Pero el diputado PS Fidel Espinoza (PS) dice que "hubo error en su nominación".
Galilea era intendente de la X Región durante la erupción.
Foto ALFONSO DIAZ
Llamados a no condenarlo precipitadamente, el anuncio de una moción parlamentaria para cambiar la ley, emplazamientos para que presente su renuncia y un apoyo cerrado por parte del PPD... son parte de las reacciones que genera en el mundo político la divulgación de un informe interno de Contraloría, que recomienda condenar administrativamente al subsecretario de Obras Públicas Sergio Galilea (PPD) al pago de $ 813 millones por su supuesta responsabilidad como ex intendente en la entrega de bonos a damnificados por la erupción del volcán Chaitén (X Región).
Las irregularidades -entre la que se cuentan beneficios para fallecidos- ocurrieron entre 2008 y 2010, respecto de las cuales Galilea se declara totalmente inocente, señalando además que, para manejar la emergencia, el primer gobierno de Bachelet nombró una "delegada presidencial": la jefa de gabinete de la Mandataria, Paula Narváez, quien se encuentra con licencia por parto. El subsecretario aclara, eso sí, que cree que la actuación de Narváez fue proba.
Pero el informe de la fiscal de Contraloría concluye que sólo a él y a otros tres funcionarios de su dependencia les correspondería devolver el dinero a las arcas fiscales, si es que así lo determina el tribunal administrativo y descarta responsabilidades de la ex delegada presidencial.
La jueza de primera instancia, Patricia Arriagada, estaría pronta a resolver.
Asegurando que el ex intendente cumplió de manera destacada su gestión, el presidente del PPD, Jaime Quintana, dice que en la persecución en contra de su correligionario "hay un aprovechamiento político de algunos sectores del gobierno anterior, que reabrieron una investigación cerrada".
-La reabrió Contraloría.
-Pero por petición de parte de personeros del gobierno anterior.
-¿Contraloría es permeable al poder político?
-No, pero cualquier autoridad administrativa puede pedir que se investigue.
Espinoza (PS): "El gobierno no puede hacer vista gorda"
"El gobierno no puede hacer vista gorda, tiene que tomar cartas en el asunto. Hay un error político de quienes definieron su nominación como subsecretario", dice en tanto el diputado PS por Puerto Montt, Fidel Espinoza.
"Cuando se estaban nombrando las autoridades para asumir el gobierno, hubo personas que quedaron en el camino por situaciones mucho menores... Esto demuestra que para acceder al gobierno imperan privilegios", agrega.
Espinoza concluye afirmando que presentará un proyecto de ley para dotar de "responsabilidades administrativas" a los delegados presidenciales, pues "Galilea tiene razón cuando involucra a Paula Narváez. Llegó con amplias atribuciones y el gran error de él fue confiar extremadamente en ella, que hacía los listados de beneficiarios a su pinta" .
"La permanencia del subsecretario Galilea en el cargo se hace insostenible. No es posible que haya faltado a la verdad cuando fue nombrado, diciendo públicamente que desconocía tener juicios pendientes", asegura tajante el jefe de bancada de RN, Nicolás Monckeberg.
"No es creíble que no había nadie con mejores antecedentes para asumir una Subsecretaría importante", añade.
Monckeberg dice no ser partidario de esperar el veredicto, pues "esto no es una multa, sino dineros que tendría que devolver un eventual condenado producto de una mala administración; producto de supuestas irregularidades".
A su juicio, "los nombramientos de delegados presidenciales para temas delicados pueden terminar por generar impunidad".
También en la oposición, el jefe de bancada de los diputados UDI, Felipe Ward, pide que "se aplique la doctrina Lagos, es decir, que las instituciones funcionen", pero también solicita que "el gobierno aclare esta situación".
Los dos senadores de la zona, el socialista Rabrindranath Quinteros y el UDI Iván Moreira, confían en la honradez de Sergio Galilea, negando la posibilidad de que haya obtenido beneficios personales, aunque no descartan que sea el responsable pecuniario de las irregularidades.
"Lo conozco hace tiempo, sé que es correctísimo, que se ha desvivido en beneficio de la región. Es oriundo de Puerto Montt y trató de hacer lo mejor. Gracias a su gestión, más de 3 mil personas fueron evacuadas en menos de 24 horas", recuerda Quinteros.
No obstante, agrega que "la gente se acostumbra a recibir bonos por cualquier contingencia y muchos no nos explicábamos por qué se pagaba a quienes seguían trabajando. Lo lamento profundamente por él, porque lo estimo mucho y para un intendente es difícil estar al tanto de todo", sentencia.
Para Iván Moreira "el ex intendente tiene que responder por estas faltas administrativas, pero tiene derecho a apelar si el fallo es adverso. Además, no creo que haya corrupción, pero sí demasiado abuso de algunos beneficiados".
El senador UDI descarta pedirle públicamente la renuncia. "Ocupa un cargo de confianza de la Presidenta y tiene el derecho a defenderse", concluye.
