Como "un muy buen primer paso" define la aplicación de la Ley del Lobby la directora de Investigación e Incidencia de Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. Asegura que se trata de una actividad legítima y que una buena regulación contribuye a la transparencia y a nivelar la cancha al facilitar el acceso a audiencias con autoridades que toman decisiones.

"Somos de los pocos países que tenemos regulación en esta materia y eso nos pone bastante a la vanguardia", sostiene la especialista. Pero advierte que la fundación mantienen una "actitud vigilante y cooperativa" para evaluar su aplicación y proponer un eventual perfeccionamiento.

-¿Qué factores incidieron en que tardara tanto la ley?

-Hay muchos intereses contrapuestos: empresas, gremios, parlamentarios, políticos que no se sienten cómodos con que se regule el tema, se sentían cómodos con la situación anterior. Estas leyes existen en pocos países, no es algo muy extendido, así que no es raro que Chile sea uno más de los países que se demore en aprobar este tipo de regulaciones.

-Hay quienes piensan que el lobby es algo ilícito, por la búsqueda del predominio de un interés privado en una autoridad que debe decidir sobre asuntos de interés general.

-Esa es otra razón por la cual demoró en aprobarse esta ley. La gente asocia lobby con corrupción y tráfico de influencias, cuando esto último es cuando se compra un favor. El lobby es una actividad absolutamente legítima, siempre se ha hecho y se va a hacer, por lo tanto es mejor transparentarlo en lugar de ignorarlo y que siga en la oscuridad. Si no se regula no podemos diferenciar cuando una persona, empresa u organización se reúne con un ministro o parlamentario para plantearle sus puntos de vista sobre una decisión que se va a tomar, de lo que podría ser una compra o corrupción por detrás.

Regulación a activos y pasivos

-Se ha criticado que la ley haya optado por imponer obligaciones a los sujetos pasivos, en lugar de regular con más rigor a los lobbistas.

-Esta es una ley de transparencia de las autoridades más que una regulación de la industria del lobby, porque Chile no tiene una industria potente de lobby como la que sí existe en Estados Unidos o Canadá, donde se regula exhaustivamente. En el futuro, cuando no sea tan deslegitimado socialmente, se puede empezar a hablar de mayores obligaciones de los sujetos activos. Lo óptimo es un equilibrio entre una regulación a activos y pasivos.

-¿Cuál va a ser la gran prueba de fuego para la eficacia de esta ley?

-La gran prueba de fuego va a ser que efectivamente las autoridades publiquen sus reuniones, todas, no sólo aquellas que se den en sus despachos u oficinas. Por ejemplo, si alguien va al estadio, allí se encuentra con un parlamentario y trata de influir en un proyecto, lo lógico es que ese legislador publique el encuentro. Todo lo que sea lobby o gestión de intereses particulares debe tratarse como tal y no hacerse por el lado, no puede haber vacíos legales o mala aplicación de la ley.

-Con la enorme desconfianza que prevalece en Chile, la gente duda de que efectivamente las autoridades lleguen a registrar todas las reuniones.

-Eso también sucede en países con regulaciones exhaustivas, como EE.UU., y por eso allí las sanciones son muy fuertes y llegan al ámbito penal, lo que inhibe ciertas conductas, porque si te pillan infringiendo la ley te vas a la cárcel. Acá en Chile son multas, así que quizás las sanciones no inhiban las infracciones.

Sanciones penales

-¿Puede abrirse la posibilidad de ir hacia sanciones penales en Chile?

-Absolutamente. Lo que esta ley no regula -y quizás podemos plantearnos hacia el futuro tal como con el financiamiento de campañas- es que los sujetos activos comiencen a transparentar cuánto dinero se gasta en lobby. En EE.UU. esa información es pública y se hacen muchos estudios de cómo el dinero influye en la política, cuánto gastó una industria en lobby y luego fue beneficiada por las regulaciones. Es algo que podemos empezar a conversar en Chile hacia futuro.

-¿Aquí existe vinculación entre el lobby y el financiamiento de la política?

-Absolutamente. Si una empresa dona una cantidad sustanciosa a la campaña de un candidato es probable que cuando se discuta en el Congreso una regulación que la afecta llame al parlamentario, aunque no le cobre directamente el favor, al menos el legislador atenderá la llamada, a diferencia de los de otras empresas u organizaciones que no le hicieron donativos. Al final es un círculo gigante de cómo el dinero influye en política.

-¿Qué rol pueden jugar ONGs como Ciudadano Inteligente?

-Somos fiscalizadores, junto con la prensa, para verificar que se cumplan las obligaciones de esta ley y exigir sanciones en caso de que detectemos que ello no está ocurriendo. Con la información que obtengamos sobre audiencias y reuniones, a partir de enero, contaremos a la ciudadanía cómo se está realizando el lobby. Y si notamos deficiencias, no dudaremos en proponer perfeccionamientos.

-Y se inscribieron como gestores de intereses particulares.

-Sí, lo vemos como una actividad legítima. Hicimos gestión de intereses particulares antes de que empezara a regir la Ley del Lobby, tuvimos varias reuniones con parlamentarios por el tema de financiamiento de la política, tenemos una propuesta y les pedimos reuniones para exponérsela, lo mismo con la ministra Rincón. Solemos hacer esto cuando se están discutiendo temas de nuestro interés, no tenemos problemas en reconocerlo y quisimos hacerlo voluntariamente para demostrar que es una actividad legítima y que ojalá quienes la ejercen se registren.