Cuestionamientos cruzados, la oposición fuera de foco, el gobierno con un inesperado respiro, los privados de nuevo en la mira y una trama que amenaza con endurecerse son claves del estallido del caso Penta.
Por P. Durán, M. Soto e I. Morgan
"No habrá un manto de impunidad", dijo el ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, el lunes pasado. El objetivo, dicen en La Moneda, no era sólo descartar la idea de que el Ejecutivo estaba involucrado en un pacto con la UDI para frenar la investigación del caso Penta. También, dicen las mismas fuentes, la frase buscaba tomar la mayor distancia posible de la polémica en su totalidad: detrás está el convencimiento del gobierno -y de varios en los partidos- de que la crisis ahondará aún más el descrédito ante la opinión pública de la clase política y la empresarial, afectando no sólo a la UDI, Andrés Velasco y el grupo Penta, hasta ahora los principales indagados.
La inédita y "absurda" -según un diputado DC- aprobación de dos comisiones investigadoras el martes en la Cámara Baja, para que revisen en forma paralela las platas políticas, apuntó de nuevo las críticas al ya poco apreciado Congreso y la casi nula efectividad de ese tipo de instancias, sobre todo cuando los parlamentarios se indagan a ellos mismos.
A juicio del gobierno, la estrategia de la UDI de ampliar las investigaciones en la Cámara a todas las campañas políticas, desde 2005 en adelante, sin antecedentes concretos de irregularidades, no hace sino contribuir a que los costos de la crisis se repartan entre todos.
Y que Andrés Velasco, asiduo francotirador de las "malas prácticas" y crítico de los vicios de los partidos, guardara silencio por varios días y viera desde EE.UU. su casa allanada por la policía tampoco ayuda a contener el descrédito.
Incluso, los "sinceramientos" de varios -como el diputado UDI José Antonio Kast o el ex ministro José Miguel Insulza- diciendo que los candidatos saben quienes les entregan los aportes "reservados", debilitan dicha normativa.
Los investigadores tampoco se salvan: en medio de la crisis, la Fiscalía ha recibido críticas de la UDI por filtraciones. Y ayer, voceros de Andrés Velasco insinuaron móviles políticos detrás del publicitado allanamiento a la residencia del ex ministro. El Servicio de Impuestos Internos, en tanto, ha recibido "fuego amigo" de la Nueva Mayoría por demorar su pronunciamiento y presentar sólo una denuncia y no una querella.
Algo similar pasa con los empresarios: varios creen que se reinstalará el reclamo contra los "abusos". Esta vez, abusos no directamente contra los consumidores -como tras el escándalo de La Polar-, sino que derechamente ante la ley.
No hubo espacio para mucho más. Las reuniones de directiva y los almuerzos de bancada de los partidos de la Alianza tuvieron prácticamente un sólo tema esta semana. Y no es que no hubiesen otros asuntos de interés en marcha: en medio de la votación en el Senado del Acuerdo de Vida en Pareja, la compleja situación de varios parlamentarios del sector restó prácticamente cualquier potencia al diseño de marcar una oposición "dura" y "desde los principios", como habían definido desde hace semanas.
Un efecto similar ocurrió en el debate sobre la reforma educacional: a principios de semana, la Alianza buscó endurecer su discurso antes del inicio del debate en el Senado. El despliegue, sin embargo, quedó sepultado en medio de la tensión por el caso Penta.
La UDI, sobre todo, no tuvo más actividades por estos días que el incesante control de daños. El fallido intento de avanzar en un acuerdo con el gobierno -para obtener algo de aire y espacio político ante las denuncias de irregularidades- levantó reservadas, pero no pocas, críticas internas a la directiva de Ernesto Silva. El nexo familiar del diputado con uno de los controladores de Penta -su tío Carlos Alberto Délano- está en la mira de varios de sus opositores al interior del gremialismo. Por ahora, abrir los fuegos de manera expresa es tabú: significaría ahondar aún más la crisis de la colectividad.
RN, en tanto, trató de desmarcarse apoyando la comisión investigadora impulsada por la Nueva Mayoría, hasta que vio cómo uno de sus ex candidatos -el ex diputado Alberto Cardemil- aparecía en la lista de los indagados.
Caída del respaldo a la Presidenta Bachelet, una reforma educacional bajo constantes críticas -desde la Alianza y el ala izquierda del oficialismo- y una economía a la baja al inicio del debate sobre el Presupuesto 2015. El cuadro existe y sigue existiendo, pero no más en las primeras planas: la atención puesta en el caso Penta ha significado -en caso de que los cuestionamientos a la clase política no afecten al Ejecutivo, se admite- un respiro para el gobierno.
Y La Moneda pretende aprovechar la ventana: en medio de la tormenta, apuró contactos con RN y Amplitud para un acuerdo por el binominal. Una reforma histórica, con sus principales detractores -el gremialismo- aislados y enfrentando una crisis es un escenario que pocos se imaginaron en Palacio. El ministro Alberto Arenas (Hacienda), por su parte, iniciará el lunes en el Congreso la discusión sobre el Presupuesto con la mitad o menos de la atención que capturaba hasta hace dos semanas.
Luego, el gobierno impulsará otro cambio relevante: al financiamiento de la política.
El cuadro complejo no se circunscribe a la política. Las denuncias realizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra las diferentes filiales del Grupo Penta han generado incertidumbre entre los actores del mercado financiero, por el efecto que podrían generar los cuestionamientos a las operaciones del conglomerado que cuenta con un banco, compañías de seguros y una corredora de bolsa.
De hecho, en los próximos días el caso será analizado por el Consejo de Estabilidad Financiera y el Comité de Supervisores del Sector Financiero, entidades que se preocupan de la estabilidad del sistema financiero con el propósito de evitar una crisis en cadena.
Aunque se admite que no es propio hablar de una eventual crisis sistémica, sí se temen algunos efectos dominó acotados y, sobre todo, aumento de desconfianza: tanto entre actores financieros, como empresarios que dejen de realizar aportes de campaña. Otros creen que puede endurecerse el discurso crítico de la opinión pública ante los empresarios, reeditando las críticas ante los "abusos".
En ese cuadro, un punto bajo monitoreo es la posibilidad de que Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín tengan que dejar sus cargos de directores del Banco Penta, en caso de que la Fiscalía Oriente determine imputarlos judicialmente, ya que la Ley de Bancos prohíbe que una persona procesada desempeñarse en dichos cargos.
De acuerdo con los Estados Financieros publicados por la SBIF, en términos consolidados, el Banco Penta mantenía al 31 de diciembre de 2013 un patrimonio de US$ 187 millones, cerrando el 2013 con un indicador de solvencia de 16,79%, superior al índice de capital sobre activos ponderados por riesgo mínimo de un 8%.
La Clasificadora de Riesgo ICR señala que a enero de 2014, la participación de mercado del Banco Penta es de 0,4%, ocupando el 16° lugar en el ranking de colocaciones totales. El mismo informe de ICR consigna que las utilidades de Penta Corredores de Bolsa fue de US$9 millones, sexta en el ranking considerando las comisiones por operaciones bursátiles.
"El caso MOP-Gate duró desde 2003 hasta hace pocos meses...", era uno de los comentarios que se escuchó con frecuencia esta semana entre personeros de gobierno y oposición. Varios aludían a que una investigación tan compleja como la desatada por el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público contra el grupo Penta -y su resonante "arista política"- no debería ser muy distinta, al menos en extensión, del caso que puso en jaque al gobierno de Ricardo Lagos y que, pese al acuerdo político sellado en 2003 con la UDI para contener sus efectos, se mantuvo activo en tribunales hasta hace pocos meses atrás.
Esta es, por ahora, la única certeza, dicen en el oficialismo y en la oposición. Proyectar los costos y fijar los cortafuegos que eviten descalabros mayores es, a estas alturas, casi atrevido, admiten varios. Por de pronto, la fiscalía sorprendió al activar con rapidez allanamientos a la casa de Andrés Velasco, oficinas de Jovino Novoa y una ex empresa de Laurence Golborne.
Más allá de las nuevas diligencias que encarge el fiscal Carlos Gajardo, en La Moneda adelantan lo que marcará un nuevo hito: en cerca de un mes más, se prevé, la fiscalía deberá consultar nuevamente a Impuestos Internos -ahora con más información sobre la mesa- si impulsará alguna acción legal contra los emisores de boletas supuestamente falsas. La posibilidad de una querella del organismo fiscalizador contra personeros políticos ahondaría más la crisis, coinciden varios.
Ese sería, dicen en Palacio, uno de los peaks en una trama que bajaría y subiría en su intensidad de manera continua.
En este cuadro, La Moneda ya ha definido algunos tiempos políticos: con cálculos optimistas, dentro de noviembre espera tener aprobada nada menos que la reforma al sistema binominal.
Sólo después de eso, con la crisis de Penta coyunturalmente fuera de las portadas, el Ejecutivo enviaría al Congreso un proyecto para modificar el financiamiento de los partidos y las campañas políticas.
¿Posibilidad de un acuerdo con la UDI en este asunto? Disponibilidad del gobierno habrá, dicen en La Moneda, pero con la amenaza siempre latente de levantar las críticas por el caso Penta en caso de que el gremialismo intente bloquear algunas de las medidas propuestas, como el fin de los aportes de las empresas, ya propuesto en un proyecto de ley por la primera administración de Michelle Bachelet.
La Alianza, en el corto plazo, sumida en control de crisis. La directiva UDI de Ernesto Silva, coinciden varios en el partido, estará enfrentada a su prueba de fuego, que marcará el éxito o fracaso de la llamada "generación de recambio" de dirigentes en dicha colectividad. Y la cúpula empresarial deberá hacer frente a una nueva crisis, evaluar sus efectos y tomar nuevas determinaciones.
