El parlamentario insistió en que “lo más grave sigue siendo que el proyecto no apunta al fondo del problema que es la calidad de la educación que se imparte y mientras eso no se subsane, este seguirá siendo un mal proyecto, distante de lo que realmente demanda la ciudadanía”.
“Las indicaciones propuestas por el gobierno al proyecto de reforma educacional generan más incertidumbres y no apuntan a resolver los problemas de fondo”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez.
El parlamentario sostuvo que, “las indicaciones si bien matizan algunos aspectos como la adquisición de inmuebles y el congelamiento del copago en la transición, no corrigen los problemas de fondo ya que sigue sin hacer referencia a los temas que más importan a la ciudadanía, en particular los relacionados con la calidad, lo que explica la baja en la adhesión de la ciudadanía a esta reforma, rechazada por el 47% de la población según la encuesta Adimark de agosto”.
Pérez agregó que lo anterior se suma el nuevo informe financiero del proyecto de ley establece que el gasto estimado en régimen es de US$ 1.300 millones al año, sólo por concepto de aporte de gratuidad, SEP y descuento del copago, casi US$ 300 millones más que el proyecto original. “El problema es que se elimina la estimación del costo anual que implicará la compra de establecimientos por parte del Estado en caso que los sostenedores decidan vender, lo que provoca incertidumbre en cuanto al financiamiento de la reforma”.
Más aún, dijo el senador de la UDI, “el proyecto señala que esa definición quedará sujeta a la Ley de Presupuesto de cada año, lo que abre un importante espacio de ambigüedad”. Todo lo anterior, sin perjuicio de las objeciones constitucionales que pueden hacerse a la facultad de comprar por parte del Estado.
El parlamentario insistió en que “lo más grave sigue siendo que el proyecto no apunta al fondo del problema que es la calidad de la educación que se imparte y mientras eso no se subsane, este seguirá siendo un mal proyecto, distante de lo que realmente demanda la ciudadanía”.
En este sentido, si bien hay un aumento en los aportes que entrega el Estado al sistema educacional, lo que viene en línea respecto a la política del gobierno del Presidente Piñera, “los recursos siguen siendo insuficientes, con mayor razón si se elimina el financiamiento compartido”.
En los países OECD, dijo el parlamentario, el gasto promedio por estudiante de educación primaria alcanza el 23% del PIB per cápita, por lo tanto en Chile el gasto promedio anual para ser equivalente debiese alcanzar los US$3.600, es decir, en torno a $200 mil mensuales por alumno. “Sin embargo, con la reforma, la subvención promedio de un alumno prioritario será de cerca de $107 mil, la de un alumno preferente de clase media será de $82 mil, y la de un alumno no preferente, es decir, de los pertenecientes al quintil más alto de ingresos, será de sólo $63 mil, cifras totalmente insuficientes y que no podrán ser suplementadas por los padres”.
Por todo lo anterior, el senador dijo que “esta es una reforma distante de las demandas ciudadanas, donde el gobierno está imponiendo una visión ideológica y que no resuelve los problemas de fondo”.
