En el epílogo de la dictadura, las colectividades formaron empresas para asegurar las propiedades. Hoy su meta es regularizarlas.
El fantasma de la confiscación de bienes durante la dictadura aún les pesa a los partidos políticos chilenos. Por eso, mantienen una suerte de multi-RUT: razones sociales distintas bajo las cuales registran parte de las sedes partidarias.
Una estructura que -en el marco de las conversaciones para ampliar el financiamiento fiscal de la política- ya se piensa "regularizar". Eso haría más transparente su patrimonio; hoy hasta las sedes nacionales de varias colectividades aparecen como propiedades de sociedades creadas por militantes, pero no bajo la razón social del partido. Y, por lo mismo, quedan fuera de los balances que la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos les obliga a presentar al Servel.
Once son las propiedades que tiene a su haber Renovación Nacional. De ellas diez están dedicadas a sedes de la colectividad en distintos puntos del país. La otra, corresponde a un terreno en Santa Cruz (VI Región) cuya construcción se cayó con el terremoto del 27/F. Allí se levantaron unos locales que hoy se arriendan a pequeños negocios, como una peluquería y local de comida rápida (cuya especialidad son los completos, churrascos y hamburguesas). Con esa renta se financian las actividades de la militancia local.
Sin embargo, la histórica sede nacional no está a nombre de RN, sino de la Inmobiliaria Antonio Varas S.A., formada en septiembre de 1988 por dos profesionales ligados al partido. Era una manera de resguardar el patrimonio de la tienda en momentos de incertidumbre a fines de los 80.
Por eso, RN no paga arriendo; sólo el gasto de mantención de la casona. Según el balance ante el Servel, en 2013 pagaron por servicios básicos $18 millones 793 mil y $1 millón 58 mil por mantención y reparación de edificios (sedes de todo el país).
El informe deja en evidencia que el gran prestamista del partido (como persona natural) sigue siendo el ex senador Carlos Larraín a quien en 2013 le reembolsaron $75 millones de los $190 millones que prestó para que RN siguiera activo. Aún le tienen que pagar $114 millones.
Pero también hubo ingresos aparte de las cotizaciones de los militantes; recibieron $4 millones 743 mil por intereses de Fondos Mutuos y ganancias por arriendos además de una donación de $10 millones cuyo origen no se especificó.
Donde enfrentan un problema es en Osorno: la mitad de la propiedad de calle Bilbao fue sacada a remate. Lo que pasa es que no fue adquirida por el partido sino por dos connotados militantes de la zona, uno de los cuales tuvo problemas económicos y sus bienes salieron a remate. Hoy los nuevos dueños del 50% del inmueble exigen que se les pague un arriendo.
La UDI como tal, no aparece con propiedades. Ni siquiera la emblemática casona de calle Suecia, donde antes operó la Fundación Azul, de Jaime Guzmán.
Hoy la propiedad está a nombre de Comercial e Inmobiliaria Alhué Ltda., creada en abril de 1979 por tres militantes. Como en otros casos, los socios fueron cambiando y hoy Alhué tiene como dueños dos sociedades (ligadas a gente de la UDI). No se paga arriendo por ella.
Según dicen están pagando la propiedad adyacente en calle Lota, la "Casa de los Senadores" donde además funciona la sede metropolitana. Sin embargo, ésta aparece a nombre de la Corporación de Asuntos Públicos que la adquirió el 2000.
Dos son las sociedades que resguardan el patrimonio del PDC, personería jurídica que como tal posee 13 propiedades. Una es la Inmobiliaria 4 de septiembre Ltda., dueña de la parte del edificio de Alameda 1460 (y estacionamientos), que utiliza la directiva nacional. Y cuentan con otras cuatro: Iquique, Calama, Mulchén y San Felipe (destinadas a sedes).
La segunda y más nueva de las sociedades es "Inversiones e Inmobiliaria Círculo Azul S.A.", creada en marzo de 2005 por el ex ministro Patricio Rojas, el ex diputado Waldo Mora, Carlos Conejeros, José de Gregorio y Edgardo Riveros (hoy subsecretario de RR.EE.). Con el tiempo, los responsables de ella fueron Walter Oliva, Sergio Micco y Eduardo Abedrapo.
El actual presidente del directorio es Renán Fuentealba, quien junto a Carlos Figueroa, Edmundo Hermosilla, Cristina Orellana y Oscar Pizarro integran el consejo de administración (electo por tres años). Círculo Azul es propietario del inmueble de la sede en Puerto Montt.
El PC cuenta con 24 propiedades y 11 vehículos. Todo está a nombre de la colectividad. Y no es para menos tras el embargo -y desalojo- que sufrió su sede en San Pablo 2271 en 2001. La propiedad fue comprada por el partido a nombre de un militante y un pariente suyo en 1975. Cuando el "compañero" murió, su heredero hipotecó el inmueble, no pagó sus obligaciones y la casona se remató y la adquirió una empresa que exigía arriendo.
Además de la experiencia, quedó una fotografía que inmortalizó a la desaparecida Gladys Marín forcejeando con carabineros que pretendían sacarla del lugar.
Hoy la sede de San Pablo sigue en manos del PC (tuvo que pagar el arriendo atrasado que se le imputó), así como la casa Museo Michoacán que les heredó Matilde del Carril, la mujer de Pablo Neruda.
La mayor parte de las propiedades son sedes partidarias, salvo el inmueble donde funciona el Instituto Alejandro Lipschutz. Y en su balance aparece un crédito hipotecario del que aún adeudan $143 millones.
Trece propiedades tiene actualmente el Partido Socialista. La colectividad más sólida en materia de activos ($8 mil 320 millones). Todas corresponden a sedes provinciales y comunales, además del domicilio principal en calle París.
No tiene empresas asociadas aunque la "comisión de patrimonio" -que gerencia el capital partidario- opera en el mercado tomando depósitos a plazo o inversiones en dólares (US$ 1 millón 349 mil). En 2013 ganaron en intereses por depósitos a plazo $17 millones 896 mil.
El PS tiene un préstamo en Corpbanca (por elecciones de 2009) por el cual pagó $102 millones (le restan $417 millones); aporta a su propio sindicato de trabajadores ($595 mil); y recibe menos de $5 millones anuales por el comodato de un pequeño local, junto a su sede principal.
El alter ego radical en materia de sociedades es "Comercial e Inmobiliaria El Mosaico", sociedad anónima que, en mayo de 1988, constituyeron Enrique Silva Cimma, Juan Agustín Figueroa, Eduardo Jara Miranda y Mario Cabeza, entre otros.
El Mosaico es dueña de la casona de Londres 57. La compró en 1989 y está avaluada en más de $177 millones. Sigue a su nombre, pero existen papeles notariales donde se oficializa el traspaso al partido. Un trámite que en el PRSD también están pensando regularizar en los próximos meses. Esa inmobiliaria también compró en 2011 un departamento en calle Merced.
Bajo el RUT del PR, los radicales cuentan con 5 propiedades, cuatro de las cuales son sedes. La quinta, en Talca, con el terremoto de 2010 se cayó y hoy el terreno se arrienda a una caja de compensación.
También tienen depósitos a plazo y declaran inversiones en El Mosaico por $132 millones 70 mil 568. Entre sus obligaciones aparece el pago de $310 mil a la Internacional Socialista.
El PPD arrienda su sede central de Santiago y el único bien raíz que registra es uno en la comuna de Diego de Almagro (Región de Atacama) avaluado en poco más de $2 millones. Esta localidad fue por años conocida como Pueblo Hundido.
24 propiedades y 11 vehículos mantiene a su nombre el Partido Comunista, es el que declara más inmuebles.
En 1999 pudieron reclamar bienes confiscadosDurante gobierno militarGracias al programa de Restitución e Indemnización de Bienes Confiscados cinco partidos (PDC, PS, PC, PRSD y RN) lograron recuperar parte de lo incautado durante el régimen militar.
Este grupo, en su conjunto, logró la devolución de 56 propiedades y la indemnización por otras 96, lo que implicó una suma cercana a los $12 mil millones.
El PPD no se incluyó en la lista, pero en 2000 recibió una compensación de parte del radicalismo de $300 millones para que se desistieran de reclamar un inmueble de calle Miraflores que perteneció al Partido Izquierda Radical (PIR) de los cuales también se consideraban sus sucesores.
Al final el PPD se desistió y años después el PR vendió la propiedad.
El programa -creado bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle- se extendió entre 1999 y 2001. Fue coordinado por el Ministerio de Bienes Nacionales.
