Con dos años en tramitación en el Senado y una serie de modificaciones, el proyecto que pretende regular la convivencia de hecho de parejas hetero y homosexuales entró en una etapa de definiciones específicas. Mientras la Nueva Mayoría busca que se asemeje al matrimonio, la Alianza logró un triunfo circunstancia esta semana, al aprobar una indicación en el sentido contrario.
La discusión parlamentaria del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) en el Senado ha tenido hitos claves desde marzo de este año. Los senadores de la Comisión de Constitución han resuelto por votación mayoritaria tres indicaciones que, impulsadas por la Nueva Mayoría y de permanecer intactas en su esencia y ser despachado el proyecto en su totalidad, significan un cambio profundo en relación con la primera propuesta en torno a este tema, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera.
Celebrada por las organizaciones sociales, la propuesta aprobada de implementar el AVP no sólo para parejas homosexuales sino que también de distinto sexo que no tuvieran intención de casarse, partió por desmitificar un contrato que en sus inicios -de acuerdo al concepto planteada por la administración piñerista- era visto como excluyente y sólo para la comunidad gay.
El mismo efecto causó la posibilidad de que los convivientes legalicen su situación ante el Registro Civil, desechando la iniciativa original de efectuarla ante notario público como cualquier otro contrato. Es más, otra indicación aprobada establece que al instituir el acuerdo, la pareja obtiene un «estado civil» nuevo, con un nombre aún no determinado.
Todo esto ha despertado críticas de la oposición, desde donde sostienen que la Nueva Mayoría busca asemejar lo más posible el nuevo AVP al matrimonio. Pese incluso a que el programa de gobierno de Michelle Bachelet incluye enviar al Congreso un proyecto sobre matrimonio homosexual.
En ese contexto, el martes pasado el ministro secretario general de gobierno, Álvaro Elizalde, declaró la intención de La Moneda de presentar una indicación al proyecto para abordar la realidad de los hijos de estas parejas.
Las indicaciones mencionadas -que han cambiado el tono del proyecto- comenzaron a ser votadas el 4 de marzo, cuando se inició la discusión en particular del proyecto. En ese momento se inició la revisión de 157 indicaciones presentadas a la iniciativa, que provinieron de distintas organizaciones y sectores políticos.
Esto, luego de que el 7 de enero pasado la Cámara Alta aprobara con 28 votos a favor y 6 en contra la idea de legislar.
El Código Civil impide a parejas del mismo sexo optar al matrimonio, por lo tanto materias como el régimen patrimonial en caso de separación, situaciones previsionales, sucesión o herencia en caso de fallecimiento, hasta la custodia de los hijos biológicos de alguno de los miembros de la pareja, queda en completo suspenso y sujeto a una legislación que no los considera una familia y por tanto excluidos de derechos como tal. Por la misma norma se rigen aquellas parejas heterosexuales que por decisión mutua -basada en valores y creencias-, deciden no celebrar un matrimonio civil.
Son estas las razones por las cuales las organizaciones y fundaciones que defienden y promueven el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales-gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros- se encuentran atentos al debate que desde marzo se ha instalado en la Comisión de Constitución del Senado, compuesta por los parlamentarios Pedro Araya (IND) Alfonso De Urresti (PS), Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN) y Hernán Larraín (UDI).
Desde que el Presidente Sebastián Piñera, en agosto del 2011, firmó el mensaje y despachó al Congreso el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja se le criticó que la suscripción a este contrato girara en torno al interés, por parte de las parejas homosexuales, de regular sus bienes patrimoniales y de asegurar la herencia en el caso de que una de las partes falleciera.
"En el mensaje presidencial que acompaña el proyecto se da mucho énfasis en que esto no es una mera regulación patrimonial, sino que recoge el sentido de que hay un reconocimiento de otras formas de familia, pero eso no se expresa en la práctica del proyecto", expresó Rolando Jiménez, presidente del Movilh.
No obstante, la propuesta de Piñera se redactó en función de congeniar las voluntades e intereses de los personeros de la Alianza respecto a las minorías sexuales, en un contexto en que la coalición se encontraba dividida frente al tema. Todo luego de que el senador Andrés Allamand (RN), junto con el en ese entonces senador Andrés Chadwick (UDI) presentaran en 2010 un proyecto que buscaba reconocer jurídicamente a parejas del mismo y distinto sexo, bajo el denominado Acuerdo de Vida en Común.
Los detractores de esta iniciativa -en su mayoría de la UDI-criticaban que se quisiera instaurar una institución "paralela" al matrimonio civil. En ese sentido rechazaban que la nueva figura incluyera a parejas de distinto sexo siendo que éstas podían optar a un matrimonio. Además, Allamand proponía que este contrato se celebrara también en el Registro Civil, lo que asimilaba el AVC con la unión conyugal.
El proyecto de Piñera establecía la regulación de las convivencias de hecho sólo para las personas homosexuales y disponía que el contrato se efectuara ante notario público. Además, permitía a los contrayentes heredar sólo la mitad de los bienes de su pareja y siempre que la convivencia tuviera a lo menos la vigencia de un año. En cuanto a patrimonio se reducía la comunidad de bienes sólo a los muebles.
Tras la fusión de las iniciativas de Allamand y del Presidente Piñera, en enero del 2013 -bajo el nombre de AVP- hubo una serie de avances en la aprobación de indicaciones que modificaron la esencia del proyecto, tales como la propuesta de la entonces senadora Soledad Alvear (DC), que estableció un Estado Civil a la pareja una vez suscrita al AVP. Esto permitió acercarlo más a una regulación que no gira sólo en torno a un debate patrimonial y de herencia y marcó las bases de las futuras intervenciones de las organizaciones pro gay que buscan ampliar los beneficios del proyecto.
El mismo efecto causó la aprobación de propuestas que le atribuían competencias a los Tribunales de Familia en causas del AVP y que incluían a los bienes muebles e inmuebles a la comunidad de bienes de la pareja.
El martes, sin embargo, el gobierno sufrió un traspié en la comisión: debido a la ausencia de los senadores De Urresti y Araya, la Alianza logró aprobar una indicación que establece que el término del AVP debe ser notificado a través de carta certificada y no de manera personal, como ocurre en el matrimonio, con las situaciones de divorcio.
En el oficialismo dicen, en todo caso, que aún restan semanas de debate y que repondrá la idea de que la notificación sea personal, en línea con dar «dignidad" al AVP y diferenciarlo del resto de los contratos establecidos en la ley.
-¿Cuáles han sido las mayores discrepancias?
-Que se pretenda incorporar al AVP a parejas de distinto sexo, siendo que cuando éstas quieren una relación estructurada y duradera en el tiempo tienen el matrimonio. Este además puede generar hijos y por lo tanto tiene una institucionalidad jurídica propia y específica distinta al AVP de personas del mismo sexo. Eso a mi juicio es un error. Otro aspecto controvertido es el estado civil. Que las parejas de distinto sexo puedan tener el estado civil de casados o de conviviente legal, o como se llame, es una confusión innecesaria. Si los gays quieren tener un estado civil dejemos que el AVP sea sólo para ellos. El debate profundo ha sido: seguir el modelo alemán, de sólo AVP para el mismo sexo, o el modelo francés, con AVP para parejas del mismo y distinto sexo.
-¿Con los cambios introducidos al proyecto el AVP se asemejará al matrimonio?
-Se trata de relaciones de naturaleza jurídica distinta que tienen normas parecidas, pero no se pueden asimilar. Ahora, si existiera matrimonio igualitario estoy seguro que las parejas gay no se suscribirían al AVP.
-¿Cree que el AVP es el paso final?
-Para mi es un paso final, pero cualquiera sea el contenido del AVP quienes quieren el matrimonio igualitario van a insistir en esto. Pienso que eso no corresponde y no para evitar el matrimonio sino para regular un vacío jurídico.
-¿Qué avances destacaría en la tramitación del proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja?
-El AVP se ha establecido claramente como una figura aplicable tanto a parejas del mismo como de distinto sexo. Además, se ha generado un consenso claro de establecer un nuevo estado civil y en su formalización ante el Registro Civil, igual que otros contratos como el matrimonio.
-¿Este AVP no se asemeja en demasía al matrimonio?
-En la discusión de los temas sucesorios o de herencia uno nota que se está confluyendo en un régimen con muchas similitudes, con estado civil y un conjunto de derechos, por lo mismo ha sido un paso razonable aprobar primero un AVP y luego entrar a fondo en una ley de matrimonio igualitario.
-¿Si existiera matrimonio igualitario las parejas homosexuales usarían al AVP?
-Cada ciudadano que se quiera emparejar verá en su momento qué es lo más adecuado según sus convicciones y creencias. Cuando se consagran derechos hay que ponerse en todas las alternativas.
-¿Este es un primer paso para avanzar a un matrimonio igualitario?
-Sí, soy partidario del mismo y quiero escuchar las propuestas de la comisión. A veces me llama la atención que la, al menos algunas organizaciones que defienden los derechos homosexuales, no miren en perspectiva esta tramitación.
