discusión de algunos proyectos de ley, por ejemplo, no se calculen los costos, los beneficios, los escenarios, los resultados. Eso lo he echado de menos, particularmente, en la reforma educacional.
-¿Qué es lo que no le gusta de esa reforma?
-Es muy difícil de entender. Por ejemplo, si se estima que las entrevistas de selección son discriminatorias, ¿por qué no las prohíben también en los colegios particulares pagados? ¿Por qué los colegios con más de 400 alumnos no pueden lucrar y los con menos, sí? El Gobierno no ha logrado explicar el tema ni hacerse cargo de los resultados que va a producir esta política pública.
-¿Qué tan contaminadas ve a las otras instituciones de ese "populismo a la chilena"? El Senado acaba de aprobar para el Tribunal Constitucional a dos personas que han sido muy cuestionadas.
-Participé en el TC y me es muy difícil juzgar a las personas que se han integrado a él, pero me parece que el Senado ha cumplido muy deficientemente su labor de nombrar a las personas que integran el resto de las instituciones republicanas. Lo ha hecho sin audiencias, sin escuchar, sin recabar los suficientes antecedentes y es así como explotan después los nombramientos críticos.
-El fin al sistema binominal, ¿puede terminar con la urgencia de las demás reformas constitucionales prometidas por el Gobierno?
-No debería. Los cambios constitucionales pueden devolver la confianza en las instituciones políticas. Especialmente, los que dicen relación con cómo se ejerce el poder político, cómo se elige a los representantes, se financian las campañas y se regulan los partidos políticos. El Gobierno lo ha hecho muy bien con las reformas en este ámbito. El sistema binominal implicaba poca competencia y limitaba severamente la entrada de nuevos partidos políticos. Dicho eso, el sistema que se aprobó no es el ideal, pero es mejor que lo que teníamos.
-El Gobierno contempla varias otras reformas constitucionales. ¿Cuál es la más difícil de consensuar?
-No veo cómo se va a terminar con las leyes orgánicas constitucionales. La derecha tendría que renunciar a un privilegio, que es indebido, pero que las normas establecen y que le dan un mayor peso al momento de evitar los cambios. Vivimos en una democracia que es contradictoria con la idea de igualdad. Esto es parte del desprestigio de la política, porque la gente percibe que no se pueden hacer cambios en el orden social por la voluntad mayoritaria de la población.
-¿Mantiene el temor que manifestó en 2013, de que la izquierda imponga un modelo favorito constitucional tal como lo hizo la derecha en los 80?
-La izquierda y la socialdemocracia chilena tienen una concepción constitucional que yo no comparto y que no logro entender. Postulan la idea de poblar la Constitución de derechos económicos sociales justiciables; o sea, reclamables ante los tribunales. No quiero que pase lo que hoy sucede con los cobros por los planes de las isapres, que se convirtieron en litigables. Cuando los tribunales impiden subir el precio de los planes, los que se benefician son los vivos, los que tienen capacidad de pago para un abogado. ¿Y quién termina financiando esto? Los pajarones, los débiles o los que no son capaces de litigar. No quiero que suceda esto en otros ámbitos, como el salario mínimo, por ejemplo.
-¿Todavía se puede imponer ese tipo de Constitución?
-Ese es el ideario de la izquierda. La mayor igualdad se logra con el goce de los derechos económicos sociales consagrados en las leyes. Lo que no comparto para nada es que se intente alcanzar este goce por la vía de la consagración constitucional. Esto es meter a los jueces a intervenir en un campo en el cual solo pueden arrojar resultados indebidos.
-¿Qué problemas de la ley electoral permitieron la proliferación de casos de boletas falsas para financiar la política?
-Un sistema con regulaciones deficientes e insuficientes, que permite una mayor tentación para burlar las pocas normas que existen, pero, sobre todo, la falta de un sistema potente de fiscalización. Estoy pensando en las atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, de la Superintendencia de Valores y Seguros, pero también del Servel, con capacidad de revisar la contabilidad de las personas, mirar diversos papeles, intervenir en comunicaciones privadas cuando hay sospechas serias. O sea, un sistema muy potente que incluya el financiamiento de la política.
-Usted aseguró en estos días que la UDI ha buscado salidas comunicacionales y no políticas para enfrentar el problema. ¿Qué debería hacer, exactamente?
-La UDI y todos los partidos políticos deben dar señales de que entendieron que están sometiendo al país al riesgo de la corrupción. Si no se suman decididamente a una nueva legislación, que cambie las reglas de financiamiento y que garantice, razonablemente, que esas reglas se van a cumplir, sobre la base de una fiscalización y un control muy potentes, a lo único que nos exponemos es a la corrupción.
-Durante el gobierno de Ricardo Lagos la UDI le lanzó un salvavidas durante el tema MOP-Gate. ¿Es el momento de devolverle la mano?
-Es que en este caso no se necesita sólo un salvavidas. En este tema se cuestiona a la UDI, pero también hay un manto de dudas sobre el financiamiento de las campañas políticas, en general. Si no modificamos sustantivamente este sistema, significa que no nos tomamos en serio el riesgo de convertirnos en un país corrupto y daremos la señal de que estamos disponibles para acostumbrarnos a ello. Cuando se detectan casos corruptos como este que afecta a la UDI, sólo cabe sustituir el sistema que los posibilitó.
-¿Usted podría dar fe de que en las campañas concertacionistas o de la NuevaMayoría nunca se defraudó al Fisco?
-Mire, afortunadamente, nunca ningún candidato me ha pedido, hasta la fecha, que sea su tesorero.
Aborto terapéutico: "Si se prueba la inviabilidad del feto y el peligro de muerte para la madre, el aborto se justifica sin conflicto ético. La violación tiene un problema de acreditación muy difícil. Pero si esperamos que se acredite judicialmente, puede que el feto ya haya nacido. Puesto en la disyuntiva, tiendo a inclinarme en favor de practicar el aborto cuando la mujer es violada. Es trágico, inconveniente y difícil de justificar sancionar con cárcel a una mujer que ha sido violada y que decide abortar".
Ley Antiterrorista: "Para los actos violentos en La Araucanía o en Santiago, usted puede desprenderse de las penas excesivamente severas de la Ley Antiterrorista o de las medidas preventivas o cautelares extremadamente altas, pero no del sistema de protección de los testigos. Miro con algún temor que la nueva legislación no alcance ese objetivo".
Mariana Aylwin: "Esa situación personal tiene que resolverla un tribunal en el que yo formé parte hasta la semana pasada. No quiero opinar, porque puede aparecer como una injerencia indebida. Pero tengo un enorme aprecio por Mariana Aylwin, la creo una DC cabal, con pensamientos perfectamente encauzados en la doctrina del partido que ha ejercido su derecho a opinión en esos márgenes y espero que esto se resuelva con su activa reincorporación al partido".