Vivianne Blanlot recomienda a las autoridades no recibir a quienes no identifiquen claramente el interés que defienden.
Foto ALEJANDRO BALART
Prioridad en 2015 para reformar la legislación sobre transparencia y acceso a la información "y así empezar 2016 con una ley mejorada" espera Vivianne Blanlot, ex ministra de Defensa del primer gobierno de Bachelet y hoy presidenta del Consejo Nacional para la Transparencia.
En estos días el organismo no sólo sigue velando porque los entes públicos entreguen antecedentes a los ciudadanos, cuyas solicitudes este año alcanzaron las 53.586; también consolidará los datos de los sujetos pasivos de lobby.
-¿Se inhibirá el lobby indebido?
-Sí, esta ley va a inhibir el lobby indebido. Tiene un mérito: establece un principio de la transparencia en las relaciones entre el Estado y los privados, y permite tratar de influir, pero con transparencia, sujeto al escrutinio público. Y las agendas son públicas, por tanto, aquellos que pidan reuniones van a saber que tienen que ser transparentes.
-Pero, ¿hay espacio para que el lobby se haga fuera de lo formal?
-Es inevitable. Hay muchas instituciones, empresas, personas, cuyos personeros se encuentran en ocasiones que no son necesariamente las formales.
Yo antes pensaba "imposible regular el lobby porque se va a hacer en otra parte"... pero hay una cuestión básica de decencia de la mayor parte de la gente. Si a mí alguien me trata de conversar sobre cuestiones que tienen que ver con mi capacidad de tomar decisiones institucionales en una reunión social, yo lo voy a considerar mal visto, y la mayor parte de los funcionarios públicos también. Siempre va a haber un porcentaje (que no). No existe ninguna sociedad sin corrupción.
-¿No es perjudicial la falta de un registro obligatorio de lobbistas?
-El incentivo a inscribirse como lobbistas o como gestores de intereses es que de otra manera no van a ser recibidos, ni escuchados.
-¿Usted le recomienda a las autoridades no recibir a quienes no se definan como lobbistas o gestores de intereses?
-Sólo puedo hablar a partir de una posición personal, y no puedo hacer recomendaciones que no nacen de la ley. En el ejercicio de la función pública en otros ámbitos he debido relacionarme con representantes de intereses privados que con toda legitimidad buscan plantear sus preocupaciones a la autoridad. Como autoridad es preferible que cualquier interlocutor representante de un interés particular identifique su condición claramente. El tema es que hay muchos más lobbistas que los que se reconocen como tales. A aquellos que no se identifican explícitamente, como autoridad, me vería en la necesidad de exigir un detalle mucho más estricto de la materia a tratar y a quienes se representa, o no recibirlos. Por eso digo que facilita la relación con la autoridad el reconocer el carácter de lobbista si se ejerce esa función. En lo personal, evitaría recibir a agentes que, sabiendo que representan intereses por una remuneración, no lo indican explícitamente.
-Algunos no se inscribirán...
-Mi consejo es que se inscriban, porque va a quedar registrado si llegan a reunirse con alguien. Todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos quiénes se acercan porque están representando intereses de otros... y los conocemos.
-Todas estas normas apuntan a impedir el tráfico de influencias.
-Sí. Creo que comparativamente tenemos un nivel muy bajo de ese problema. Por mi experiencia en el sector público la mayor parte, abrumadoramente, de los funcionarios públicos toma decisiones en base al bien público. Lo mismo con el sector privado; yo no creo que el sector privado chileno sea particularmente ni explotador ni corrupto, y creo que lo es menos que en la mayor parte de los países, pero los casos que se conocen son los casos en que esto falla.
-¿Considera necesario hacer pública la agenda de un Presidente?
-Creo que la agenda del Presidente puede ser pública en términos generales, pero necesariamente deben reservarse actividades que por los interlocutores, o por el tema, involucran materias que deben mantenerse en reserva. Como algunos relativos a RR.EE. y Defensa.
Lo que debe ser público son las reuniones con grupos de interés, agentes representantes de intereses y, en general, agentes que presentan posiciones y argumentos en torno a políticas públicas en proceso de discusión.
-A días de que se pusiera en marcha la ley, surgió el reclamo de embajadores y parlamentarios.
-No es primera vez que en corto tiempo algunos miembros del Parlamento cuestionan aspectos de una ley recién aprobada. En este caso, aparentemente, las complejidades en hacer públicas agendas que involucrarían a diplomáticos de terceros países no fueron suficientemente discutidas. En mi opinión deben hacerse distinciones en el caso de las relaciones internacionales. Esto no implica dejar fuera del alcance de la ley a los embajadores, sino distinguir entre reuniones con diplomáticos extranjeros en su calidad de tales, y reuniones con agentes y/o lobbistas que representan intereses privados. No es un tema simple, y merece un análisis adecuado.
-En su experiencia, ¿ocurre en el área de la defensa algo similar a lo que sucede con las relaciones exteriores?
-Hasta cierto punto. En el caso de la Defensa también existe una parte de la agenda ministerial que se relaciona con temas sensibles, y se dan reuniones que no pueden hacerse públicas. Asimismo las reuniones con funcionarios de gobiernos extranjeros, e incluso con miembros de la diplomacia, se relacionan con la compra, venta y capacitación en sistemas de armas. Por ello me parece que probablemente será necesario analizar el alcance de la ley también en su aplicación a las máximas autoridades de la Defensa.