En su primer año como presidente de la Corte Suprema, explica los valores que deben guiar el actuar de los jueces. "Es mi percepción del Poder Judicial", afirma.
Aún le quedan 17 años en este Poder del Estado. Pero hay algo que ya no podrá hacer: Esta semana cumple el primero de los dos años como presidente de la Suprema, y las normas legales impiden que sea elegido para un nuevo período. "Así, todos tienen la posibilidad de cooperar. Otros presidentes y presidentas podrán establecer rumbos, y así todos podrán conformar el Poder Judicial del futuro y ayudar al desarrollo del país", reflexiona.
Quisimos profundizar con él su mirada sobre la justicia. Al escucharlo es inevitable no preguntar si ha pensado en cruzar la frontera hacia la política. O recordar esa exposición en Enade de hace algunas semanas, instancia en la cual sacó roncha entre el público por su concepción de la justicia y afirmaciones como que la puerta giratoria es casi inexistente o que con suerte una cincuentena de proyectos han sido paralizados por decisiones judiciales.
-Antiguamente, uno tenía la visión de un juez encerrado en su escritorio, casi desconectado del mundo exterior, aplicando leyes. ¿Sigue siendo válida esa imagen o debería modernizarse?
-Es efectiva en cuanto a la decisión particular de cada caso. Pero también hay una integración con la sociedad en la que nos toca vivir: Somos una persona más, que estamos ejerciendo una función. Hemos entendido perfectamente, o yo siempre lo he entendido, que todas las personas somos iguales, que cumplimos funciones diferentes.
Los tribunales a lo largo de este tiempo han dicho que están al servicio de las personas y que todo su trabajo lo desarrollan pensando en ellas.
Además, resulta indispensable que nosotros expresemos nuestros pareceres en temas específicos. Hay un dicho: Las cosas por obvias no se dicen; por callarlas no se tienen en consideración, y después se terminan olvidando.
Otro aspecto importante es que puede ocurrir alguna equivocación, pero el legislador ha generado un sistema para enmendar errores; por eso es determinante llegar a la última instancia para entender cómo ha funcionado el sistema.
-Si pensamos en justicia del siglo XXI, en Enade mencionó que desde 1973 se privilegió el derecho de propiedad, y que hoy el Poder Judicial estaría equilibrando esto con otros derechos. ¿Esa es la evolución de la justicia?
-La evolución que se está produciendo es que los magistrados han entendido que el sistema de fuentes del Derecho es amplio: Constitución, tratados, leyes, decretos, resoluciones, circulares y, al lado de todo esto, un conjunto de principios y valores, costumbres, prácticas. Y hay una jurisprudencia. Todo eso el magistrado lo tiene presente cuando aplica la ley.
Sé que hay algunas personas que cuestionan esta visión, pero es lo que pienso y no podría decir algo distinto. Es el juez más presente en la sociedad.
Las garantías fundamentales exceden a los detenidos desaparecidos o los muertos en dictadura. Los DD.HH. son la vida, la libertad, la propiedad y también los demás derechos contemplados en el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de derechos fundamentales, tenemos que hacer un equilibrio entre todos ellos, y no mirar preferentemente a uno.
-¿Esto era así también pre 70?
-Ha existido una preocupación especial hasta principios de los 70 en el derecho de propiedad. En las múltiples modificaciones a la Constitución del 25, Chile transitó -algo que no me corresponde juzgar hoy- desde una escueta declaración hacia un concepto progresivamente social del derecho de propiedad: La nacionalización (del cobre) es el último acto relacionado con el derecho de propiedad. Esto tiene una visión distinta desde 1973: Se potencia la propiedad individual, en desmedro de la propiedad colectiva. Ese es el quiebre...
-Ha enfatizado que debe reforzarse el bien común. ¿Para equilibrar?
-El bien común no es la suma de los bienes individuales, porque el que tiene más siempre va a sumar más, y el que tiene menos siempre va a sumar menos. Y se producirá cada vez un incremento de las diferencias sociales y de la riqueza en nuestro país. Y así siempre serán menos los que tienen más y siempre van a ser más los que tienen menos.
Y eso como sociedad, en mirada de política de Estado, no puede ser a lo que aspiremos. Tiene que haber una justicia en sentido sustantivo, de mayor distribución de los bienes, provechos y recursos que nos entrega en general la sociedad.
Es el Estado Social de Derecho, sustentado en el ordenamiento jurídico general y no en los derechos individualmente considerados, subjetivos. Este primer ordenamiento debe regular cómo se tiene acceso a los segundos.
-Usted en Enade planteó que el Poder Judicial esta disponible para construir un país más inclusivo e igualitario. Ese tipo de definiciones, ¿cuán cercanas a la política son? ¡Puede ser hasta eslogan de candidato!
-En todo lo que pudiera ser útil para el desarrollo de la sociedad, el Poder Judicial contribuirá y estará presente. Nosotros somos partidarios de un desarrollo igualitario e inclusivo... Es mi percepción del Poder Judicial: es lo que a mí me estimulaba expresar. Es lo que yo creo.
-Usó palabras como inclusivo e igualitario. Uno podría pensar en otras palabras también: libre, por ejemplo...
-Nosotros queremos construir una igualdad, una igualdad sustancial. En los discursos de juramento de abogados he abordado al extremo estos temas.
-¿Qué riesgo aprecia en que lo igualitario e inclusivo se asuma en el ADN de los jueces al aplicar la ley?
-Ante iguales fuentes, el entendimiento humano puede obtener visiones distintas de determinado tema. Por eso es que, como habitantes de nuestra sociedad, hay valores y principios que nos exceden. Esos son los que, se quiera o no, consciente o inconscientemente, ilustrarán el entendimiento.
Efectivamente, hay un riesgo en cuanto a pensar que los jueces aplicarán el derecho de una manera que busque un trasfondo distinto de lo que es llegar a la justicia. Desde mi concepto, ese riesgo no se produce, porque siempre un juez es bien intencionado. No tiene un trasfondo distinto más que resolver el caso de la manera más justa que crea pertinente.
-¿Cuánto puede afectar eso la seguridad jurídica?
-No creo que la afecte, pues las decisiones se sustentan en el mismo ordenamiento jurídico. Nadie se aparta de él.
-Pero hay reinterpretaciones sociales de las normas. En amnistía se evolucionó desde aplicar la ley en violaciones a los DD.HH. hacia plantear que eran delitos inanmistiables. No ha sido un llegar y aplicar un texto.
-Ese comentario sería correcto si fueran los mismos jueces. Pero no lo son. Son jueces, por lo que tengo entendido, que siempre han aplicado la legislación de la misma manera. Han llegado a instancias superiores y tienen la posibilidad de hacer mayoría primero y en algunos casos unanimidad en las Corte de Apelaciones, y actualmente en salas de la Corte Suprema. Esa relectura que usted dice es la posibilidad que han tenido esos magistrados de formar decisión.
En lo que respecta a mí, siempre apliqué la legislación entendiendo que la Ley de Amnistía no era susceptible de ser aplicada en delitos de lesa humanidad.
-Usted hablaba de igualdad. Hace poco, el fallo de Martín Larraín generó debate por cuán ciega es la justicia. ¿Hay justicia clasista?
-No hay justicia que se aplique con sesgo de clase ni de ningún tipo. Los jueces actúan con corrección y son todos de alto estándar de probidad. Por no decir expresamente que son de excepción. Todos los jueces están sujetos al escrutinio que hacen las partes, las que pueden deducir los recursos legales pertinentes. La construcción del sistema legal no la efectúan los jueces, por lo que si un caso no es susceptible de ser recurrido, es porque el legislador así lo quiso.
-¿Se ve otros 17 años en la Suprema?
-...Esto es un amor recíproco. Puede que uno se vaya antes por decisión propia o por determinación de las autoridades.
-Y teniendo toda esta mirada, ¿no se tienta a cruzar la frontera de la política?
-No, porque eso se ha dicho en una instancia y papel muy determinante: la mirada política que se tiene cuando se preside la Corte Suprema. En los fallos jamás uno puede expresar esos aspectos.
-¿Pero quizás le gustó hacerlo y decide irse a otro lado?
-Ni siquiera me lo he representado.
"Se podrían haber hecho mayores cosas de las que hemos podido concretar", es el balance que hace Sergio Muñoz de su primer año como presidente de la Suprema. No se trata de frustración, enfatiza, sí de una aspiración a más...
Y la enumeración de lo que está end esarrollo es larga: acortar plazos de tramitacion de las causas -aunque no conoce otra Corte Suprema en el continente que tenga causas en espera por no más de 6 a 10 meses, como sí ocurre con la chilena-; mayor calidad en los fallos y actuaciones judiciales; refuerzo comunicacional; mayor participación de funcionarios en temas internos, así como creación de comités temáticos en el máximo instancia judicial, entre otros.
-Usted ha gestionado cambios específicos en áreas que requieren ajustes mayores, como por ejemplo en materia civil. ¿Se cansaron de esperar que el sistema político tome las riendas de estas reformas?
-¿Vamos a esperar que las reformas lleguen desde fuera? ¿O impulsaremos los cambios que podamos desde dentro? Por eso nos hemos metido en aspectos que dominamos, no en aquellos de definiciones políticas, conceptuales. Hemos pensado cómo, a través de mejor gestión, lo hacemos mejor, dando mayor brevedad a la decisión judicial y poniendo lo tecnológico al servicio de la gente.
(...) En 2014 terminamos el año sin proyectos de Ley relevantes para la estructura e institucionalidad del Poder Judicial. Sí puede haber proyectos relacionados con la Justicia. Pero esto no ha impedido que nosotros nos relacionemos en el ámbito de la administración con el ministerio de Justicia, y hemos impulsado convencios con Sename o el de interoperabilidad, que será la revolución en el sector judicial: Cada entidad podrá tomar directamente la información según sus necesidades, que estará disponible electrónicamente en las reparticiones, sin mandar ningún oficio.
-El extremo de propositividad fue la idea de cambiar las evaluaciones e incluso una cuasi reforma constitucional respecto al gobierno judicial.
-Los jueces siempre habíamos reclamado que se redujeran los espacios de arbitrariedad de algunas determinaciones de las estructuras superiores.
Es por eso que, en materia de calificaciones, si podemos reducirlo en una palabra, se estableció una presunción de buen desempeño: Todos quedaban en lista sobresaliente (6,5), y ante un motivo específico podría descender.
En otro aspecto, hicimos una declaración en que estamos de acuerdo en separar las funciones jurisdiccionales y las de gobierno (nombramientos, administrativas, etc), para permitir que los jueces desarrollen con mayor imparcialidad su ministerio, sin interferencias políticas ni de ningún tipo.
Algunos creíamos que esto se logra con un sistema compuesto por personas íntegramente internas del Poder Judicial, donde pueden estar representados todos sus estamentos, pero que salen a desempeñar por un tiempo esa función. Otros creyeron que tenía que ser exclusivamente por personas externas. Y un tercer conjunto de ministros dijo que tenía que ser mixto. Eso es el planteamiento político de gobierno judicial. Esas son las distintas visiones y quisimos plantearlas para que la gente las conociera.
