Diputado Walker (DC) y senadora Von Baer (UDI) acusan discriminación que afecta a sus regiones.
El ministro hoy en la Cuarta Subcomisión.
Foto RICARDO ABARCA
Con una inmediata queja de parlamentarios de regiones por lo que consideran una discriminación en contra de las universidades regionales con vocación pública se inició esta mañana el análisis de la partida de Educación en la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, que sesiona en la sede del ex Congreso, en Santiago.
Al grupo parlamentario acudieron el ministro Nicolás Eyzaguirre, la subsecretaria Valentina Quiroga y un nutrido equipo de la cartera. Y junto a los titulares de la subcomisión que preside el senador Carlos Montes (PS), concurrieron varios parlamentarios, entre ellos los diputados de la llamada bancada estudiantil Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), además de los senadores Alejandro Guillier (independiente) y Rabindranath Quinteros (PS).
El ministro detalló los distintos ítems presupuestarios para todos los niveles de enseñanza y en el caso de la educación superior puso de relieve la asignación de $23.188 millones a las universidades estatales a través de un convenio marco y de $7.299 millones para los planteles que conforman el G-9 dentro del CRUCh.
Tras la exposición, el diputado Matías Walker (DC) señaló que la principal universidad de su región (Coquimbo) es una filial de la Universidad del Norte, lamentando que la entrega de fondos basales sólo se dé a planteles estatales y no a aquellos privados con vocación pública, agregando que el programa de gobierno no excluye a estos últimos de los aportes presupuestarios, sobre todo si están acreditadas y tienen cupos de equidad.
El mismo reclamo planteó la senadora Ena Von Baer (UDI), tras hacer notar que en la Región de los Ríos se ubica la Universidad Austral -que también provee bienes públicos- y no existen universidades estatales.
La parlamentaria de oposición también acusó discriminación en el nivel escolar en perjuicio de la educación particular subvencionada, señalando que el Gobierno está redireccionando la mayoría de los recursos públicos a los colegios municipales, desatendiendo a otros establecimientos que tienen niños vulnerables.