Tras su evaluación, los comités de ética (del Senado o la Cámara) son los que deciden si se aplican o no sanciones.
Su atribución específica es fiscalizar los gastos de los parlamentarios. Para eso surgió hace tres años, en 2011, el Comité de Auditoría Parlamentaria, organismo encargado de la supervisión y el uso de las cuatro asignaciones que se entregan mensualmente a los 120 diputados y 38 senadores.
Con autonomía en sus operaciones, el organismo está compuesto por un abogado y dos contadores auditores -elegidos por sistema de Alta Dirección Pública- además de un equipo de apoyo de cuatro profesionales.
Un equipo pequeño para la titánica tarea de verificar el buen uso de los recursos fiscales en el Poder Legislativo y que se apliquen las normativas dictadas por el Consejo de Asignaciones Parlamentarias (que coordina el ex senador Sergio Páez).
Tras los hechos denunciados por "La Segunda", Eduardo Pérez, Bernardo Mateluna y Carlos Fuentes (los tres profesionales que integran el comité) accedieron a dar una entrevista. Es la primera vez que lo hacen. Y su intención es dejar en claro no sólo las atribuciones que tienen para fiscalizar sino también los límites con que se han encontrado en el camino.
"Nosotros somos un organismo independiente del Consejo de Asignaciones pero aplicamos las normas que ellos dictan", parte aclarando Eduardo Pérez, el coordinador del grupo.
Específicamente en materia de rendiciones de dineros entregados por conceptos de gastos operacionales, personal de apoyo, asesorías externas y pasajes aéreos.
Cada uno de esos ítems es auditado anualmente, pero en forma aleatoria dado que, por falta de recursos, no pueden someter al examen a todos los parlamentarios de una vez. Por eso se hace con muestras que sean estadísticamente válidas.
Como los diputados y senadores no rinden gastos a ellos, sino a sus respectivas corporaciones, el estudio que hacen parte por solicitar toda la documentación recabada a la Cámara o al Senado (según corresponda) y luego a los parlamentarios. Especialmente cuando hay reparos sobre alguna materia. Si pese a las explicaciones las dudas se mantienen, "pasamos los antecedentes a la comisión de ética de cada Corporación".
Son ellas, finalmente, las encargadas -según el mérito de los antecedentes- de determinar si corresponden sanciones o no.
"Somos un ente fiscalizador, pero no podemos sancionar", aclara Pérez. Por eso la mano blanda o la mano dura depende de la comisión de ética, no de este organismo que es técnico.
Pero no siempre su tarea es bien entendida por los honorables: "Se han dado casos en que algún parlamentario ha considerado que estamos interpretando la norma más allá y lo que hacen es formalizar una presentación al Consejo de Asignaciones que es quien debe pronunciarse sobre la materia", recuerda Bernardo Mateluna.
Seis veces ha pasado eso durante estos tres años.
Las experiencias han derivado en sugerencias para modificar el reglamento que norma su actuar: "Porque muchas veces no hay mala fe, sino un vacío", agrega Mateluna.
-¿Hay problemas de ignorancia de la normativa?
"Estamos cumpliendo tres años de trabajo y obviamente hay un cambio de estrategia. Teníamos un perfil más bajo, más técnico, pero eso también ha generado mucha desinformación en los medios y dentro del Congreso", indica Carlos Fuentes.
Y agrega: "Por eso se ha tratado de administrar con procesos de capacitación que han organizado las corporaciones y sobre las cuales hemos tenido participación. Sin ir más lejos, en el último periodo, tuvimos dos talleres grandes en la Cámara de Diputados. Uno sobre todo lo que es el aspecto normativo de las asignaciones donde participaron principalmente funcionarios, gente de contabilidad, etc. Y en marzo, un taller informativo con 90 personas, en su mayoría gente de apoyo parlamentario. No es el número total al cual hay que llegar pero es un avance".
En todo caso, advierte Fuentes, "aquí todos somos responsables de fiscalizar. El primer filtro debiera ser el mismo parlamentario, luego el personal de apoyo que ingresa los gastos al sistema; posteriormente la Corporación y al final nosotros como ente fiscalizador".
Otro de los inconvenientes que han advertido en este tiempo es la existencia de interpretaciones distintas de una misma norma.
"Todas las asignaciones son para cumplir la función parlamentaria, el problema es que esa función está definida en forma general, porque tiene dos ámbitos: el legislativo y el de representación popular. Y con eso se nos abrió el abanico porque es una función más bien política, pero según la norma hay recursos que están destinados a eso", indica Pérez.
Cada vez que aparecen malas interpretaciones, este comité sugiere cambios, para evitar futuras complicaciones. "No nos quedamos de brazos cruzados", resalta Fuentes.
Del área de asesorías externas han surgido la mayor parte de las sugerencias que presentaron en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias que actualmente evalúa estas propuestas.
Son en total 12 los puntos que les parece oportuno clarificar. Especialmente en materia de registros de asesores. La idea es que sean especializados y que el ítem no sirva para financiar personal de apoyo. Además en materia de informes plantean que se regule el contenido, indicando autor, destinatarios y que se indique si hay bibliografía para que se cite.
En materia de asesores presenciales, el planteamiento es que emitan minutas detalladas, que sus participaciones en comisiones queden en constancia en las actas.
"Necesitamos que la norma tenga más exigencias concretas para nosotros poder aplicarlas, porque nosotros no podemos interpretar la norma", dice Eduardo Pérez.
"Por ejemplo en las asesorías externas se habla de la calidad, pero nosotros no tenemos atribuciones para determinar la calidad. Podemos ver si se hizo o no, si existe el documento pero no calificarlo de si es bueno o malo, o si tiene el valor para pagar dos millones de pesos", agrega Pérez.
No obstante los inconvenientes, los profesionales reconocen que "la gran mayoría de los parlamentarios está por reforzar la fiscalización del sistema", indica Fuentes.
"Hay un abismo entre lo que era y lo que hay hoy en día" agrega Mateluna.
Y explica que antes a los diputados se les entregaban dineros directamente: "Se ha hecho un gran camino. Antes estaban obligados a rendir el 10% de lo que se les entregaba como asignación parlamentaria. Ahora están obligados a rendir más del 90%".
"Hoy casi no pasan recursos por las manos de los parlamentarios. Lo que sí hay es desorden", concluye.
2011 es el año en que comenzó a operar el ente fiscalizador12cambios proponen para aumentar control de las asignaciones Siete ex diputados se fueron sin responderLa experiencia del 2013El año pasado el Comité de Auditoría Parlamentaria, tras revisar documentos, emitieron 13 solicitudes de aclaración. De ellos siete no respondieron nunca porque en el intertanto se produjo la elección parlamentaria y se fueron del Congreso.
"Se les mandó correo y esperamos la respuesta. Nunca lo hicieron y luego cesaron en sus funciones. Algunos se fueron al extranjero y otros actividades, privadas. Al final, como no tenemos atribuciones para seguir fiscalizando todo quedó allí. No tenemos autoridad", relató Mateluna.
Por eso también piden cambios en el reglamento para tener la competencia de seguir solicitando explicaciones.
En el Senado se auditaron las asesorías de todos los comités parlamentarios. A todos se les solicitó aclaraciones al igual que a ocho senadores, entre los que también hay algunos que no volvieron. "En un caso se sigue trabajando pero a través de los representantes del comité", agrega Fuentes.
