Serie: El costo de financiar la política. Sumado el aporte por voto y lo que deja de percibir en impuestos (por la franquicia tributaria a las empresas).
El 68% de los US$ 100 millones que costaron, en total, las elecciones generales de 2013 (presidencial, parlamentaria, cores y segunda vuelta) los pagó el Fisco y sólo un 15% provino de los bolsillos de la empresa privada.
Los porcentajes -que obtuvo "La Segunda" descontando del aporte reservado la rebaja tributaria que obtuvieron las empresas ($ que dejó de percibir el Estado)- dejan claro cuál es el real sustento del financiamiento de las campañas políticas, justo en momentos en que el Gobierno propone un aumento del aporte estatal, eliminando aquel "reservado" del mundo empresarial. Proyecto que también habla de acotar gastos, mejorar la fiscalización del Servel y limitar la propaganda.
Desde que partió la ley que entrega incentivos tributarios para quienes donen dineros a la actividad política, el ítem de "aportes reservados" ha ido en alza (ver infografía). Dicha ley promueve que los donantes puedan descontar, ya sea como gasto o como crédito contra el impuesto, parte o el monto total de la donación. En 2013 según datos proporcionados por el SII, un total de 188 empresas solicitaron rebaja de $13 mil 700 millones que, para nuestro ejercicio, sumamos a los $26 mil 452 millones que el Fisco pagó a los candidatos por voto obtenido. Esa cifra, representa el 68% del total del costo que mencionamos al comienzo.
El análisis muestra que las elecciones que más motivan al mundo empresarial son las parlamentarias:
- La de senadores: el aporte reservado significó el 53% del total del gasto de campaña.
- La de diputados: un 40%.
El actual aporte fiscal tiene mayor relevancia en la presidencial: cubre el 50% de lo que se gastó entre la primera votación y el balotaje del año pasado.
Superada sólo por la de consejeros regionales (cores), donde las platas públicas representaron el 71% de los gastos que se hicieron.
En el caso de las municipales de 2012 el aporte real del fisco fue de un 54% (sumados votos y franquicia tributaria) de los casi 28 mil millones que se pagaron en la contienda de alcaldes y concejales.
La eliminación de estos aportes reservados no genera unanimidad en el mundo político, donde sí se coincide en la necesidad de regular la relación entre el dinero y política.
Cristina Orellana, de la DC, no tiene inconvenientes en que el mundo privado aporte en política siempre y cuando se identifique: "Para la campaña no es importante quién ponga la plata, sino que se sepa quién fue. El tema es que no haya conflicto de interés".
Alejandro Navarro (presidente del MAS) y Ernesto Velasco (presidente del PR) creen que simplemente los gastos reservados deben prohibirse. Velasco agrega: "Las verdad es que los aportes reservados benefician más a unos que a otros y con eso no se empareja la cancha".
Teodoro Ribera (RN) defiende la existencia de estos aportes y cita informes de la OCDE con casos de este tipo de financiamiento, pero con limitaciones. "Se pueden establecer límites al aporte reservado y generar incentivos para que una parte pueda ir a un pozo común que se distribuya entre todos los candidatos, especialmente aquellos que no tienen mecenas", sugiere. Lo importante, dice, es que lo que hay que evitar es que esto conlleve contraprestaciones "y que el dinero influya en las decisiones posteriores".
La propuesta de la UDI apunta a un sistema mixto donde se aumente significativamente el aporte fiscal a las campañas, se limite el aporte reservado de personas jurídicas a un candidato a un máximo del límite de gasto autorizado (hoy es de un 10%), que la ayuda de las personas naturales tengan un máximo de 20 UF; y se eliminen los aportes anónimos. Alternativamente proponen una fórmula que permita que los aportes reservados sean canalizados a través de los partidos políticos que a su vez, asignarán los recursos a los candidatos.
45,9%del costo total de las elecciones de 2013 se destinaron a propaganda
