Informe de Contraloría ya cuestionó al municipio.
Concejo municipal
Una dura discusión se anticipa para mañana en el concejo de Providencia, debido al cuestionamiento que hace la Alianza al pago de horas extras por un monto de $800 millones en el municipio que encabeza la alcaldesa Josefa Errázuriz.
Lo anterior luego de que el viernes llegara a las manos de la concejala Pilar Cruz (RN), un informe de la Contraloría, que indagó un monto sobre $200 millones, y que se generó a raíz de la solicitud de un privado que pidió guardar su identidad. En dicho informe se establece que en tres meses -octubre y noviembre de 2013 y enero de este año- se canceló más de $ 1.000 millones ($1.044.797.912) por el mencionado concepto y que hay pagos que no se encuentran suficientemente acreditados.
En lo específico, del monto total la Contraloría indagó $200 millones y detectó que en los registros manuales "había correcciones, letras ilegibles, marcación encima de otras, espacios en blanco, omisión de firmas..."; y que "no se verificó el cumplimiento del requisito relativo a tratarse de tareas impostergables...".
Sobre los decretos que autorizaron los pagos, el organismo señaló que "se observó extemporaneidad en la dictación de los mismos" y que hay trabajos no realizados correspondientes a horas diurnas y nocturnas.
A raíz de los cuestionamientos, se estableció la necesidad de devolver alrededor de $1 millón 300 mil. "Si bien esta cifra es baja en relación al total, es la primera vez que la municipalidad de Providencia tiene este tipo de escándalos", aseguró Pilar Cruz, quien se coordinará con los demás concejales de la Alianza -Iván Noguera, UDI; Pedro Lizana, RN; Manuel José Monckeberg (RN) y el independiente Rodrigo García Márquez-, para pedir "explicaciones" a la alcaldesa Errázuriz, y a la Contraloría que indague los $800 millones que no ha investigado en esos tres meses.
Pero eso no es todo. El abogado Marcelo Brunet, que asesora al grupo, informó que "como esto constituiría irregularidades de carácter administrativo, aparte de la devolución del dinero, creemos que también se debe generar un juicio de cuentas en la Contraloría para saber si ha habido buen o mal uso de los dineros".
A ello añadió que cabe investigar la responsabilidad administrativa de la alcaldesa, "y pudiésemos estar hablando de eventual notable abandono de deberes", porque a ella le corresponde velar por el control de esta clase de gastos. Más aún, "sobre la base de antecedentes que podamos reunir más adelante, podemos estudiar eventuales responsabilidades penales que pudieran haber derivado de estos hechos".
