Ex ministros de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo y Cristián Larroulet, cuestionaron al gobierno en elaboración e implementación de nueva disposición.
La ministra Rincón expuso hoy en el seminario "Transparencia es Confianza".
Foto CLAUDIO CORTES
Las nuevas disposiciones incluyen que varias autoridades -ministros, subsecretarios, jefes de servicios, parlamentarios, entre otros- informen las reuniones que tengan con personas que busquen promover intereses particulares con el objetivo de influir en decisiones.
Los cuestionamientos surgieron a raíz de dos focos. Primero, las desechadas conversaciones de ayer para postergar la aplicación de las normas en el Congreso. Esto fue pedido por el senador UDI Hernán Larraín (mandatado por la Cámara Alta) a la ministra Segpres, Ximena Rincón, quien evaluó "diferir la entrada en vigencia", como dijo el miércoles en el Senado. Finalmente, en medio de críticas de diputados, la idea fue retirada.
En segundo lugar, el reclamo de Cancillería, planteado sólo en las últimas semanas, de que la publicación de reuniones reservadas afectaría la labor diplomática y la defensa de los intereses del Estado. Ante esto, la Segpres espera un pronunciamiento de la Contraloría y podría enviar una enmienda al Parlamento.
En este contexto, el ex ministro Segpres del primer gobierno de Bachelet y actual presidente de la ONG Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo, dijo hoy que "me parece lamentable que las autoridades vacilen, y a la hora undécima formulen aprensiones o críticas, que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer presentes en el debate legislativo, y también el Ejecutivo cuando podía usar el veto".
El ex senador PS agregó que "las críticas no se pueden improvisar en el último minuto. Me parece muy bien que el gobierno haya decidido desechar todas esas vacilaciones, poner en marcha la ley, y que se cumpla".
-¿Qué le parece que el gobierno haya pensado aplazar la puesta en marcha de la ley?
-Creo que las autoridades no pueden vacilar. Todas las autoridades.
A su turno, el ex titular de la Segpres del gobierno de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, dijo que "ha transcurrido alrededor de un año para capacitar, dar instructivos y generar reglamentos para una adecuada aplicación. Desgraciadamente al igual que muchas otras materias, el Gobierno ha sido muy negligente en esto".
Apuntando al problema en RR.EE., Larroulet sostuvo que "el proyecto original enviado hace diez años por el Presidente Lagos ya incluía a los embajadores. Por lo tanto es un síntoma de irresponsabilidad que 24 horas antes se empiece a cuestionar. Más aún cuando al parecer no se leyó la ley, dado que la obligación única del embajador es informar la actividad que tiene que ver con acción de lobby; no sus reuniones en función del interés general del país".
Consultado por quienes sostienen que el defecto de la ley es que carece de un registro de lobbystas, dijo que "ese es el discurso de los que no quieren que haya ley de lobby. El contralor de Perú, en un seminario de la Contraloría chilena, dijo que hicieron un registro y el resultado fue un fracaso: no más de 6 se registraron".
Esta mañana, en el seminario "Transparencia es Confianza" organizado por la Segpres, la ministra del ramo, Ximena Rincón, se defendió de las críticas. "Esto no fue una vuelta de carnero. (Aplazar la entrada en vigencia) Era algo que estábamos evaluando. Ayer dije que lo estábamos analizando pero nunca tomamos la decisión. El propio Parlamento ha dicho que no lo necesita y que está listo", afirmó.
En todo caso, Rincón atribuyó al gobierno de Piñera el contenido de la norma. "Es una ley de la República que el gobierno del Presidente Piñera impulsó de la manera que salió y es, por tanto, un texto oficial que nos obliga a todos. No nos satisface porque los sujetos activos de lobby no están obligados por esta ley y lamentablemente el gobierno anterior solo puso el foco en los que somos los sujetos pasivos de lobby".
Aludiendo a la época en la que fue senadora, explicó que "muchos no estábamos de acuerdo en aquello y queríamos incluirlo, pero no fue posible porque (la facultad de cambiarlo) era exclusiva del gobierno de Piñera".
Así, anunció que "con la ley ya dictada, el gobierno (...) decidió que íbamos a ir evaluando con el tiempo suficiente para ver qué pasaba con el desarrollo de la ley, para hacerle cambios que recogieran la experiencia". Y apuntó a la falta de fiscalización a los llamados telefónicos y mails con fines de lobby: "Es parte de las cosas que de aquí al primer semestre del próximo año debiéramos evaluar y consignar en un proyecto de ley, más aquellos errores de forma que tiene el texto en su articulado".
"Habría sido conveniente diferir el inicio de esta reglamentación para tener todos los equipos preparados", enfatizó hoy el senador UDI Hernán Larraín, quien -como presidente de la comisión de Ética de la Cámara Alta- abordó con el gobierno opciones para retrasar la entrada en vigencia de la ley. "Pero nos dimos cuenta de que el gobierno no podía hacer eso a través de un reglamento, sino que a través de un proyecto de ley, y en ese escenario decidimos que no era conveniente un proyecto, y que era mejor partir con lo que teníamos", agregó.
Entre los problemas que presenta la norma, el parlamentario destaca que "para quienes estamos sujetos a estas obligaciones es difícil definir si estamos ante una actuación de lobby: cuando se trata de reuniones no programadas que se confunden con situaciones de carácter social".
También desestimó que el Congreso deba hacer un mea culpa -considerando que la ley se despachó hace meses-, argumentando que hay criterios que "recién se han resuelto en el reglamento". Por ejemplo, dijo, "estaba claro que hay que registrar viajes y donativos, ¿pero cuáles?"
