Política
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Bravo vincula a dueños del grupo en aportes a campañas políticas

"Eran instrucciones de los socios controladores", señaló en demanda presentada el viernes pasado.

por:  M. Urzúa y V. Candia
martes, 07 de octubre de 2014
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Tres párrafos que abordan directamente los aportes irregulares a políticos realizados por el grupo Penta incluye la demanda laboral interpuesta el viernes pasado ante el Segundo Juzgado del Trabajo por el ex director de esa empresa, Hugo Bravo.

Dicha demanda fue presentada por Bravo una semana después de que los dueños de Penta se querellaran contra él por amenazas, por supuestamente haber pedido dinero a cambio de no entregar información para la investigación penal. Todo, justo después de que se conociera la arista sobre platas políticas indagada por la fiscalía.

Aunque los abogados que presentaron la demanda -por $2.300 millones- no son los mismos que defienden a Bravo en la investigación penal que se lleva en la Fiscalía Oriente, lo expuesto en ella devela la línea de defensa que se seguirá en esta otra instancia: que en lo que respecta a los aportes a campañas, él siguió órdenes.

Según él, esto quedaría en evidencia primero por los montos: "No es posible creer en atención a la supuesta envergadura de los supuestos pagos "extraordinarios" a supuestas campañas políticas, que ellos han sido efectuados o atribuidos al denunciante (los abogados patrocinantes se refieren así a Bravo) como una gestión personal o sistema irregular para entregar dichos aportes, puesto que claramente las sumas que la prensa señala no podrían mas que haber sido conocidas por los socios controladores del Grupo", señala.

"Instrucción de controladores"

Continúa sosteniendo que "no es razonable ni menos creíble que el denunciante (Bravo) haya por sí y ante sí adoptado la decisión de efectuar pagos extraordinarios mediante la emisión de boletas de honorarios de terceros por servicios que jamás fueron prestados al grupo y por los montos que describe la prensa a diversos políticos del país, sin que ello fuera el cumplimiento de una instrucción directa y concertada de los socios controladores del holding Penta".

El rol del contador del grupo

Para Bravo, la evidencia más palpable de que no actuó por sí mismo en este tema es la participación que en esto le cabría al contador del grupo, Marcos Castro Sanguinetti. "El denunciante (Bravo) es apoderado con primera firma clase UNO en la empresa Inversiones Penta III Limitada y en la sociedad Inmobiliaria Los Estancieros S.A., ambas ligadas al grupo de empresas Penta, debiendo cualquier tipo de cheques que éste suscribiera, ser además firmado por el contador de confianza de los socios controladores del grupo, Marcos Castro, lo cual demuestra con absoluta claridad que dichas acciones y eventuales operaciones no podían ser realizadas autónomamente por el denunciante y por ende, obedecían a instrucciones impartidas por los socios controladores, quienes claramente tenían conocimiento de ellas".

Marcos Castro Sanguinetti también es hoy investigado en la causa que lleva el fiscal jefe de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, y ha sido citado a declarar en varias ocasiones, incluyendo la toma de un testimonio vinculado justamente a las platas políticas.

Para Bravo, resulta "curioso" que los controladores no hayan también desvinculado a Castro: en otro párrafo de la demanda, mientras se refiere a sus vínculos con el ya fallecido Jorge Valdivia -ex martillero que destapó las supuestas irregularidades tributarias y que falleció en julio-, el ex director de Penta sostiene que quien recibía las boletas de servicios de Valdivia "era Marcos Castro... que curiosamente a la fecha no ha sido desvinculado. La pregunta es ¿por qué?".

 ¿Despido o renuncia? Acusan simulación

Errores en la fechas de documentos y argumentos legales emitidos por Inversiones Penta III al momento de desvincular a Hugo Bravo, son los que sirven de fundamento a los abogados del ejecutivo para asegurar que las intenciones del procedimiento tenían por objeto convertirlo "en chivo expiatorio" de las hechos investigados por el Ministerio Público y de paso, hacerle perder sus derechos laborales.

Asimismo reclaman por el no pago de cotizaciones.

En la demanda se explica que el documento de declaración, transacción, recibo y finiquito tendría fecha 25 de julio de 2014 y en él se explica que la relación laboral se extendió entre el 3 de mayo de 2010 y el 14 de julio de este año.

No obstante, se preguntan, si así hubiere sido "por qué se le mintió descaradamente a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en los hechos esenciales informados en el mes de julio del año 2014, donde claramente se comunica que el denunciante (Bravo) habría renunciado a los directorios, hechos que claramente jamás acontecieron en los días informados".

De acuerdo a la demanda, Penta para dar por concluida la relación laboral con Bravo "se valió de una serie de artilugios previamente ideados, planificados y desarrollados tendientes a obtener con dichas conductas una abierta lesión a los derechos fundamentales" de Hugo Bravo.

Por eso alegan como figuras nulidad de despido, despido injustificado, subterfugio laboral y daño moral.

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