La dupla elaboró la estrategia política y comunicacional, neutralizando las críticas opositoras. A cargo de la agenda legislativa, enfrentará el complejo debate doctrinario en el oficialismo.
Eran cerca de las 18:00 horas del lunes en La Moneda y en el despacho del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, junto al ministro de dicha cartera, Rodrigo Peñailillo, se preparaba con detalle una estrategia política y comunicacional para hacer frente a la crisis tras el bombazo en el metro Escuela Militar y llamar a la tranquilidad.
En la cita estaban todas las autoridades que debían encabezar el despliegue: Además de los dos nombrados, el ministro de la Segegob, Álvaro Elizalde; el subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y el intendente Claudio Orrego.
Mientras, en el PPD se prendían las alarmas al interpretar que por primera vez el secretario de Estado se enfrentaba a un flanco de riesgo concreto. El tema fue analizado en la Comisión Política de la tienda ese día, donde se cuestionó el "poco apoyo" del gabinete político, aludiendo a Elizalde y Ximena Rincón (Segpres).
Durante la reunión de Interior se acordó pedir a las autoridades transmitir al menos cuatro conceptos muy claros: reforzar que se trató de un atentado "terrorista"; que el Gobierno aplicará "mano dura" invocando la Ley Antiterrorista; un llamado a la "unidad de todos los chilenos" y que es un "tema de Estado". Esto, en especial para enfrentar las críticas a esa hora incipientes de la Alianza, sector que comenzaba a denunciar un "abandono" del Gobierno en los temas de seguridad.
El énfasis fue evitar a toda costa que la derecha "utilizara" lo sucedido en su favor y el argumento, que la experiencia internacional indica que la forma más eficaz contra el terrorismo es conseguir la unidad de todos los sectores. Así, esa misma tarde Peñailillo decidió recibir al timonel UDI, Ernesto Silva.
En una segunda reunión se organizó el despliegue específico de cada ministro, y las nuevas medidas de seguridad en las estaciones de Metro y para el día 11.
Eso, mientras Peñailillo y el subsecretario preparaban en forma simultánea la cumbre de emergencia del comité policial -convocado esa noche- y el jefe jurídico de la cartera, Luis Correa Bluas, elaboraba la querella invocando la Ley Antiterrorista.
Punto común fue la ausencia de la ministra Segpres en esta intensa agenda. De hecho, fue quien representó a la Presidenta en un encuentro con la Iglesia Evangélica esa tarde.
Y aunque el miércoles fue Michelle Bachelet quien encabezó la cita con los representantes de los partidos, el diseño original era que lo hiciera Peñailillo, e Interior alcanzó a enviar un correo a la prensa afirmando que el secretario de Estado dirigiría un "encuentro de unidad".
De todas formas, la Mandataria instruyó a Peñailillo dar la declaración oficial tras la cita. Y junto a todos, el ministro afirmó que no sólo había respaldo para el envío de los proyectos, sino que además se había acordado "un compromiso muy importante de dar toda la celeridad necesaria" a los mismos.
Pese a que en la cartera el balance de la toma de decisiones fue positivo, porque se estima que lograron neutralizar las críticas opositoras, en el oficialismo enfatizan que el escenario que viene para Peñailillo y Aleuy a cargo de la próxima agenda legislativa de seguridad es altamente complejo. Esto, debido a las discrepancias doctrinarias existentes en los partidos de la Nueva Mayoría que se dejaron relucir la misma mañana del anuncio conjunto sobre el futuro contenido de las normas que contendrán el proyecto de ley antiterrorista y los cambios al sistema de inteligencia.
Ayer, Peñailillo convocó para el mediodía de hoy a la comisión de Seguridad de la Cámara, que encabeza Gabriel Silber (DC). Pues la estrategia de La Moneda irá por dos carriles: Diálogo inmediato con los parlamentarios y agenda comunicacional (Presidenta, Peñailillo y Aleuy) enfocada en buscar a los responsables del bombazo y esclarecer lo sucedido.
En este escenario, el 18 de septiembre el Gobierno espera recibir el informe de la comisión de expertos sobre la ley antiterrorista. Y una vez visado por Bachelet, el Ejecutivo lo enviaría a fines de mes. En octubre se presentará la iniciativa que modificará el sistema nacional de inteligencia.
Para la próxima semana, Aleuy tiene planificado convocar por lo menos en tres ocasiones al comité policial y un encuentro con la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal creada esta semana.