José Antonio Viera-Gallo (PS) propone una auditoría al sistema político, mientras Edmundo Eluchans (UDI) no cree necesario aumentar el número de diputados.
Una danza de números se observó esta semana en la comisión de Hacienda de la Cámara, al tramitarse el proyecto del Gobierno que sustituye el sistema electoral. El fin del binominal se votará en sala la próxima semana, para que después sea revisado en el Senado.
Un nuevo informe financiero del Ministerio de Hacienda -luego de que el primero sólo consignara escuetamente que la iniciativa legal no irroga mayor gasto fiscal, porque se financiaría con readecuaciones presupuestarias del Congreso- reconoció que el solo aumento de 120 a 135 diputados significa un desembolso adicional de $3.614 millones en 2019 por concepto de dietas, aunque insistió en que el costo debe imputarse a los fondos del Legislativo.
El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, reafirmó dicha cifra -advirtiendo que "es imposible obviarlo en la Ley de Presupuestos respectiva"- y sumó otros $5.982 millones de costo por concepto de asignaciones (para personal de apoyo, asesorías externas, gastos operacionales).
El funcionario recalcó que financiar con recursos propios el incremento de congresistas sólo se puede hacer con cargo a las asignaciones -las dietas no se pueden tocar porque, por mandato constitucional, tienen un correlato con la de los ministros- y detalló dos vías: "la lenta", suprimiendo o limitando los reajustes a partir de 2015, o "la violenta", un drástico recorte de $3 millones y medio a cada diputado en 2017.
Las afirmaciones del abogado y jefe de servicio contaban con el aval del presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, quien precisó en la misma instancia que "esta es la oportunidad para, de verdad y en serio, constituir a la brevedad posible un grupo que haga un estudio o informe que nos indique de qué manera esta Cámara puede abordar con rigor un plan de racionalización de nuestros gastos".
En la oportunidad se sugirió convocar a ex presidentes de la Cámara de Diputados para que colaboren en dicha tarea. "La Segunda" contactó a dos de ellos, a José Antonio Viera-Gallo (PS) y Edmundo Eluchans (UDI), quienes, por encima de sus diferencias ideológicas, entregan su mirada, en ciertos aspectos convergente.
Viera-Gallo presidió la Cámara desde la reinstalación del Congreso en 1990 y hasta 1993. Asegura que le tocó vivir "momentos bastante amargos, porque en la comisión de Régimen Interno se tomaron decisiones que no compartí, pero mi deber era llevarlas a la práctica" -habla de algunas asignaciones, pasajes aéreos para diputados de Santiago y ciertos criterios de viajes-, pero también destaca avances, como una auditoría de PriceWaterhouse que fue la base para el reordenamiento y regularización de las plantas de personal del Congreso.
"El gasto del Parlamento dentro del presupuesto nacional es ínfimo y por tanto esta discusión a mí me parece secundaria. Lo central es que el Congreso cumpla en plenitud sus funciones y que sea representativo de la sociedad chilena", dice.
Sin embargo, el también ex senador y ex ministro subraya que "ha llegado el momento de hacer una especie de auditoría de cuánto le cuesta la política al país y eso supone revisar los niveles de remuneraciones en todos los poderes del Estado. Dentro de eso es posible examinar también los ingresos de los parlamentarios y en ese marco tal vez sea posible reducir o racionalizar".
Viera-Gallo llama a abordar este tema con racionalidad y no como una guerrilla política. "Tal vez en algunos casos haya que reducir y en otros aumentar los recursos, pero el gasto en el Parlamento no es relevante en el presupuesto de la Nación".
A su juicio, "hubo en el pasado signos muy negativos en que el Parlamento incrementó sus asignaciones sin justificación y quienes hoy reclaman por el mayor costo de más parlamentarios las aprobaron también. En ese sentido creo que la creación del Consejo Resolutivo y el Comité de Auditoría fueron avances, pero son aún insuficientes, porque este comité no ha tenido la fuerza ni la autoridad para ejercer sus facultades de control".
Edmundo Eluchans fue parte de los cuatro diputados de la Alianza que encabezaron la corporación, en su caso el 2013, año en el que redujo el gasto interno en 3%. "Siempre se pueden hacer algunas economías", asegura.
En ese sentido pone de manifiesto que el Congreso en general exhibe un manejo eficiente y austero de dinero. Valora en ese marco la creación de entidades como el Consejo Resolutivo y el Comité de Auditoría, como parte del perfeccionamiento de los instrumentos de control y rendición de cuentas.
Pero ante la reforma del Gobierno al binominal, previene que "cuando se propone el aumento de 120 a 135 diputados y se plantea que ello no tendrá mayores costos, a mí me parece sencillamente imposible, no me parece serio. Los números son los números y estos no dan, hay que ser cuidadosos con el manejo de los recursos fiscales y sincerar las cifras".
Minoría en su partido, el abogado es desde hace tiempo partidario de reformar el sistema electoral, pero sin aumentar el número de congresistas. "La Cámara puede funcionar perfectamente bien con 120 diputados, basta con reducir el número de distritos y elegir 2, 4 o 6 por cada uno. Eso traerá mayor proporcionalidad y competencia, sin comprometer más desembolso fiscal", sostiene.
