Serie: El costo de financiar la política. Gobierno proyecta una ayuda (fija y variable) para la mantención de las colectividades.
Poco más de $18 millones gastó durante el 2013 el Partido Socialista en servicios básicos como luz, agua, teléfono y gas; los radicales pagaron $3 millones anuales por los mismos productos (sin incluir el gas).
El ejemplo, deja en evidencia lo disímiles que pueden llegar a ser los costos generales de mantener un partido político en Chile. Precisamente el ítem que podría empezar a financiarse si la propuesta del Ejecutivo logra apoyo en el Parlamento.
Hasta ahora las autoridades han esbozado un aporte básico para gastos generales, así como uno variable que dependa del rendimiento electoral, de la existencia o no centros de estudios y si cuentan con mujeres candidatas.
Para el primer punto -gastos generales- analizamos los balances que desde el 2005 presentan siete colectividades (PC, PDC, PPD, PR, PS, RN y UDI).
La evolución, en estos nueve años (ver gráfico) muestra que se han ido reduciendo estos costos: se pasó de $4.487 millones en 2005 a $1.935 millones en 2013 (una baja del 57% en términos nominales).
Los que más desembolsaron en 2013 en esta área son la UDI ($580 millones) y el PS ($443 millones); los que declararon menos gastos, el PR ($72 millones) y el PC ($117 millones). Y de acuerdo con estas cifras, el promedio anual por partido sería de $242 millones, considerando las colectividades de carácter nacional, cifra que podría disminuir en aquellas que sean reconocidas sólo a nivel regional.
Para Ernesto Velasco, presidente del PR, "en todo sistema democrático se tiene que distinguir entre un partido legalmente constituido de carácter nacional y uno regional. Pero todos deben tener un aporte basal, aunque sea un mínimo, que permita cubrir gastos operacionales y el funcionamiento básico".
Velasco está de acuerdo en que los partidos desarrollen capacitación con sus centros de estudios y con la idea de que "los resultados electorales debieran ser incidentales al momento de establecer un complemento al aporte basal. Ahí habría un sistema equitativo", sostiene.
En la falange, Cristina Orellana, integrante del consejo de administración del PDC, señala que considerar un aporte basal por partido es muy relevante: "Se dirá que es mucho o poco, pero el partido está en operaciones todo el año. Tenemos que pagar las contribuciones, el agua, la luz. Les pagamos a ocho personas que son de planta en el partido: las secretarios, los ayudantes", describe. De hecho, durante el 2013 el PDC erogó poco más de $247 millones en este ítem.
En RN, el ex ministro y doctor en Derecho Teodoro Ribera -integrante de la comisión especial que prepara una propuesta sobre el tema- comparte la idea de una ayuda al gasto, que sea mínima y estandarizada: "Tiene que estar siempre vinculado a que el partido tenga un nivel de representación parlamentaria o un nivel mínimo de votos". Y alerta: "En un sistema democrático, los partidos no son el Estado; su función es dirigir o controlar al Estado, pero no ser parte de éste. El riesgo de hacer una ley que permita que gran parte de los recursos provengan del fisco es la estatización de los partidos".
Ribera apunta a que los partidos debieran más bien autofinanciarse "de acuerdo al aporte que reciben de sus adherentes y militantes".
"Hay que tener cuidado. Un financiamiento muy dadivoso de los partidos, por el solo hecho de ser tales, va a fomentar mucho más el multipartidismo y va esconder el caudillismo, 'yo me separo y tengo financiamiento'. Por eso, un tema serán las exigencias para ser partido, porque de lo contrario eso puede conllevar a una atomización donde se pierdan concepciones globales del Estado", indica.
La UDI presentó una propuesta mixta de financiamiento a los partidos que incluye la asignación basal (para gastos operacionales y contratar personal), que se destinaría los recursos según la presencia territorial, nacional o regional.
Asimismo, habla de un aporte variable relacionado con el peso electoral (determinado por presencia parlamentaria) que sería la fuente principal, y otro complementario vía matching funds (contribuciones de personas naturales que sean aparejadas por ayuda estatal).
Desde la vitrina de los partidos chicos las cosas se ven distintas. El senador Alejandro Navarro, presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), sostiene que "hay un factor de discriminación intrínseco en una modalidad fija y variable" como se propone. A su juicio, lo mejor es aplicar un principio de igualdad: "Es un tema a debatir, pero tiene que ser un modelo coherente con el modelo de representación territorial y representación parlamentaria, que cuenta con los mismos aportes. Y no que a los partidos chicos se les apliquen aportes de acuerdo a la cantidad de militantes o su representación".
El MAS, según el balance de 2011, gastó ese año $5 millones 694 mil en gastos generales. Esa es la última cifra validada por el Servel que rechazó la presentación financiera de 2012 e hizo una denuncia por lo mismo ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). El argumento del Servel es que no era un balance, sino cuatro hojas oficio con alguna información contable y sin documentación de respaldo, por lo que no cumplía con la ley.
Una de las vías de financiamiento en que hay consenso es el de mantener y promover las cotizaciones de los militantes.
La UDI habla de crear incentivos tributarios para las personas naturales y mantener los aportes de las personas jurídicas con fines de lucro. Esto último no es compartido en la Nueva Mayoría, donde se quiere erradicar el aporte de las empresas.
"Sí es absolutamente legítimo que las personas aporten a su partido, como uno lo hace al Hogar de Cristo o a la Teletón", indica Ernesto Velasco.
Cristina Orellana asegura que es perentorio "seguir recibiendo la cuota de los militantes". En la DC se cobra el 3% del líquido del sueldo de cada militante.
En 2013 los siete partidos analizados declararon haber recibido como cotizaciones ordinarias $826 millones, cifra que representa sólo el 43% de lo que erogaron en el mismo periodo por gastos generales.
