Este mediodía el ministro del Interior recibía en su despacho de La Moneda a los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para detallarles la agenda legislativa del Gobierno con el fin de enfrentar el agravamiento de los atentados con bombas y la creciente sensación de inseguridad que ello ha generado en la población.

El encuentro constituye otro paso en la estrategia del Ejecutivo de enfrentar este flagelo en un marco de unidad y comprometiendo la voluntad de todos los sectores políticos. Sin embargo, hasta ahora ni el carácter de la agenda, ni mucho menos sus contenidos parecen suscitar acuerdo en el mundo parlamentario, según queda de manifiesto en las primeras aproximaciones que plantean algunos actores claves de ese ámbito que fueron consultados por La Segunda.

Las primeras definiciones anunciadas por La Moneda se orientan a perfeccionar instrumentos legales como la Ley Antiterrorista, la normativa que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley de Control de Armas y Explosivos. Dicha agenda no sólo reavivó el debate entre el oficialismo y la oposición; también delató diferencias al interior de la propia Nueva Mayoría.

Antes de acudir a la cita con el ministro Peñailillo, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gabriel Silber (DC), destacó que "nunca va a haber uniformidad de criterios en el aspecto normativo, pero hemos avanzado en visibilizar el tema y darle la mayor prioridad en la agenda legislativa".

En su opinión, "aquellos agoreros que querían acabar con la Ley Antiterrorista con los últimos atentados claramente ven derribada esa tesis y hoy las propuestas van justamente por el lado de modernizar nuestra legislación y tener una nueva institucionalidad de inteligencia, ya que la ANI a todas luces se nos quedó chica".

En lo específico, Silber postula que los cambios a la Ley Antiterrorista deben apuntar a objetivizar la definición de dicha conducta, establecer una graduación de penas y dotar de mejores herramientas investigativas a las policías y a los fiscales.

Otro punto de vista tiene el senador Alfonso de Urresti (PS), de la Comisión de Seguridad del Senado, quien considera que "no podemos caer en un frenesí legislativo y creer que por esa vía se solucionan este tipo de situaciones, ese no es el centro de la cuestión. Lo que se requiere es dotar de mayores recursos y más capacitación a la Agencia Nacional de Inteligencia y especializar a equipos en la Fiscalía para investigar este tipo de delitos, además de mejorar la coordinación y colaboración entre las policías".

Recelo en la oposición

En la Alianza, en tanto, el diputado Arturo Squella (UDI) subrayó que "estamos disponibles para avanzar en todo lo que signifique fortalecer la ley de conductas terroristas, pero en ningún caso para aprobar un proyecto que apunte únicamente a debilitarla. El Gobierno tiene que tener claro que no puede quedar bien con los observadores y comentaristas internacionales y al mismo tiempo con la demanda ciudadanía de mayor protección".

Para Gonzalo Fuenzalida (RN) Chile debe seguir el modelo español y dictar una ley de Seguridad Pública. "Dar más herramientas a las policías, como por ejemplo que puedan hacer control de identidad preventivo", afirmó, señalando que se debe combinar la seguridad de las personas con la libertad individual.