Aunque en Palacio existe conciencia de que la reforma educacional y el cambio a la ANI presentarán problemas, se aseguró que la Presidenta culminará de buena forma el 2014.
Con la publicación de la reforma tributaria en el Diario Oficial, la Presidenta Michelle Bachelet se habrá anotado el primer logro de su segunda administración.
Y pese a que la Mandataria se había propuesto como meta para este primer año avanzar también en otras dos grandes reformas, educación y laboral, a raíz del atentado ocurrido en el Metro de Escuela Militar debió incorporar una nueva enmienda a su agenda: cambios a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). A lo cual se suma la discusión de su primera ley de presupuesto, proyecto que ingresará la próxima semana al Congreso.
En este trimestre recargado, La Moneda ya hizo su evaluación del grado de complejidad que deberá sortear en estos cuatro frentes. El diagnóstico, de acuerdo a fuentes de Palacio, es que el debate presupuestario sería menos conflictivo que otros años y las fichas están en su carácter pro inversión. Y aunque la misma percepción existe respecto a las reformas laborales, entre parlamentarios oficialistas se advierte que está por verse si el carácter morigerado de la enmienda será tolerado sin levantar fuertes tensiones. Donde sí hay declarada inquietud en La Moneda es en educación y seguridad, por las diferencias al interior de la Nueva Mayoría.
La disminuida presencia de la derecha en el Congreso -sólo diez de los 26 integrantes de la Comisión Mixta de Presupuestos son de la Alianza- anticipa que la oposición no será un actor gravitante en la discusión que parte la próxima semana. A ello se suma que, al igual que en la reforma tributaria, este proyecto de ley requiere mayoría simple (los presentes al momento de votar), lo que reduce aún más su margen de acción.
Y aunque muchos apuestan a que sería una discusión menos compleja que otros años -"no hay un Transantiago a la vista", comentó un senador- esta no promete ser una "taza de leche" por el malestar que se ha incubado en ciertos círculos de la Nueva Mayoría que probablemente se traducirán en algunas turbulencias. Y, en ese sentido, una vez más los ojos estarán puestos en la DC, protagonista del debate impositivo.
Un primer factor de desencanto en el oficialismo se relaciona con la poca información que ha compartido el ministro Alberto Arenas sobre el diseño presupuestario, donde sólo se conoce en líneas generales su carácter "contracíciclo y crecedor", pero sin mayores detalles respecto a sus parámetros básicos y énfasis.
Un destacado senador de la Mixta advierte además que no hay claridad si el Presupuesto priorizará la inversión o el gasto social, o sea los estímulos económicos o la protección social, un dilema que divide a los parlamentarios. "¿Qué tiene más efecto multiplicador? Falta que el Gobierno dé una voz clara", según la fuente.
En este contexto, y considerando que algunos en el oficialismo plantean que la recaudación tributaria se destine a otros fines mientras no esté vigente la reforma educacional, la Alianza optó por reforzar su rol fiscalizador para que los dineros vayan a "educación, infraestructura de Salud y mayor ahorro fiscal para mayor equilibrio de las cuentas fiscales". También abogará por mayor transparencia; y que si el gasto público crece 8%, "sea sobre la ley de presupuestos de este año y no con una sobreejecución", ya que les inquieta el efecto inflacionario.
La próxima semana podría ser crucial en el tema laboral, porque, según trascendió la Presidenta Bachelet resolverá si el proyecto incorporará las demandas más sentidas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como el fin del reemplazo en la huelga.
Altas fuentes de Gobierno señalan que antes de tomar la decisión, la Mandataria tiene contemplado reunirse en La Moneda con la ministra Javiera Blanco, quien ha sido fiel defensora de las iniciativas de los trabajadores. Sin embargo, un inquilino de Palacio adelantó que si bien Bachelet cumplirá su palabra de enviar la reforma al Congreso durante este trimestre, no contendría los principales tópicos solicitados por la CUT, el PC y el presidente del PS, Osvaldo Andrade, quien ha presionado para que el Ejecutivo la presente prontamente al Parlamento.
De hecho, algunos legisladores de la Nueva Mayoría confidenciaron que el propio ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ya les adelantó que el proyecto "será más aguado" de lo que esperan las tiendas de izquierda.
Con todo, el análisis de La Moneda es que, más allá de que el proyecto no "dejará contentos" a todos los sectores, el tema no representa un problema para el Gobierno, porque lo que se buscará resaltar es que la Presidenta cumplió su palabra, la que comprometió en campaña cuando dijo que durante su administración se pondría en marcha una reforma para mejorar la condición de los trabajadores. De hecho, desde Palacio se recordó que la minuta firmada por Hacienda no explicita los temas que la CUT ha dicho que debe tener el proyecto.
En La Moneda se reconoce que la idea del Gobierno de incorporar agentes operativos en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) es compleja y dividirá aguas en la Nueva Mayoría.
Hay plena conciencia de que el tema es resistido por varios parlamentarios oficialistas, pero especialmente por el Partido Comunista, tienda a la cual, se dice en La Moneda, ya se le han pedido varios gestos (como en la reforma tributaria) y en la práctica no se quiere "sobregirar" la cuenta para no tensionar al bloque. El diputado PC y miembro de la comisión de Inteligencia de la Cámara, Daniel Núñez, aseguró que para su bancada sería muy difícil votar a favor: "Entiendo que debe tener un rol de análisis de información, pero debe estar lejana a la operación en terreno y a involucrarse en temas como puede ser infiltrar determinadas organizaciones. Eso no corresponde y estamos conversando en la bancada rechazar que la ANI tenga agentes encubiertos".
En todo caso, una fuente de Palacio señaló que más allá de los resquemores que los agentes encubiertos pueden provocar en el ala de izquierda del bloque, la Presidenta ha confidenciado en privado una frase categórica: "no tengo trancas del pasado". Y que esto fue interpretado entre sus asesores como su apoyo a poner en marcha la iniciativa propuesta por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y el director de la ANI, Gustavo Villalobos.
Otro factor analizado por el Gobierno es que la propuesta provoca resistencia en Carabineros, porque -trascendió- la institución no ve con buenos ojos que la ANI cuente con una "policía política".
Todos la han definido como "la madre de todas las reformas" y el inicio de su trámite en la Cámara de Diputados ha ratificado lo conflictiva y políticamente compleja que se preveía. La primera iniciativa de la reforma educacional -que busca poner fin al lucro, la selección y el copago- fue bombardeada por ex ministros, parte de la DC, la Iglesia y los sostenedores privados, además de movilizar a los padres de colegios subvencionados. "Nos pilló mal parados", resumió el senador Carlos Montes (PS).
La situación llevó al ministro Eyzaguirre a reformular el proyecto a través de numerosas indicaciones -"prácticamente un proyecto nuevo", dijo Ignacio Walker (DC), ufanándose de la influencia de su partido en ello-, pero no impidió que los parlamentarios de la Nueva Mayoría plantearan también sus proposiciones, que sumadas a otras tantas de la Alianza y de la bancada estudiantil (que patrocinó las de la Confech) conformaron una avalancha que prometía dilatar la tramitación, pese a la suma urgencia. El Ejecutivo se ha desgastado tratando vanamente de persuadir a sus huestes de retirar las indicaciones -la diputada DC Yasna Provoste se negó terminantemente-, mientras los diputados aliancistas exigen debatir cada una de las suyas pese a que serán rechazadas, dilatando con ello el proceso y exasperando al presidente de la comisión, el DC Mario Venegas, el único verdadero aliado de Eyzaguirre.
Sin embargo, con todas las dificultades que la iniciativa ha enfrentado en la Cámara, es probable que allí finalmente se logre aprobar un texto dentro de márgenes aceptables para La Moneda, pero es en el Senado donde las cosas se prevén aún más complejas. En la Comisión de Educación, los senadores Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD) procurarán defender el texto que salga de la Cámara "poniendo un cerco" -según advierte uno de ellos- a los cambios que busque introducirle el presidente de la DC, Ignacio Walker, quien probablemente contará con el apoyo táctico de Andrés Allamand (RN).
