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Insulza y el acuerdo con Longueira: "La ley de financiamiento de campañas tuvo fallas y ojalá se corrijan"

En medio del caso Penta, dice que se deben modificar las normas del acuerdo del 2003.

por:  Phillip Durán
viernes, 03 de octubre de 2014

"Diez años, meses más, meses menos", dice José Miguel Insulza, cuando recuerda la aprobación de varias leyes -entre ellas las primeras que regulaban el financiamiento y gasto de campañas políticas- fruto del acuerdo de modernización del Estado que en 2003 selló, como ministro del Interior de Ricardo Lagos, con el entonces presidente de la UDI, Pablo Longueira, y que puso término a la crisis política que significó el caso MOP-Gate.

El plazo es extenso, pero el actual secretario general de la OEA rememora dicha negociación a la luz de la polémica por la investigación de la Fiscalía sobre eventuales aportes irregulares del grupo Penta a candidaturas. Entre los mencionados en la investigación están postulantes de la UDI. Insulza se adelanta: "no voy a juzgar a nadie", dice. Y sólo accede a analizar cuán efectivas terminaron siendo las normas acordadas en 2003: aunque "orgulloso" de la negociación, admite que varios temas críticos quedaron fuera y que "llegó el momento de modificar la ley".

"Primero, hay que hacer una distinción: si es que se hizo algo fuera de la ley. Por ejemplo, este asunto de las facturas. Ese era un procedimiento que, me dicen, ocurría cuando no había ninguna ley sobre la materia. Estaba convencido de que con los procedimientos nuevos eso se había terminado. Y habrá que ver eso judicialmente. Sin embargo, en cuanto a lo que está dentro de la ley, un tema central es lo de las donaciones reservadas".

-¿Eso se discutió el 2003?

-Es algo que se discutió muy a fondo. Cuando se dictó la ley, se discutió primero si correspondía que donaran las empresas. Habíamos muchos que pensábamos que era el momento de decir que las personas jurídicas no hacían donaciones, sino que eran las personas naturales. Desgraciadamente, primó la idea de mantener la donación de empresas. Confieso que eso fue parte de la negociación, yo lo acepté y no estoy diciendo que la derecha o alguien haya dicho una u otra cosa, era un asunto mezclado: de ambas partes había la idea de que la donación de las empresas había que mantenerla y creo que es una falla que la ley tuvo y ojalá se corrija.

-¿El tema de los aportes reservados, también se discutió?

-Sí. Primero, (en la ley) hay un límite en que se puede donar. Ahora, dentro de ese límite se decía: si una persona dona mucho dinero y Juan Pérez donó tanto a Carlos González, eso crea un vínculo que no es sano. Entonces, se decidió eso de la donación privada, que se suponía que no se sabía. Pero creo que eso francamente hay que volver a evaluarlo, porque es claro que las personas saben quién les está dando la plata y, lo que es peor, no se sabe quién está dando dinero para campañas y de qué manera.

-Las dos cosas, tanto los aportes reservados como la prohibición de donar para las empresas, quedaron fuera del acuerdo porque...

-Había que poner una norma que dijera que las empresas no podían donar y no hubo acuerdo para eso. Ahora, el tema de la donación privada fue largamente argumentado. Yo por lo menos creo recordar que varios dijeron- o dijimos- que sí podía haber esas donaciones privadas, pero en montos inferiores. O sea, si va a donar $10 mil, no tiene para qué registrarlos. Pero el argumento fue precisamente en contrario: el problema era evitar que grandes donantes pudieran condicionar a los elegidos sobre la base de recordarles la cantidad de plata que les dieron. Ahora, pienso que eso lo van a saber igual... Creo que lo mejor sería que haya un registro, para verificar, o que sea privado y permita al Servel verificar si el monto estuvo dentro de los límites.

"Revisar la ley"

-¿Que ambos temas quedaran fuera fue condición para viabilizar el resto del acuerdo?

-Es que a todos nos interesaba que hubiera una ley que diera transparencia. Que pusiera límites a cuánto se podía gastar por elector. Que creara mecanismos de financiamiento público, mínimo. Que hubiera registros, cuentas de los candidatos, cuentas bancarias abiertas para cada campaña... Eso no existía. Se puede discutir sobre ello porque ahora existe. Ahora, quiero decirle otra cosa: esta ley se dictó hace diez años, meses más, meses menos. Yo dije en esa ocasión, no sé si está registrado pero recuerdo haberlo dicho claramente, que esta ley iba a durar dos o tres elecciones y después íbamos a ver los problemas que había y tendríamos que revisar. Por lo tanto, para mí lo que está en juego ahora -más allá de la disputa política, en la que no me voy a meter- es que revisemos la ley, veamos cómo la hacemos más transparente.

-¿No es un tema de que no se esté aplicando de manera correcta la ley, sino que debe ser modificada?

-Yo creo que habría que ajustar la legislación para asegurarse eso de que el candidato sabe quién le da... Sobre todo cuando son candidaturas parlamentarias, en que una donación importante puede hacer toda la diferencia. Pero lo principal más allá de estas dos o tres cosas que he mencionado, es que el Servel tiene que tener los recursos para revisar la contabilidad de las campañas. Esta obligación de revisar el financiamiento es un peso muy fuerte sobre una institución que tiene que tener los contadores, auditores, personas que conocen eso, para que revisen efectivamente. No hay suficientes recursos para seguir el rastro de los dineros.

-En ese diagnóstico coinciden varios. Pero se formula en tono de crítica al acuerdo de 2003...

-Y no cuestiono eso. Hay que ver si quedaron vacíos, limitaciones, pues que se corrijan. Lo importante fue que hace diez años por primera vez existió la normativa. Estamos muy orgullosos de haber dictado la ley y, repito, dije cuando se aprobó que iba a durar cierto tiempo. Que ahora la critiquen, enhorabuena; eso sí, que la modifiquen.

 
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