Estudian cambio el próximo año tras emplazamientos de líderes de Cámara y el Senado.
Un sabor amargo dejó entre las máximas autoridades del Parlamento el fugaz trámite del proyecto de reajuste a las remuneraciones de los trabajadores del sector público, después de que el tema pusiera en primer plano el hecho de que el mejoramiento salarial significaba un incremento en unos 500 mil pesos en las dietas de senadores y diputados.
Ello, debido a que el proyecto también beneficia a las autoridades más altas, de categoría A (la Presidenta), B (ministros y parlamentarios) y C (subsecretarios).
El "descontento institucional" fue canalizado en términos enérgicos por los máximos titulares de la Cámara y el Senado a sus interlocutores en el Gobierno, particularmente los ministros del comité político.
Algunos diputados y senadores tomaron la iniciativa de presentar indicaciones para excluir a las más altas autoridades políticas del reajuste del 6% propuesto, que fueron declaradas inadmisibles por invadir una atribución privativa del Presidente de la República, cual es fijar y modificar las remuneraciones de los servidores públicos.
Junto a ello, el diputado Aldo Cornejo y la senadora Isabel Allende le reprocharon al Ejecutivo por no diferenciar el reajuste, ni clarificar que ello es de su exclusiva iniciativa y no compromete al Parlamento.
"Espero que el ministro Peñailillo haya escuchado. Es más, me dijo que efectivamente, con tiempo, es posible que el próximo año podamos hacer una escala diferenciada (de reajuste)", confidenció la titular de la Cámara Alta.
Allende no sólo encaró las quejas de los senadores patrocinantes después de declarar inadmisible la indicación y negarse a someterla a votación -la suscribían Carlos Bianchi, Baldo Prokurica, Antonio Horvath y Lily Pérez- sino que además asumió el costo de desalojar de las tribunas del Senado a los representantes de la ANEF, quienes encabezados por su presidente Raúl de la Puente, clamaron por la situación de privilegio de los parlamentarios después de resignarse a la derrota tras no lograr que en el Congreso se elevara más allá del 6% el reajuste propuesto por el gobierno.
Previamente, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ignoró un llamado del presidente de la Cámara a que el gobierno tomara la iniciativa de proponer un reajuste escalonado o que excluyera a los grados A, B y C de la administración pública. "La respuesta es una sola; hemos hecho un acuerdo con los gremios y vamos a llevar adelante exactamente ese proyecto", se limitó a decir Arenas cuando la prensa le consultó por el emplazamiento del diputado Aldo Cornejo.
Esta mañana, el titular de la Cámara volvió a la carga.
"Reitero lo dicho en el día de ayer, aquí es muy fácil apuntar a los parlamentarios, pero hay que ser serios y responsables y lo vuelvo a decir, tal como emplacé ayer al Ministro de Hacienda, la facultad de poder disminuir, aumentar o modificar reajustes en el sector público es del gobierno, no de los parlamentarios, así que insisto, no pretendan sacar las castañas con la mano del gato. Esperamos que el Gobierno recoja el emplazamiento", expresó.
"Pretender modificar este tema de otra forma sería vulnerar la Constitución y eso no lo vamos a hacer, seamos serios", remarcó Cornejo.
Por su parte, esta mañana, en La Moneda, la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, recordó que "este tema la Presidenta Bachelet lo planteó en su gobierno anterior y se rechazó por parte de los parlamentarios, el poder hacer un reajuste escalonado como existe en otros ámbitos, como las asignaciones familiares por ejemplo".
"Es un tema que se recogió en el debate, se va a estudiar para que esto no vuelva a ocurrir, pero lo cierto es que todos los altos cargos, tanto parlamentarios como ministros y subsecretarios, no tienen rebajas impositivas, que es algo que la Presidenta impulsó en la última reforma tributaria y esto también hay que destacarlo", hizo presente la secretaria de Estado.
La bancada de diputados de la DC presentó hoy un proyecto de acuerdo para solicitar a la Presidenta Bachelet un mecanismo escalonado de reajuste a las remuneraciones del sector público, y un método de reajuste permanente para los tramos que más ingresos reciben en el aparato estatal. Proponen un nuevo sistema que "en base a la proporcionalidad inversa, haga que los funcionarios que ganen menos, obtengan efectivamente un mayor aumento porcentual en sus ingresos". A la vez, "un mecanismo permanente para el reajuste de los sueldos más elevados. La dieta de un parlamentario está determinada por el salario que recibe un ministro de estado. No somos partidarios de que, año a año, el Parlamento discuta sobre el aumento de sus ingresos. Dicho aumento debiera estar determinado por datos como la inflación o un porcentaje fijo año a año".
